Del total, 21 beneficios habían sido entregados durante el gobierno de Boric y seis en el de Piñera.
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El oficio con requerimiento de información fue entregado en una reunión entre la PDI y el jefe de gabinete del Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Además, los parlamentarios le solicitaron al Consejo para la Transparencia “fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones relativas a transparencia en la función pública".
El ministro de Justicia, Luis Cordero, abordó la investigación abierta por el fiscal nacional, Ángel Valencia, y dijo que al gobierno le parece “correcto, sobre todo cuando hay decisiones públicas y recursos públicos comprometidos”.
El fiscal designado para la indagación señaló que ya comenzaron con las diligencias "destinadas al esclarecimiento de estos hechos".
El Jefe de Estado respondió desde Chiloé sobre los beneficios entregados en el marco del estallido social a personas con antecedentes penales, asegurando -como ya había adelantado el ministro de Justicia, Luis Cordero- que quienes hayan sufrido pérdida del globo ocular “tienen el derecho también a ser reparados”, a pesar de que hayan cometido delitos.
Pese a respaldar la iniciativa -que fue aprobada durante el gobierno de Sebastián Piñera-, el legislador reconoció que hubo pensiones mal otorgadas y llamó a revisarlas. “Puede haber alguien que se aprovechara de un beneficio, por eso se analiza caso a caso y no se descalifica algo tan básico y humano como es entregarle una mínima reparación a quienes se han visto incapacitados de por vida”, defendió.
En el comité político ampliado de este lunes se informó que están trabajando en una iniciativa, luego de que hace unos días la Comisión de Desarrollo Social rechazara sus indicaciones en la materia. Además -sin aludir directamente a la crisis- se respaldó el trabajo del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, en seguridad.
La profesional defendió las labores realizadas por el organismo e insistió en que siempre marcaron que no cumplían con los estándares internacionales para funcionar como comisión calificadora de víctimas.
Las parlamentarias aseguran que la arremetida judicial "va contra las personas que resulten responsables”, dado que “se está iniciando ya una investigación al respecto".
El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, salió a responder las críticas al otorgamiento de pensiones en el marco del estallido social, señalando que existía otro informe del ente contralor que calificó de "mortal". Ese documento puso el foco en las pensiones otorgadas en el gobierno de Piñera a las viudas de los trabajadores del carbón, beneficio que era promovido por el propio Monsalve.
"Si una persona tiene un prontuario, ha cometido un delito, enfrentó a la justicia, asumió la consecuencia del castigo que definió la justicia respecto a su conducta delictual, no tiene por qué tener una falta de protección”, aseguró Lautaro Carmona.
El timonel de la UDI sostuvo que "ninguna política antidelincuencia, nada de lo que hagamos nosotros en el Congreso puede revertir la legitimación de la violencia que ha hecho con estas decisiones el gobierno y el INDH”.
El subsecretario del Interior sostuvo que sería "bueno" que tal informe se leyera "para que veamos en qué situación encontró este gobierno cuando asumió el funcionamiento del Departamento de Acción Social y de la entrega de pensiones de gracia".
Desde el gremialismo anuncian un conjunto de acciones con respecto a las cuestionadas pensiones de gracia otorgadas por el gobierno. Entre ellas destacan la creación de una nueva comisión investigadora, citar al ministro Marcel a la comisión de Hacienda y votar proyectos que prohíban otorgar este beneficio a personas con antecedentes penales.
