La titular de Interior dijo hoy que se revocarán 25 de los beneficios otorgados y que otros casos continúan en revisión. Desde el gremialismo y RN, han comentado que se debería dejar sin efecto el beneficio en una mayor cantidad de casos. Incluso, un proyecto presentado en la Cámara de Diputadas y Diputados busca que ello sea discutido la próxima semana y no en marzo.
Junto con ello, la ministra vocera explicó como se otorgaron los beneficios y que los parámetros son los mismos que se han utilizado con anterioridad.
El jefe del Ministerio Público se refirió a las hipótesis que se manejan a raíz de la indagatoria abierta a raíz de la auditoría del ente contralor, cuyas conclusiones arrojaron que la información que se exigía para otorgar el beneficio no era validada y que en algunos casos los pensionados ya recibían otros beneficios.
El oficio lapidó la petición de reevalución del sumario hecha por el INDH. En el documento, Contraloría corroboró que el INDH debía acreditar las víctimas de violaciones a los derechos humanos, y no solo eso, desechó la defensa del organismo que argumentaba que esto escapaba de sus facultades, ya que aseguró que contaban con “la posibilidad de requerir información, documentación o certificaciones a otras entidades -públicas o privadas- que le hayan brindado a los peticionarios atención médica, jurídica o de otra índole, que sea útil para esos fines, lo que no ocurrió”.
Los parlamentarios Juan Antonio Coloma, Henry Leal y Marlene Pérez presentaron el oficio para que el Ministerio Publico evalúe la arista de una "obtención fraudulenta de prestaciones sociales" en el marco de las pensiones de gracia otorgadas por el "estallido social".
En una entrevista televisiva, el parlamentario aseguró que desde la oposición no tolerarán "que esto no termine con alguien abandonando su cargo o pidiéndole la renuncia a alguien que tuvo la responsabilidad de tomar decisiones en estos casos".
En septiembre de 2022 el INDH le advirtió al gobierno que no podían seguir acreditando pensiones. Nunca hubo respuesta. Adicionalmente, surgieron críticas por el informe de la Contraloría que La Moneda mantuvo en reserva y que revelaba desprolijidades en la entrega del beneficio.
Entre los 58 beneficiarios de pensiones de gracia tras el estallido social que tienen antecedentes penales, según detectó Contraloría, destacan el caso de un hombre de Valdivia, que el año 2009 abusó de una niña de seis años. Y el de un joven de Chillán, que el 2018 grabó desnuda a una menor de 17 años, cuya pensión ya fue revocada por el Presidente Boric. Además, existe un beneficiario con nueve condenas por delitos reiterados y otros por intento de robo de altas sumas de dinero.
La acción fue presentada por la diputada Paula Labra (ind-RN), quien afirmó que se necesita "transparentar" la militancia de los 270 beneficiados en este gobierno y que así "sepamos si estos son pagos políticos a la mal llamada ‘primera línea’".
El exvocero del gobierno de Sebastián Piñera, además, planteó que las otras pensiones otorgadas en el marco del estallido social “se vuelvan a revisar completamente”, para que “no hayan falsos empates”. Esto, luego que la portavoz Camila Vallejo aseguró que las irregularidades en el entrega de estos beneficios “son responsabilidad del gobierno anterior”.
La directora del organismo, Consuelo Contreras, le informó al Mandatario que no contaban "con las capacidades técnicas ni expertise en la materia para poder acreditar" los daños que sufrieron los presuntos afectados en el marco del estallido social. Además, acusó que "la inclusión de nuevas funciones (...) representa un riesgo para la autonomía del Instituto, toda vez que impone obligaciones no establecidas por la ley que le rige”.
La ministra afirmó que ha sido un error que se entregue financiamiento permanente a personas con antecedentes penales de alta connotación social, sin embargo indicó que esto "no es un acto administrativo que hizo nuestro gobierno”.
Entre los 58 beneficiarios de pensiones de gracia tras el estallido social que tienen antecedentes penales, según detectó Contraloría, destacan dos casos de delitos violentos y de alta connotación pública. El de un hombre de Valdivia que el año 2009 abusó de una niña de seis años, y el de un joven de Chillán, que el 2018 grabó desnuda a una menor de 17 años. En este último caso, el Presidente Boric ya firmó el decreto para revocar el beneficio.
Pese a que el informe del ente fiscalizador en que se exponían las desprolijidades en el otorgamiento del beneficio es del 13 de diciembre, en La Moneda optaron por no transparentar los antecedentes expuestos y el sumario administrativo en la cartera. “Los presidentes no leen todos los informes de la Contraloría”, dijo el subsecretario Monsalve.
De acuerdo con fuentes del organismo, las irregularidades detectadas por el ente fiscalizador dirigido por Dorothy Pérez deben ser analizadas con detalle. Entienden que se trata de un asunto "de relevancia" que requiere un "seguimiento continuo". Por lo mismo, el fiscal nacional, Ángel Valencia, solicitó informe sobre la materia esta jornada y tras recibir la denuncia de RN, formalizó el inicio de las pesquisas. La causa quedó en manos del fiscal regional de Occidente, Marcos Pastén.
