El organismo ha quedado en entredicho, luego que el documento emanado por el ente contralor dejara al descubierto una serie de falencias respecto al proceso de selección, entrega y pago del beneficio. Por ejemplo, que 19 expedientes de los beneficiados, remitidos por el INDH, no presentaban antecedentes médicos.
Junto con esto, el presidente del PC indicó que hay interés de un sector de la derecha de tratar de borrar "todo lo que huela a lo que ellos llaman el octubrismo".
El subsecretario del Interior señaló que los informes entregados por la Contraloría en diciembre tenían carácter de confidenciales y que los delitos que enumeró en ellos no los vinculó a ninguna persona en particular.
El presidente del partido, Lautaro Carmona, aseguró que "esa es una conclusión que sacaron los medios” y descartó respaldar tal acción en contra del gobierno.
El organismo encabezado por Dorothy Pérez dio cuenta de una serie de irregularidades en el otorgamiento del beneficio. Entre ellos, que 58 pensionados tienen condenas. Algunos, de hecho, por delitos violentos: producción de material pornográfico infantil, abuso sexual y homicidio. Además, constataron que había datos que no se comprobaron, que en ciertos postulantes no entregaron certificados médicos y, entre otros elementos, que hubo aumentos de pensión sin que existiera sustento.
Luego de que Contraloría publicara un informe que acusaba desprolijidades en la entrega de pensiones de gracia, en el gobierno nuevamente hicieron control de daños: informaron que hace un mes que se están investigando responsabilidades en el Ministerio del Interior y también que el Presidente ya firmó un decreto para dejar sin efecto uno de los beneficios. De todas formas, el subsecretario Manuel Monsalve fue duramente cuestionado por la oposición.
El parlamentario dice que el Presidente debe volver de sus vacaciones y anuncia que la oposición interpondrá una denuncia ante la Fiscalía por eventual prevaricación administrativa y fraude.
La diputada comunista ha encabezado la oposición a la idea de revocar las pensiones de gracia. "Todo el mundo espera que los comunistas seamos leales, fieles, y lo somos, pero al programa de gobierno. Y las revocaciones no están dentro del programa de gobierno", insiste.
Cinco son las etapas del proceso de acreditación de víctimas del estallido social del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), el cual este jueves fue cuestionado por la Contraloría debido a una serie de falencias que se detectaron en la entrega de pensiones de gracia. Aquello derivó en que diputados solicitaran la remoción de siete consejeros por negligencias en sus funciones.
El exsubsecretario del Interior se refirió a la resolución exenta N°16, del 4 de enero de 2022, donde se establece que deben presentarse antecedentes legales y también médicos para solicitar el beneficio.
El entre contralor responde así a un oficio enviado por la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara sobre la posibilidad de invalidar o revocar el ortorgamiento de dichos beneficios.
El subsecretario del Interior aseguró que "ni en la ley, ni en la glosa 12, ni en el reglamento se estableció que tenían (que presentar) antecedentes médicos”, sino que “habla de afectación”. Sin embargo, una resolución exenta firmada por quien lo antecedió en el cargo en el gobierno anterior, Juan Francisco Galli, plantea lo contrario. El documento fue citado por el mismo Monsalve en una presentación.
A través de un comunicado, desde el Instituto Nacional de Derechos Humano descartaron tener algún tipo de participación en la entrega del beneficio, señalando que la institución "nunca intervino en este proceso y su actuación se restringió a acreditar la calidad de víctimas de las personas afectadas y que lo requirieran”.
La ministra del Interior aseguró que "respecto al procedimiento hacia atrás, el Ejecutivo comparte que era una falencia de este proceso que no estuviera a la vista los antecedentes penales, pero no fue una decisión nuestra que así fuera".
Los parlamentarios advirtieron que “la remoción de los consejeros del INDH es un procedimiento que se inicia en la Cámara de Diputados y que si logra sortear dicha instancia, es finalmente la Corte Suprema la que termina resolviendo”.
