Si bien un informe de Contraloría señala que son 58 los beneficiarios con condenas previas, el subsecretario del Interior planteó que se trataría de 69. Respecto a los 10 casos de beneficiados que no presentaron antecedentes médicos, aseguró que “la glosa 12 de la Ley de Presupuestos no establece diagnósticos médicos, habla de afectación”.
Los parlamentarios sostuvieron que "la continuidad del subsecretario del Interior está en entredicho” y "se tienen que poner cargos a disposición".
El informe realizado por Contraloría señala que “58, de las 419 personas beneficiadas con una pensión, tienen antecedentes penales por condenas, con resultado de multa, prisión y reclusión o presidio, incluidos delitos violentos".
Un informe del ente contralor concluyó que 58 de las 419 personas beneficiadas tienen condenas por delitos como producción de material pornográfico infantil, abuso sexual y homicidio, entre otros.
La ministra del Interior defendió la determinación del Ejecutivo y desdramatizó la molestia del PC, señalando que "es parte del derecho que tiene un parlamentario si tiene objeciones (...) así funciona la democracia, no es un ejército".
"En estas materias hay énfasis, donde al menos nosotros no vamos a tranzar”, dice Bárbara Figueroa.
El subsecretario del Interior indicó que se mandarán los detalles de la medida a las diversas colectividades, respondiendo al anuncio del Partido Comunista que abre la posibilidad de llevar el tema al Tribunal Constitucional.
Luego de que el Presidente Gabriel Boric mandatara la revisión de los antecedentes, el equipo jurídico del Ministerio del Interior entregará una nómina de las personas a las que se recomienda retrotraer la pensión. En paralelo, Palacio hizo ajustes al manual que regula el otorgamiento del beneficio a fin de que se presenten certificados de antecedentes.
La parlamentaria, integrante de la Comisión de Desarrollo Social, manifestó sus reparos a la iniciativa que contempla impedir la entrega de este beneficio a peticionarios con antecedentes penales, y también a aquellos que registren condenas de carácter penal.
Luego que la Comisión de Desarrollo Social despachara a sala este lunes los cambios a la legislación con el fin de transparentar la concesión del beneficio, la ministra del Interior, Carolina Tohá, reiteró que el Ejecutivo presentará una “propuesta propia” en los próximos días.
El ministro de Justicia explicó que las lesiones oculares son el caso más evidente del tipo de daño aludido.
El diputado y timonel de Convergencia Social defendió la postura del Mandatario de revisar y revocar los beneficios, luego de que el diputado PC Boris Barrera calificara aquello como "una aberración sin precedentes” y que Claudia Mix (Comunes) acusara que “el gobierno se vio presionado a tomar una decisión que no comparto”.
El parlamentario, presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, apunta a que el Presidente Gabriel Boric debe retirar las pensiones de gracia a todas aquellas personas que no se les logre acreditar judicialmente su calidad de víctima de violación a los derechos humanos. Por otro lado, el diputado RN sostiene que en aquellos casos en los que tienen antecedentes por otros delitos, entonces se debe revisar particularmente.
En la bancada de los comunistas reconocen que hay una conversación pendiente al respecto con el Ejecutivo. Su incomodidad con el Presidente Boric en materia de seguridad no es nueva y será un tema de debate dentro del comité central de este fin de semana. La ministra del Interior, Carolina Tohá, refutó los cuestionamientos.
Justo en medio del debate de pensiones, donde el propio Presidente emplaza a la oposición a subir la PGU a 250 mil para apoyar a los abuelitos, al mismo tiempo que cual monarca concede una pensión jugosa a esta tropa de angelitos.
