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Sorprendidos quedaron los intervinientes de la causa abierta por la muerte del conscripto Franco Vargas ocurrida el 27 de abril pasado. Su deceso es indagado por la justicia militar y por la Fiscalía de Arica. Sin embargo, a petición del Ministerio Público castrense se trabó la competencia de los persecutores en espera de que el máximo tribunal decida qué jurisdicción deberá aclarar lo que ocurrió en la fatal marcha en la que también resultaron afectados otros soldados. El anuncio de pesquisas por parte de la presidenta de la Corte Marcial generó ruido, ya que la propia familia de la víctima ha declarado que no quiere que la justicia militar intervenga. De hecho, la madre del joven apuntó: "La jueza está beneficiando a las personas del regimiento".

Se acogió una solicitud del INDH y se postergó hasta el lunes 17 de junio.

El Mandatario recalcó que “se espera que los concriptos pongan su esfuerzo al servicio de la patria, no que paguen este compromiso con su vida, con su salud o con su dignidad”.

Tanto el Instituto de Derechos Humanos como el abogado querellante por la madre de Franco Vargas, Sebastián Andrade, interpusieron recursos de reposición ante la resolución del máximo tribunal que frenó las diligencias de la Fiscalía en la causa. En ambos escritos se señala que el soldado falleció fuera del regimiento de Huamachuco y que es necesario avanzar en peritajes urgentes ya decretados.

En medio de los cuestionamientos tras la muerte del conscripto Franco Vargas (19), el ministro de Justicia argumentó que el marco regulatorio de la justicia militar "es parcial y adolece de garantías”.

El Ministerio Público Militar solicitó a la Corte Suprema que mientras no se resuelva qué tipo de justicia llevará la causa en la que se investiga la muerte del conscripto Franco Vargas, se paralizaran las diligencias de la Fiscalía de Arica, ya que estas podrían ser las mismas que las ordenadas por la ministra en visita Jenny Book.

Incluso en el texto se recomienda que sea el Sexto Juzgado Militar, con asiento en Iquique, el que siga con la causa. Ahora será la Segunda Sala del máximo tribunal la que deba resolver qué justicia se quedará con la investigación.

Por tres votos contra dos, la Segunda Sala del Máximo tribunal acogió una orden de no innovar del Ministerio Público Militar.

El fiscal regional Mario Carrera entregó los detalles ante la comisión de Derechos Humanos del Senado. La resolución, que podría llegar las primeras semanas de junio, está en manos de la Corte Suprema, que debe determinar si la investigación continúa en sede civil o si pasa a tribunal marcial.

El Juzgado de Garantía de Arica accedió a la solicitud del fiscal Mario Carrera de acceder a todas las atenciones médicas, datos de atención de urgencia, epicrisis y anamnesis de L.J.G.S. y B.S.A.L, que siguen internados en el Hospital Militar. Dado lo establecido en la ley de derechos del paciente, los datos se mantenían bajo reserva.

Romy Vargas, también manifestó que los eventuales responsables "tienen que pagar con cárcel, no con castigos de relevo, eso para mi no es justo".

El persecutor Mario Carrera solicitó fijar una audiencia -programada para el 4 de junio- para que se discuta en tribunales sobre la necesidad de esta diligencia. Según el escrito, el SML practicó un examen "para efectos de determinar la causa de muerte de la víctima, sin embargo no se realizó conforme al Protocolo de Minessota".

Consuelo Contreras acusó que “estos jóvenes vieron vulnerados gravemente sus derechos humanos por una autoridad que cometió delito en contra de ellos".

"La jurisdicción militar no tiene la robustez que tiene la fiscalía para proteger a las víctimas", señaló el juez Juan Araya Contreras.

En la cita también estuvo presente la ministra de Defensa, Maya Fernández, quien a la salida además enfrentó las críticas que ha recibido de ex titulares de la cartera. "Gran parte de esas exautoridades tienen mi teléfono, y yo no he recibido ninguna llamada", dijo.