Ya confirmaron los partidos del oficialismo y de oposición a la cita de este viernes en el Ministerio del Trabajo. Desde la derecha, hasta la instancia asistirán representantes de la UDI y RN, pero no solo ellos: el gobierno también invitó al Partido Republicano y Evópoli. Los primeros asistirán, representados por su jefe de bancada, el diputado Benjamín Moreno. Pero los segundos no asistirán, según la versión oficial, por problemas de agenda.
De acuerdo a la ministra Jeannette Jara, todos los partidos de oficialismo y oposición han confirmado su asistencia a la reunión, excepto por el Partido Republicano.
Luego de cerca de una hora de debate y acusaciones cruzadas, los parlamentarios de dicha instancia empezaron a aprobar los artículos iniciales que se votan en particular del proyecto de pensiones, con ocho votos a favor y los cinco en contra de Chile Vamos. El contenido de lo aprobado es el mismo de parte del DL 3.500, pero con lenguaje inclusivo.
El Centro de Políticas Públicas USS creó esta encuesta enfocada en escuchar la voz de la ciudadanía respecto a materias de alto interés público, como pensiones, salud, educación, seguridad pública, entre otros. Junto con entregar la visión de los chilenos, buscará pasar del diagnóstico a la acción, elaborando estudios y propuestas de política pública con los datos de las mediciones. Su primera entrega ahondó en los aspectos relevantes de la reforma de pensiones que se discute en el Congreso, destacando que, por ejemplo, 4 de cada 5 encuestados quiere elegir quién administre sus fondos previsionales, entre otros resultados.
Si bien los diputados de RN que integran la Comisión de Trabajo habían acordado tener una reunión con la ministra Jara este martes en el Congreso, finalmente no se concretó. Se mantiene así la iniciativa conjunta que ya habían hecho como Chile Vamos, aunque también podrían presentar una nueva propuesta como coalición.
Se agendó una cita de los parlamentarios con la ministra Jara, de la cual la UDI recién se enteró este lunes y a la cual hasta el cierre de esta edición no habían sido convocados, para las 17.00 horas en el Congreso.
La acusación de supuesto financiamiento irregular durante la campaña presidencial que lo puso en 2022 a la cabeza de Colombia desordenó el ya apretado escenario legislativo que el mandatario enfrentaba antes de que explotara el último escándalo. Con dos semanas de plazo, varias de sus reformas insignia ahora penden de un hilo.
El reglamento rige para el organismo desde el 26 de septiembre de 2019 y establece que al recibirse una denuncia, la autoridad podrá darla por recepcionada o, en caso contrario, podrá desestimarla, fundamentalmente en un plazo de tres días.
El Presidente hizo este jueves su segunda rendición de cuentas ante el Congreso pleno, donde también recalcó que no ha renunciado a sus principios. Además, buscó un equilibrio en las señales que entregó a sus coaliciones de gobierno y amarró -en gran medida- el avance de sus principales promesas de campaña a un nuevo pacto fiscal que buscará consensuar en el Senado.
Sobre la reforma impositiva, el Mandatario dijo que “durante las próximas semanas tocaremos todas las puertas y tendremos todas las conversaciones que sean necesarias, con el mundo político, social, empresarial y laboral”. En tanto, en cuanto a la previsional aseveró que “nuestros compatriotas no tolerarán un nuevo fracaso en esta materia”.
En el marco de su segunda Cuenta Pública, el Mandatario afirmó que es “una urgencia nacional” concretar la reforma previsional, y recordó que "van siete meses, y aún no se inicia la votación particular de este proyecto”. En esa línea, dijo que “el gobierno está disponible a conversar cuáles son las mejores herramientas para cumplir este objetivo”.
Diputados de Chile Vamos ven que la propuesta "es un avance", pero que faltan muchas cosas por cambiar. En cambio, en el oficialismo, los diputados tildan de "desleal" a Larraín.
"Lo que operó en este caso es una decisión en virtud de estos antecedentes que eran, como les digo, reportes y reclamos. Hasta ese momento no se habían oficializado denuncias por los canales que dan lugar a sumarios", afirmó la jefa de gabinete.
La idea consideraba que no hubiese cuentas nocionales. En cambio, apuntaba a que un 3% de la cotización extra se destinara a cuentas individuales aplicando previamente un mecanismo redistributivo. Esos recursos se sumarían a la actual cotización que va a cuentas individuales, y sería gestionado por los IPP o el IPPA, según definiera cada afiliado. El 3% restante se destinaría a financiar los mismos seguros sociales que propone el gobierno actualmente, pero Larraín evaluaba una fórmula distinta a la del proyecto para administrar dichos recursos.
Según señalan fuentes conocedoras, la propuesta de Larraín consideraba que no hubiese cuentas nocionales. En cambio, apuntaba a que un 3% de la cotización extra se destinara a financiar los seguros sociales que propone el gobierno, y que el otro 3% fuera a cuentas individuales. Eso sí, en este último 3% la idea es que primero se aplique un mecanismo redistributivo de ingresos altos, a medios y bajos.
