El presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara enfatiza que desde el gobierno "tienen que poner más energía en buscar un acuerdo, que solamente en defender el mérito de su propuesta". El también presidente de la DC, estima que no están los votos para lo que propone el Ejecutivo respecto al destino del 6% extra de cotización, y si bien ve que hay apoyo para separar la industria de AFP, faltaría acordar el modo en que se hará.
"Esta reforma previsional es de alta complejidad. Sin embargo, más allá de las complejidades técnicas, una institucionalidad débil en un entorno de severas presiones sociales podría tentar al mundo político a hacer uso de sus recursos para fines cortoplacistas, poniendo en riesgo la sustentabilidad del fondo en el largo plazo y con ello las pensiones futuras y la sustentabilidad fiscal, lo que, además, tendría repercusiones en el mercado de capitales."
Estudio realizado por Libertad y Desarrollo señala que el diseño que propone el gobierno en la reforma previsional para destinar el 6% de cotización adicional podría castigar las pensiones en hasta 24%, en comparación a que dicho dinero se cotice en una cuenta individual. Eso sí, el documento evalúa el efecto de la rentabilidad y el mecanismo redistributivo al cotizar, pero no considera otros beneficios de la reforma.
Esto en el marco de un taller realizado por el Ministerio de Hacienda con dichos centros de estudio con el fin de profundizar en las metodologías y modelos que se usaron en el diseño de la reforma. A mediados de noviembre, las instituciones le habían solicitado al Ejecutivo entregar los datos utilizados para los cálculos del proyecto ya que, bajo su punto de vista, este es “técnico y complejo, no solo por la cantidad de cambios que se introducen al sistema, sino por la dificultad de estimar sus efectos en el mediano y largo plazo”.
La Asociación de AFP elaboró un documento donde señaló que las 0,1 UF por año cotizado que propone el fondo común en la reforma previsional en realidad “beneficia más a mayores ingresos” de los actuales pensionados. Acá, el asesor de la subsecretaría de Previsión Social, Marco Morales, defiende la propuesta del Ejecutivo. Cree que “están mirando esto en forma aislada o buscándole su conveniencia al apuntar a una cosa específica sin mirar el conjunto del Seguro Social".
Esto, con el objetivo de terminar de votar el proyecto en particular en junio, según dijo el diputado Alberto Undurraga, quien preside dicha Comisión. Además, el gobierno salió a aclarar la metodología de cálculo que usaron para proyectar un aumento del empleo formal con esta reforma.
La ministra Jeannette Jara el jueves pasado hizo una presentación en la CUT, donde los invitó a que puedan ir a exponer al Congreso. Desde la CUT agradecieron a la ministra "la manera y la forma" en que hizo su presentación, porque "a veces hemos tenido en el pasado otros ministros y ministras con mucha distancia".
Christian Larraín respondió varias críticas que se han hecho a la reforma, entre otras cosas, respecto de que al ser un "fondo muy apetecible por la clase política, se puede terminar destinando a otros usos", o que destinar el 6% al fondo común es un “vale por”, o un "impuesto al trabajo".
El expresidente de la CMF también afirmó: "No me gusta el rol que se le da al Estado, tanto en la función de soporte como en el rol que se le otorga como inversor de los fondos". Respecto al IPS reforzado, señaló: "No creo que esta entidad pública le pueda dar a los futuros pensionados el mismo servicio que hoy día les dan las AFP". Y sobre el IPPA, dijo que "la competencia entre el inversor público y el inversor privado es absolutamente desleal. Eso no es fair play".
El economista señala que el foco de la discusión previsional no es el correcto: lo principal a definir es cuál es la tasa de reemplazo a la que aspira el país. Estima que la PGU cambió el escenario, porque ahora las tasas de reemplazo están por sobre los países de la OCDE. Cree que es necesaria una reforma, principalmente para subir la tasa de cotización, de lo contrario, asegura que los futuros jubilados tendrán pensiones más bajas que los actuales. "Si quieres redistribuir, tendrías que quitarles a los actuales para darle a los futuros", comenta.
Además, desde el gremio que agrupa a las AFP también dijeron que las "cifras del gobierno no desmienten que la mayor cuantía de las transferencias de 0,1 UF por año de aporte vaya a pensionados con mas años cotizados y mayores beneficios".
El regulador reafirma que serían 1,4 millones de actuales pensionados los que se beneficiarían con las 0,1 UF por año cotizado que entregará el fondo común. La Asociación de AFP había dicho que eran 943 mil.
El proyecto propone que el fondo común entregue UF 0,1 por cada año cotizado a los actuales pensionados. El superintendente de Pensiones dijo este martes que eso beneficiaría a 1,4 millones de personas que "son jubilados actuales, que tienen pensiones bajas". El gremio asegura que en realidad el universo que podrá acceder son 943 mil, y que "los más beneficiados" serán quienes "tienen mayor pensión”.
El gobierno propone que haya tres componentes de pensión a futuro. Con el 10,5% se podrá optar por una renta vitalicia en una aseguradora. Los beneficios que entregue el fondo común con el 6% se calcularán aparte, al igual que la PGU en caso de que corresponda. Pero no habrán distintas entidades pagadoras: todo eso será transferido por el APA, que será el ente público encargado de pagar la pensión a los jubilados.
Ellos son cerca del 30% de los afiliados, ya que el ministro Marcel aclaró que el 70% de los afiliados está por debajo de esa renta. A estos últimos se les anotaría más del 6%. El ministro de Hacienda también defendió el cálculo que hizo el Ejecutivo respecto al efecto de largo plazo que tiene la reforma sobre el mercado laboral.
