En la reunión con técnicos del oficialismo y la oposición, el coordinador de política tributaria de Hacienda, Diego Riquelme, enumeró las exenciones que el gobierno pretende revisar, todas incluidas en el informe de la llamada comisión Vergara. Los cambios permitirían recaudar un 0,15% del PIB y entre los beneficios que se propone revisar están la renta presunta, las ganancias de capital para instrumentos bursátiles y los fondos de inversión privados y las exenciones a los DFL2.
En el marco del seminario del Centro de Estudios Públicos, la economista jefa del grupo Quiñenco, entregó su opinión sobre el pacto fiscal, denominándolo como pacto por el crecimiento, responsabilidad fiscal y progreso social. “Creo que las conversaciones que estamos teniendo son buenas para eso, pero nos queda harto camino por recorrer”, expuso.
Los parlamentarios que integran la comisión de Hacienda fijaron sus posturas sobre el proyecto que comenzará su trámite legislativo en marzo.
Sobre el proyecto que reformará el sistema de impuesto a la renta, el ministro de Hacienda explicó que “el proceso ya se inició con una ronda de consultas con los partidos políticos, y luego se van a estructurar los temas con los cuales se seguirán trabajando hasta comienzos de marzo”.
“Nos preparamos para entrar al 2024 en un estado de 'hibernación', algo así como un estado de letargo económico como anticipó correctamente el mercado, que nos permitirá al menos conservar energía, y seguir avanzando lentamente con el viento cola que nos dejará el relajamiento monetario”.
La idea del Ejecutivo era que, hasta este miércoles, los partidos políticos pudieran hacer sus observaciones, sugerencias y últimas propuestas para afinar el documento donde estarían por escrito los temas donde hay acuerdos. Luego de ese paso, se comenzarían a enviar los proyectos de ley al Congreso.
A fines de septiembre, cuando se abordó la temática de cumplimiento tributario, el gobierno también difundió una minuta donde se fijaba la necesidad de gasto y la gradualidad en su implementación era de cuatro años.
Hacienda reveló este miércoles a los representantes de los partidos políticos, que están en la mesa de trabajo con el Ejecutivo, el contenido de la propuesta de reforma al sistema a la renta con el cual pretende recaudar 0,6% del PIB.
El ministro de Hacienda adelantó que, esta tarde se conocerán detalles del informe del SII sobre cumplimiento tributario. La tasa de evasión del IVA alcanza a 18,4%, lo que se traduce en un 1,8% del PIB.
En el marco del pacto fiscal, los expertos si bien valoran que sea una meta de recaudación menor a la del proyecto original, ven que el camino para lograrlo no es fácil, dada la postura que ha mostrado la oposición y por los acotados instrumentos que quedan disponibles para ser modificados.
El ministro Marcel dijo el jueves que lo que se buscará recaudar ahora con cambios al impuesto a la renta será 0,6% del PIB. Parlamentarios opositores plantean dudas y reparos, y piden que el gobierno acelere el ingreso de los proyectos proinversión.
La necesidad de gasto que busca recaudar el gobierno es de 2,7% del PIB. De ese total, 2,1% vendrían por el aporte de las medidas procrecimiento, mejor gasto público y cumplimiento tributario. La diferencia, es decir, este 0,6% del PIB es por cambios al impuesto a la renta, proyecto que se ingresaría en marzo. “Ese aumento de impuestos a la renta se debería dar fundamentalmente por el lado de renta personal", aseveró el ministro Marcel.
Una minuta que el gobierno entregó a los representantes de los partidos políticos propone “por una sola vez, se analizará la posibilidad de regularizar, previo pago al fisco, situaciones de incumplimiento tributario en materia de capitales en el exterior, timbres y estampillas, y herencias”. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, sin entregar mayores detalles afirmó que "es parte de lo que se está contemplando en el proyecto de cumplimiento de obligaciones tributarias”.
Uno de las modificaciones apunta a dejar abierto a la discusión legislativa si la norma antielusión se aplica en sede administrativa o judicial, y se consideran sanciones en el caso de denuncias anónimas sean maliciosamente falsas. A ello se suma la creación de la figura de la colaboración sustancial en la persecución de delitos tributarios. En total son 27 las medidas que apuntan a un mejor cumplimiento tributario.
La mayoría de los economistas considera que en caso de no contar con los recursos permanentes para financiar gastos permanentes, el Ejecutivo deberá pausar su agenda para no generar desajustes en las finanzas públicas.
