Con el fin de destrabar el proyecto que crea el Ministerio de Seguridad y le otorga otras atribuciones a la cartera que dirige Tohá, el Ejecutivo propuso que "las nuevas tareas que asumiría el Ministerio del Interior se apliquen a contar del próximo período presidencial”. En tanto, ayer la presidenta de la Cámara dio sus primeros pasos para retomar la agenda de seguridad, tal como se lo exigía la oposición.
En el homenaje a los uniformados de la quinta región, intervino -entre otros parlamentarios- la senadora y timonel del PS, Paulina Vodanovic, quien destacó la trayectoria de la institución y las labores efectuadas por los funcionarios.
“A nuestro entender hubo una apreciación más forzada por parte de algunos empleadores (…) Por tanto, cuando se emite el dictamen, se hace porque se detectan denuncias” sostuvo la ministra Jara.
La Moneda propuso dotar de más potestades políticas a Interior en compensación por las responsabilidades de seguridad que serán traspasadas a una nueva cartera. Sin embargo, el ministro de la Segpres señaló que "el gobierno tiene toda la disposición para que las nuevas tareas que asumiría el Ministerio del Interior se apliquen a contar del próximo período presidencial”.
El presidente Joe Biden firmó el proyecto de ley este miércoles y ahora comienza un período de 270 días durante los cuales la compañía china ByteDance debe vender TikTok o enfrentar una prohibición a nivel nacional.
La ministra apuesta a que el Ministerio de Seguridad quede listo hoy para ser votado en la sala de la Cámara. El último aspecto pendiente en la comisión de diputados es resolver cuáles serán las nuevas atribuciones de Interior. En la oposición hay suspicacias, ya que Tohá estrenaría ese mayor poder político.
La iniciativa, que vuelve a la Cámara a tercer trámite constitucional, busca que las escuelas formativas puedan disponer con libertad el envío de estos alumnos a labores policiales, con la exclusiva finalidad de que puedan contribuir a las labores de prevención y mantención del orden público.
El timonel del Senado comentó que también han ido incorporando nuevos proyectos a esa agenda que han suscitado “mucha coincidencia” con el Ejecutivo. “Instrumentos útiles, necesarios para que el combate a la delincuencia, el combate al crimen organizado sea cada día más exitoso”, detalló.
El presidente de la Comisión de Trabajo, Iván Moreira (UDI), dijo que el próximo miércoles se invitó al director del Trabajo, Pablo Zenteno, y a la ministra Jeannette Jara.
El mandatario transandino rechazó la decisión de los legisladores que votaron subirse las dietas de 1,9 millones de pesos argentinos a 6,7 millones.
La llegada de José García Ruminot a la presidencia del Senado también recibió de críticas. A un mes de llegar a la testera, el senador se refirió a la situación en la otra rama del Congreso, cuya mesa directiva recibió una solicitud de censura.
También los legisladores plantearon sus dudas sobre la estimación de recaudación de 1,5% que proyecta Hacienda para este proyecto. Por ello, solicitaron que se realice una sesión para abordar únicamente esos supuestos.
A la cita, convocada para analizar las medidas adoptadas por el Ejecutivo por el asesinato del teniente Ronald Ojeda, así como las relaciones diplomáticas con Caracas, asistió ministra del Interior, Carolina Tohá; el canciller Alberto van Klaveren; el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y el embajador de Chile en Venezuela, Jaime Gazmuri.
Los senadores García (RN) y Walker (Demócratas) solicitan ampliar el fast track legislativo, acordado el año pasado. En la agenda del 2023, quedaron pendientes reformas como el nuevo Ministerio de Seguridad Pública, las reglas de uso de la fuerza y los cambios al Sistema de Inteligencia. Ahora se propone incluir iniciativas como la tipificación del ingreso clandestino como delito.
La iniciativa actualmente se encuentra en la Comisión de Seguridad de la Cámara. Sin embargo, ayer volvieron a aflorar las diferencias por el diseño que tendrá esta nueva cartera a nivel regional y a quién se le entregarán las facultades de seguridad y de orden público en cada región.
