Congreso Cámara rechaza proyecto que permite al Congreso sesionar en Santiago: pasa a comisión mixta
La iniciativa había sido aprobada por el Senado en diciembre pasado, solo para la realización de sesiones extraordinarias o especiales.
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El presidente del Senado se refirió a las observaciones que hizo el Ejecutivo a la ley de usurpaciones, asegurando que la calificación de tomas no violentas “solo existe en la mentalidad de quienes diseñaron esta política”. Además explicó que el siguiente paso es que en la comisión de seguridad de la Cámara Alta se revise la admisibilidad y la categoría del veto ingresado por el gobierno.
El presidente de la comisión de Salud del Senado, el socialista Juan Luis Castro, manifestó su molestia por la ausencia de la ministra de Salud y de la directora de Presupuesto, quienes habían sido invitadas. En ese contexto, propuso enviar la notificación al Ejecutivo, medida que fue aceptada por la instancia.
Presidente Biden celebró esta decisión, asegurando que se ha evitado “una crisis innecesaria que habría infligido un dolor innecesario a millones de estadounidenses trabajadores”.
El militante de Evópoli y parlamentario por la Región de La Araucanía advirtió que “el ánimo después de la decisión de ellos no es el mismo", con respecto a la agenda de seguridad que se discute en esa instancia legislativa. En la mañana desde el gobierno las ministras Carolina Tohá y Camila Vallejo salieron a defender la decisión del Ejecutivo.
El Ejecutivo ingresó las correcciones a la iniciativa con el objetivo de eliminar la legítima defensa privilegiada, que permitía -a su juicio- una “justicia por mano propia”. Hasta el final, el nudo fue la pena de cárcel para las tomas no violentas.
A horas de que venza el plazo que tiene el Ejecutivo para ingresar el documento, el presidente del Senado señaló también que si se va "desnaturalizar (la ley) y dejar parecido a como era antes el tema de usurpación, vamos a tener un problema severo".
La iniciativa, que fue un anuncio del Presidente Gabriel Boric en su última cuenta pública, incluye permitir el teletrabajo y el trabajo híbrido con seguridad laboral.
En los casos en que las usurpaciones incurran en violencia o engaños, en el gobierno y en el oficialismo mayoritariamente están de acuerdo de que existan penas de cárcel. Sin embargo, para asegurar el respaldo de las bancadas de izquierda, el Ejecutivo propondrá una redacción para que la norma señale que puede haber penas desde una multa hasta presidio, lo que deja en manos del juez decidir la sanción, caso a caso.
Tras acusar una falta de acceso a tratamientos oportunos y adecuados para los pacientes oncológicos, desde la instancia parlamentaria afirmaron que no apoyarán ninguna partida presupuestaria de salud de no adoptarse esta medida.
”Si tenemos un cierre del gobierno, muchos trabajos vitales y la ciencia y la salud podrían verse afectados, desde la investigación del cáncer hasta la seguridad alimentaria. Así que el pueblo estadounidense necesita que nuestros amigos republicanos en la Cámara de Representantes hagan su trabajo: Financiar el gobierno”, dijo Biden.
La iniciativa, que fue un anuncio del presidente Gabriel Boric en su última cuenta pública, incluye permitir el teletrabajo y el trabajo híbrido con seguridad laboral.
Según quienes han participado de las tratativas, el principal nudo es el catálogo de penas. Actualmente el Código Penal sólo contempla multas para quienes ejecuten tomas de inmuebles, aspecto que el proyecto pretende cambiar. La senadora Claudia Pascual (PC) agregó que esperan que “esta legislación no termine criminalizando a dirigentes sociales y con todos ellos presos”.
La carta impulsada por la comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta, la sicóloga Blanquita Honorato Lira, no alcanzó el quórum de 2/3 en la votación en Sala. El resultado fue de 21 votos a favor, 14 en contra y 4 abstenciones. Cargo está vacante desde mayo.
Verónica Silva explicó que a mediados de mes se presentó al Congreso un proyecto para adecuar las normas de la ley que crea los tribunales de familia a disposiciones de la ley de garantías. "Es necesario ser más precisos en cuáles son las materias que tendría que ver la protección administrativa, antes de pasar a la protección judicial”, planteó.
