La iniciativa buscará limitar “la promoción o utilización de estereotipos que justifiquen o naturalicen relaciones de subordinación, desigualdad o discriminación, por razones de sexo, género u orientación sexual”. El ministro de Economía, Nicolás Grau, explica que lo que se pretende es que "se tomen acciones vinculantes a través de los tribunales cuando una empresa use mensajes publicitarios que degraden a las personas por ser hombres o mujeres".
Desde el Servicio explicaron que, durante la reunión, el director les presentó las ideas centrales del proyecto y a continuación, ellos formularon sus comentarios y reflexiones. En el empresariado dicen que más que disipar dudas, la exposición les reafirmó que la reforma dejará al organismo como juez y parte.
De acuerdo al Informe Financiero del proyecto, se considera una mayor dotación gradual que comienza con 34 funcionarios al primer año de funcionamiento, luego sube a 51 el segundo año, a 63 el año 3 y 78 el año cuatro y en régimen. El costo total en régimen será de $3.550.269 millones adicionales. De ese total, $2.939.525 millones será para financiar la contratación de la mayor dotación.
"Nuestro país ha avanzado hacia un mayor resguardo de derechos de los consumidores. Sin embargo, ser más duro no es lo mismo que ser mejor. Por esto, hemos transitado desde una regulación basada en multas elevadas e incluso penas de cárcel, a una ley que pone el acento en las acciones de clase e indemnizaciones para un gran número de consumidores. El desafío actual pareciera no estar en asegurar más derechos para los consumidores, sino que aquellos ya existentes sean debidamente cumplidos y el acceso a reparaciones sea oportuno."
En el mercado de las telecomunicaciones, el 48% de los reclamos se concentraron en el servicio de telefonía móvil y la cantidad de quejas bajó durante el primer semestre.
El secretario de Estado explicó que la facultad sancionatoria del Sernac aplicaría para causas individuales, mientras que la capacidad del organismo para ser parte de las demandas sólo se da cuando estas son de carácter colectivo.
La reforma otorgará al organismo una facultad sancionatoria que ejercerá una nueva subdirección que se creará, adelanta el jefe del servicio. Para ello, el Sernac requerirá cerca de 100 personas adicionales. Los procesos sancionatorios tardarían unos seis meses y su aplicación en el país tendrá una gradualidad de hasta 30 meses.
El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes, dijo que antes de opinar se tiene que revisar el detalle del proyecto. No obstante, valoró el hecho de que el Presidente Gabriel Boric haya hecho mención a que se recogieron los argumentos del Tribunal Constitucional que impugnó atribuciones del proyecto anterior.
El proyecto debería ingresar a fines de esta semana o a principio de la próxima. Será por la Cámara de Diputados y la Comisión de Economía será la primera instancia en revisar la propuesta.
El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), José Pakomio, señaló además que es importante que se establezcan con claridad los criterios para determinar cuándo un proceso de mediación entre consumidores y empresas que no logra llegar a buen puerto amerita el inicio de un procedimiento sancionatorio.
“Hay muchas empresas que se esfuerzan por hacer las cosas bien. Que el presidente de la CPC esté con nosotros en la presentación de este proyecto de ley, me habla de una buena disposición, de un buen diálogo y una posibilidad de encuentro. Esto no es contra alguien, es para mejorar todos”, dijo el Mandatario.
La actividad, en la que también participará el ministro de Economía, Nicolás Grau y el director del Servicio Nacional del Consumidor, Andrés Herrera, se realizará a las 12:30 horas en el Teatro Municipal de San Joaquín. A la presentación de la iniciativa han sido invitados los distintos gremios empresariales junto a las asociaciones de consumidores.
El servicio precisó que ha recibido 2.110 reclamos que apuntan principalmente a un cambio unilateral del plazo de entrega de las viviendas y a excesivas demoras en la devolución de reservas canceladas.
Este accesorio presenta elevados contenidos de plomo, por lo que puede poner en riesgo la salud de las personas.
La iniciativa, que igresará próximamente al Congreso, entregará al organismo la facultad de sancionar.
