La comisión de Sistema de Justicia visó, en particular, una indicación para crear este organismo que reemplazaría al Sernac, y que tendría carácter autónomo, con facultades fiscalizadoras, sancionatorias y regulatorias. Desde la CNC creen que no debería tener la facultad de imponer sanciones. Los abogados también discrepan, pero por otros temas de fondo.
Entre los incumplimientos se encuentran hostigamientos a las personas para que paguen las deudas; cobros indebidos por gestiones realizadas dentro de los primeros 20 días de morosidad, falta de información, realizar gestiones de cobranza prohibidas por la Ley, entre otras.
Durante el año pasado el Sernac recibió más de 37 mil reclamos por problemas para ejercer este derecho y este año ya suman más de 11 mil casos.
El servicio revisará si los términos y condiciones del contrato incluían previamente elementos que actualmente están presente en su oferta.
Esto luego de que la plataforma informara hace unos días atrás de nuevas modalidades que implicarían un costo extra para los usuarios que quieran compartir sus cuentas con personas fuera del hogar.
El objetivo es que la empresa compense a los consumidores afectados, y que sea sancionada con multas por infringir la Ley del Consumidor.
Según explicó el organismo, dicho indicador busca identificar y desarrollar estrategias focalizadas en esos públicos. Además, el Sernac dictó una circular interpretativa que pretende generar una estrategia que permita mayor eficacia y posibilite un cambio en las empresas en materia de buenas prácticas, sobre todo con los consumidores más vulnerables del país.
Entre las entidades donde se analiza cambiar las jefaturas está el Servicio de Impuestos Internos, Aduanas, Tesorería, Sernac, la Dirección del Trabajo, Sence, Superintendencia de Pensiones, Superintendencia de Salud y Fonasa. El Ejecutivo tiene tres meses de plazo para ejercer esta facultad que le otorga la ley.
La herramienta está disponible desde este lunes en el sitio web del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) y permite a los consumidores comparar los costos de mantención de los plásticos propios y los disponibles en el mercado.
El organismo está trabajando en un desarrollo web (primer buscador de cláusulas abusivas) que permitirá a los consumidores identificarlas.
Una familia puede llegar a gastar hasta $266 mil entre útiles, textos y uniformes escolares.
Este martes se presentan en la Convención Constitucional dos iniciativas patrocinadas por constituyentes en referencia a la defensa de los consumidores, y otra que crea un órgano autónomo de empleo fiscal.
A juicio del organismo, ambas entidades infringieron el derecho a la libre elección de los consumidores al no respetar el derecho de los estudiantes a expresar su consentimiento sobre el cambio en la modalidad de clases presencial a online, impidiéndoles a quienes no lo deseaban, terminar el contrato y recuperar su dinero o realizar una rebaja proporcional del precio.
Son 940 los reclamos realizados en contra la empresa en 2021, de acuerdo al organismo. Los motivos incluyen la negativa de la empresa a devolver el dinero de los pasajes, aplicación de descuentos o multas en devoluciones parciales, falta de información respecto de las nuevas fechas de los viajes, cláusulas abusivas en los contratos, entre otros problemas.
Además, el organismo buscará garantizar que las empresas aseguren el respeto de esta obligación en el futuro.
