La medida aplica para las iniciativas impulsadas por Inversiones Inmobiliarias Pilolcura Ltda. y Agrícola Kuriñanco Ltda.
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“La resolución de la SMA se basa exclusivamente en una presunción de carácter legal que no tiene sustento científico”, dijo la firma.
Ello en el contexto de la investigación sobre la mortalidad masiva de peces producto del hundimiento de las 18 jaulas en un centro ubicado en la región de Los Lagos.
La medida se origina en una denuncia presentada en abril de 2018 por incumplimientos del Plan de Alerta Temprana (PAT) del acuífero Monturaqui – Negrillar – Tilopozo.
La primera medida ordena a la empresa a realizar un monitoreo submarino, el cual incluya estudios con sonares de barrido lateral.
El tribunal estableció la improcedencia de la acción legal, debido a que el asunto está siendo analizado por el Segundo Tribunal Ambiental.
El organismo señaló que el hecho podría generar un inminente riesgo ambiental en la zona, luego del hundimiento de 16 de las 18 jaulas del Centro de Cultivo de Salmónidos (CES) Caicura, propiedad de la firma Salmones Blumar S.A., ubicado en la comuna de Hualaihue de esa región.
La Superintendencia recepcionó diversas denuncias ciudadanas por contaminación de aguas de esteros y ríos.
El organismo aprobó el controvertido plan de cumplimiento en 2019 tras una investigación de varios años que reveló que SQM había sobreextraído salmuera del yacimiento.
La Superintendencia de Medio Ambiente formuló 6 cargos, de los cuales 3 fueron calificados preliminarmente como graves.
El proyecto está dentro del sitio prioritario para la conservación Cordillera El Melón.
El fallo de primera instancia le dio la razón al ex fiscal al calificar su despido como "discriminatorio", "caprichoso" y "carente de fundamentación", además de sostuvo que "el mecanismo que respaldaba su designación (Alta Dirección Pública) era el más exigente que existe a nivel de empleo público, por lo que garantizaba la idoneidad del actor para ocupar el cargo mencionado". Mientras la SMA respondió que quien politizó la situación fue el mismo demandante, quien recurrió al ministerio para que lo mantuvieran en el cargo.
Entre los años 2011 y 2014 el ingeniero se desempeñó como jefe de la División de Información y Economía Ambiental en el Ministerio de Medio Ambiente.
El director ejecutivo de Conaf, José Manuel Rebolledo Cáceres, precisó que "se observaron torres que no se encuentran contempladas en la RCA".
La Superintendencia de Medio Ambiente formuló 4 cargos contra el complejo termoeléctrico Ventanas, ubicado en Quintero.
