La empresa de propiedad del fondo de inversiones Patria Investments señaló en un comunicado que “lamentamos que eso haya llegado a esta instancia, luego de tantos intentos infructuosos por lograr acuerdos".
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El inmueble, ubicado a cuatro cuadras de La Moneda, se encontraba desalojado tras una lucha de tres años en los tribunales. Sin embargo, hace un par de semanas apareció nuevamente ocupado. Irán Arcos, presidente de la entidad que regula el baloncesto nacional, les pide auxilio a las autoridades para una pronta solución.
El Consejo de Delegados de Curso (Codecu) había establecido que cualquier instancia que pusiera en peligro tanto a las dependencias del establecimiento como a estudiantes dentro de las mismas, obligaría a bajar inmediatamente la toma. Ante el amago de incendio, el Centro de Estudiantes comunicó que "procederá a bajar la toma indefinidamente”.
Este miércoles se dieron a conocer los resultados de los sufragios que cumplieron con el quorum y donde poco más del 60% apoyó mantener la medida de presión. Con esto, el establecimiento llegará a 14 días académicos sin actividades en 2023 y otros tantos en que alguna de sus jornadas -mañana o tarde- corrieron la misma suerte.
Hasta la mañana de este miércoles había tres personas detenidas: dos menores de edad y un adulto. La ministra de Bienes Nacionales, Javiera Toro, se trasladó a la zona, y señaló que “si no actuamos en este momento, luego se hace muchísimo más difícil".
El hecho ocurrió esta tarde en la comuna de San Juan de la Costa, cuando personal policial procedía a desocupar un fundo de la forestal Hancock, que había sido tomado por comuneros mapuche. El funcionario sufrió una lesión ocular de carácter reservado, según informaron desde Carabineros.
La sede de los tribunales judiciales, ubicada en Puerto Príncipe, fue tomada por los miembros de la banda de “Village de Dieu 5 Segond”, la misma pandilla que secuestró el viernes a 36 pasajeros en la capital haitiana. Medios locales informaron que se habrían reportado varios heridos tras los disparos de los atacantes, aunque no se han confirmado víctimas mortales,
La noche del miércoles, un grupo de personas dentro del recinto habría lanzado bombas molotov en el liceo, quemado documentos y uniformes, vandalizado el hall central y distintas salas y departamentos del establecimiento educacional.
En concreto, en Providencia se encuentran en toma el Liceo José Victorino Lastarria y el Liceo 7 de niñas Luisa Saavedra de González. Mientras, En Santiago, lo están el Internado Nacional Barros Arana (INBA) y el Liceo de Aplicación. Además, los estudiantes del Instituto Nacional y del Liceo Carmela Carvajal de Prat, se encuentran en paro.
La acción de fuerza comenzó esta mañana, cuando una treintena de comuneros lafquenche ingresó al recinto para exigir libertad para los "presos políticos mapuche” y justicia en la revisión del caso de ocho comuneros condenados por la muerte de Eleodoro Raiman en 2019 en Contulmo. Aunque no hubo lesionados, el recinto resultó con destrozos y rayados, de acuerdo al alcalde Cristián Peña.
Luego de casi 9 meses, funcionarios del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) retornaron al edificio. Una de las primeras medidas fue bajar los lienzos que hacían referencia a la toma y reemplazarlos por uno que dice "El INDH es de todas y todos los chilenos". La sede fue sanitizada y un notario verificó las condiciones en que secundarios entregaron el recinto.
La organización estudiantil comunicó su decisión a través de una declaración, donde se comprometió a hacer entrega de las dependencias ocupadas a los trabajadores del organismo, luego de llegar a una acuerdo con la Subsecretaría de Derechos Humanos.
La comisión -integrada por Debbie Guerra, Yerko Ljubetic y Branislav Marelic- busca abrir el diálogo con los ocupantes de la sede ubicada en Eliodoro Yáñez 1147. Ya en agosto se intentó entablar una conversación con los dirigentes, sin embargo, no lograron siquiera agendar una reunión. La idea es también asegurar los archivos que están en el inmueble y que aún no han sido recuperados.
Un terreno para inversión inmobiliaria, un arriendo que nunca funcionó y un subarriendo del que pocos se enteraron; una toma, venta de droga, balazos y vecinos amenazados. Todo eso pasa dentro de 3.000 m2 del barrio San Pablo.
Los alumnos piden la renuncia del decano de la Facultad de Artes, Luis Orlandini.
