El organismo entregó dieciséis medidas que apelan al compromiso del Estado y cada empresa del cordón industrial de la zona afectada.
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La medida cautelar tendrá efecto hasta que el Tribunal dicte sentencia en las dos reclamaciones que fueron interpuestas contra el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) por la Junta de Vigilancia del río Putaendo.
Ello, en el marco de los recursos presentados por los opositores a la iniciativa en contra del fallo del Tribunal Ambiental que acogió la reclamación de la empresa en favor del proyecto.
Los opositores a la inciativa buscan que se revoque la decisión del Tribunal Ambiental que decidió que la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de Coquimbo debía realizar una nueva votación sobre el proyecto.
De esta manera, la empresa ajustó sus procesos para operar considerando solo los 54 l/s que el tribunal autorizó.
La resolución dejó sin efecto una medida que le prohibía extraer agua del sector de Lagunillas a partir del 1 de octubre próximo.
A partir de los antecedentes recopilados, el tribunal ubicado en la Región de Antofagasta estimó la necesidad de “impedir que los efectos adversos de la extracción de aguas subterráneas que mantiene la empresa minera sobre el acuífero Lagunillas se sigan manifestando y agudizando”.
Ahora, la empresa, propiedad de BHP Billiton, deberá ingresar nuevamente a evaluación ambiental las obras.
Acuerdo de conciliación, que involucró a comunidades indígenas, el Consejo de Defensa del Estado y la minera operada por BHP, fue aprobado por el Primer Tribunal Ambiental. Empresa destacó que hoy utiliza agua de mar para el 100% de sus procesos productivos.
El Primer Tribunal Ambiental resolvió que la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de Coquimbo deberá realizar una nueva votación sobre el permiso de la iniciativa.
El convenio entre el CDE y Codelco incluye medidas comprometidas por la estatal por un costo de más de US$56 millones.
De ser autorizado por el Tribunal Ambiental de Antofagasta, la estatal podrá iniciar el desarrollo del proyecto estructural Rajo Inca, que busca extender la vida útil de la faena en cerca de 50 años.
El tribunal determinó la existencia de un riesgo ambiental subyacente a las emisiones, efluentes o residuos provenientes del cordón industrial existente en las comunas.
