Acuerdo de conciliación, que involucró a comunidades indígenas, el Consejo de Defensa del Estado y la minera operada por BHP, fue aprobado por el Primer Tribunal Ambiental. Empresa destacó que hoy utiliza agua de mar para el 100% de sus procesos productivos.
El Primer Tribunal Ambiental resolvió que la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de Coquimbo deberá realizar una nueva votación sobre el permiso de la iniciativa.
El convenio entre el CDE y Codelco incluye medidas comprometidas por la estatal por un costo de más de US$56 millones.
De ser autorizado por el Tribunal Ambiental de Antofagasta, la estatal podrá iniciar el desarrollo del proyecto estructural Rajo Inca, que busca extender la vida útil de la faena en cerca de 50 años.
El tribunal determinó la existencia de un riesgo ambiental subyacente a las emisiones, efluentes o residuos provenientes del cordón industrial existente en las comunas.
Se trata de una medida probatoria decidida por el Tribunal Ambiental. Desde Aes Gener sostuvieron que están en plena disposición para coordinar todo lo necesario.
Además, se mantiene la multa por $7 mil millones. Sin embargo, la canadiense Barrick puede apelar al fallo presentando un recurso de casación ante la Corte Suprema, aunque esta instancia ya revisó una vez el caso.
La propietaria del proyecto hidroléctrico, AES Gener, estima que el inicio de operaciones será el segundo semestre de 2021.
Ministros ya tomaron la decisión y ahora deben redactar la sentencia para hacerla pública.
Consejo de Defensa del Estado acusó que la minera, operada por BHP, ha provocado un daño "continuo, acumulativo, permanente e irreparable" al salar de Punta Negra.
Se trata de la central a gas natural Los Rulos, de la eléctrica Inkia, de 540 MW.
El organismo aprobó el controvertido plan de cumplimiento en 2019 tras una investigación de varios años que reveló que SQM había sobreextraído salmuera del yacimiento.
El Movimiento Social en Defensa del río Ñuble buscaba conseguir la caducidad de la iniciativa porque este no habría iniciado obras tras 5 años desde que obtuvo su permiso ambiental.
Sin embargo, el tribunal rechazó la solicitud del SEA de suspender la ejecución de la sentencia que prohibió el uso de tronaduras mientras no se resuelva respecto de los recursos.
