Parte de la comunidad de Huasco estima que el proyecto de pellets de CAP cometió faltas en temas como la participación ciudadana y la consulta indígena, entre otros.
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“La medida tendrá vigencia a partir de su notificación a la citada empresa, hasta que el titular presente antecedentes científico-técnicos elaborados por un tercero independiente especialista en la materia", señaló el tribunal.
Ayer la instancia escuchó los alegatos de 11 abogados en el marco de la reclamación de la empresa Andes Iron contra el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) por el rechazo efectuado por el Comité de Ministros de la iniciativa que se ubicaría en la Región de Coquimbo.
Los trabajadores de la empresa acusaron sanciones desproporcionadas e injustas, y un doble actuar de parte de las autoridades de Gobierno. "El actuar de SMA es evidentemente contradictorio con las explicaciones que nos han entregado”, señalaron.
Con ello se convirtió en la primera mujer en detentar este cargo en los 10 años de existencia de esta judicatura especializada.
La institución descartó la eventual afectación tanto de suelos, agua del río y potable, y de la salud de la población, a raíz del funcionamiento de la minera.
A la fecha de su juramento se desempeñaba como como relatora del Primer Tribunal Ambiental.
En noviembre de 2019 la minera consultó la pertinencia de ingreso al SEIA del proyecto Suministro de Aguas Claras desde Embalse Ovejería a Los Bronces vía Acueducto.
El organismo rechazó la reclamación del gimansio en contra de lo dictado por la SMA, señalando que el proceso fue llevado a cabo de forma correcta. De esta forma, la empresa deberá pagar 33 UTA.
La sentencia concluye que el Servicio de Evaluación Ambiental no justificó adecuadamente que la iniciativa "Hijuelas de Quilín" no generará efectos en sistemas de vida y costumbres de grupos humanos, específicamente asociados a potenciales impactos viales.
El proyecto consiste en la construcción de un acueducto de unos 75 km de extensión, cuyo trazado inicia en la comuna de Quillota, atravesando las comunas de Limache y Olmué, para llegar a Tiltil. Transportaría, conduciría y dispondría de 1.000 l/s de agua desalinizada generada en la costa de la Región de Valparaíso a partir del procesamiento de agua de mar por parte del Proyecto Aconcagua, para su venta y distribución a terceros en el área norte de la Región Metropolitana.
El organismo entregó dieciséis medidas que apelan al compromiso del Estado y cada empresa del cordón industrial de la zona afectada.
La medida cautelar tendrá efecto hasta que el Tribunal dicte sentencia en las dos reclamaciones que fueron interpuestas contra el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) por la Junta de Vigilancia del río Putaendo.
Ello, en el marco de los recursos presentados por los opositores a la iniciativa en contra del fallo del Tribunal Ambiental que acogió la reclamación de la empresa en favor del proyecto.
