El imputado fue formalizado también por infracción a la Ley de Armas. El tribunal determinó 120 días de plazo para la investigación.
14 sep 2024 03:59 PM
El imputado fue formalizado también por infracción a la Ley de Armas. El tribunal determinó 120 días de plazo para la investigación.
La jueza Victoria Gallardo indicó que una de las principales razones de la decisión fue que "no se logró acreditar las hipótesis de abuso de la fuerza" por parte de los funcionarios policiales.
El Tribunal estableció un plazo de seis meses para la investigación del caso.
A lo largo de la audiencia, el abogado Juan Pablo Hermosilla apuntó sus dardos a lo que él definió como "funa jurídica”. Junto con esto denunció que las conversaciones de su hermano las "filtran todo desde adentro, y están escogiendo enemigos, a Jean Pierre Matus, a la ministra Vivanco, al ministro Ulloa, al fiscal Palma... empiezan a disparar al enemigo".
A lo largo de la audiencia, el abogado Juan Pablo Hermosilla apuntó sus dardos a lo que él definió como "funa jurídica", donde no solo el Ministerio Público persigue a su hermano, sino que también otras instituciones del Estado. En esa línea, mencionó cinco veces los dichos del Presidente Boric y responsabilizó al gobierno del envió de Luis Hermosilla a una cárcel común "para sacar un dividendo político". Junto con esto, aseguró que las conversaciones de su hermano las "filtran todo desde adentro, y están escogiendo enemigos, escogen a Jean Pierre Matus, a la ministra Vivanco, al ministro Ulloa, al fiscal Palma... empiezan a disparar al enemigo".
La instancia además de analizar los antecedentes, realizó dos inspecciones a la planta de tratamiento El Melón, con la finalidad de constatar los hechos demandados.
El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de la ciudad nortina dictó la sentencia contra tres sujetos de nacionalidad venezolana, imputados por el crimen del trabajador de la empresa Lipigas, en enero de 2023.
El ministro de Justicia señaló que "lo adecuado para la transparencia del sistema de Justicia es que se intuya un sumario con el propósito de despejar cualquier responsabilidad si es que existe un trato preferente en relación a este caso en particular”.
“En este análisis nosotros revisamos ya con los antecedentes y medios probatorios que fueron aprobados por las partes en su oportunidad, y luego de aquello tomamos el acuerdo pertinente, para después dictar la sentencia respectiva”, dijo la ministra Marcela Godoy.
“En virtud de lo señalado en los considerandos precedentes, fue posible determinar que la Municipalidad de Conchalí fue debidamente notificada del Oficio que requería su pronunciamiento, y que no participó de la evaluación ambiental del proyecto Edificio Independencia”, dijo la sentencia.
El tribunal decretó 120 días para la investigación del caso.
Diversas figuras políticas, entre ellos el senador PS Fidel Espinoza y el comunista Daniel Muñoz, cuestionaron el accionar de la justicia, y también de Gendarmería, luego que el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, se presentara a su audiencia de revisión de medida cautelar esposado y con una chaquetilla amarilla que distingue a los imputados. Se acusó "desigualdad ante la ley", "trato vejatorio", un "exceso". Lo cierto es que dichas medidas de seguridad se han dado en otras oportunidades con figuras de alta connotación pública como el exjefe comunal de San Ramón Miguel Ángel Aguilera, su par de Algarrobo, José Luis Yáñez (UDI), y también los exmilitantes de RD hoy presos por el caso convenios.
El siniestro dejó un balance de dos personas fallecidas, 200 lesionados, 410 viviendas afectadas y más de 1.000 personas damnificadas.
"Esta solicitud de prórroga se basa en la necesidad de disponer de más tiempo para afinar los últimos detalles de las conversaciones que se han venido desarrollando con los acreedores", dijo la empresa en un hecho esencial.
La jueza del Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, Paulina Moya, resolvió imponer la medida cautelar más gravosa, de prisión preventiva, en contra del alcalde de Recoleta, tras acoger las imputaciones de la Fiscalía Centro Norte. Se advirtió, entre otras cosas, la gravedad de la pena, en delitos funcionarios donde se "suponía" el jefe comunal se debía a la municipalidad que representaba, la cual se vio "afectada" por las maniobras entre Achifarp y sus directores.