El siniestro dejó un balance de dos personas fallecidas, 200 lesionados, 410 viviendas afectadas y más de 1.000 personas damnificadas.
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"Esta solicitud de prórroga se basa en la necesidad de disponer de más tiempo para afinar los últimos detalles de las conversaciones que se han venido desarrollando con los acreedores", dijo la empresa en un hecho esencial.
La jueza del Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, Paulina Moya, resolvió imponer la medida cautelar más gravosa, de prisión preventiva, en contra del alcalde de Recoleta, tras acoger las imputaciones de la Fiscalía Centro Norte. Se advirtió, entre otras cosas, la gravedad de la pena, en delitos funcionarios donde se "suponía" el jefe comunal se debía a la municipalidad que representaba, la cual se vio "afectada" por las maniobras entre Achifarp y sus directores.
El imputado habría abusado de la menor en distintas ocasiones entre los años 2020 y 2022, en la localidad de Codpa, Región de Arica y Parinacota.
La joven fue salvada por su hermana, quien conocía el método de combate que trató de usar el imputado.
El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago resolvió formalizar en ausencia a Francisco Coeymans. Eso, pese a que sus abogados pidieron al tribunal que a su cliente se le diera la oportunidad de comparecer libremente.
Un video de vigilancia desde el interior de la sala del tribunal en São José do Belmonte en Brasil, muestra a los jueces y miembros del jurado corriendo luego de que Cristiano Alves de 27 años dispara seis veces contra Francisco Mariano de Moura, quien sobrevivió al ataque. El incidente corresponde a noviembre del año pasado, pero las imágenes fueron publicadas recientemente.
El organismo acogió un recurso interpuesto por el alcalde de esa comuna, Italo Bravo, contra el edil Esteban Sepúlveda por "abandono de deberes". El concejal, cuya militancia está suspendida en el PC, había sido detenido el año pasado por amenazas con arma blanca y daño al interior del edificio municipal.
El tribunal ya había suspendido la reforma laboral anunciada por el presidente el 3 de enero, tras una apelación del sindicato CGT.
Los reclamantes aseguran que la resolución del SEA fue dictada con infracción a derecho, por contener sustantivos vicios de ilegalidad administrativa y ambiental. El SEA, en tanto, pide al tribunal rechazar en todas sus partes las reclamaciones, y afirma que estas no están debidamente fundadas.
En uno de los crímenes los acusados exigieron $600 mil para liberar a la víctima.
En 2021 Spencer Elden demandó a la agrupación por “explotación sexual infantil”, sin embargo, fue desestimada.
“Tal vez sea necesario un tribunal especial”, dijo Martin Griffiths en base al historial que tienen este tipo de espacios en lo que respecta a exigir responsabilidades.
La situación salió a la luz luego de que la esposa del sujeto acudiera a un cuartel de la PDI.
