Brasil: La explosión de la criminalidad en la Amazonia de Bolsonaro

En 1998, Jair Bolsonaro era apenas uno entre 513 diputados brasileños. El capitán retirado del Ejército, nostálgico de la dictadura y eternamente asombrado por el fantasma del comunismo, no sabía en aquel entonces que, pasados 20 años, dejaría de ser un político oscuro y se convertiría en Presidente de Brasil.

El hecho de ser solo uno entre tantos le permitía discursear sin ninguna censura. Viene de este tiempo algunas de sus declaraciones más violentas. Una de ellas en particular se mostró profética: “La caballería brasileña ha sido muy incompetente. Competente, sí, ha sido la caballería norteamericana, que diezmó a sus indios en el pasado, y hoy día ya no tiene más este problema en su país”.

Cuando se lanzó a la presidencia, en la campaña electoral del año 2018, Bolsonaro prometió que si saliera electo golpearía “con una guadaña a la Funai”. Se refería a la Fundación Nacional del Indio, que es el órgano subordinado al Ministerio de la Justicia de Brasil responsable, desde 1967, por la protección de los pueblos indígenas.

Al llegar a la presidencia del país más grande de América del Sur, el capitán se puso a cumplir sus promesas, empezando por nombrar a amigos militares para ocupar puestos claves en la Funai. Hoy, de las 39 oficinas regionales del órgano, 22 están bajo control de militares retirados de las Fuerzas Armadas o policías. Solamente dos de las 39 oficinas tienen como titulares indigenistas, que es el nombre dado a personas que, sobre todo en el campo de la Antropología, se dedican a las cuestiones indígenas.

Para comandar la Funai, Bolsonaro nombró a Marcelo Xavier, un delegado de policía que nunca antes había ejercido una función vinculada al tema indígena y que proviene del estado de Mato Grosso, donde el negocio del agro se ha expandido más en los últimos años a costa de la vegetación nativa (pantanal).

Bajo el gobierno de Bolsonaro no hubo ninguna nueva demarcación de reservas indígenas en el país. Demarcación es cuando el Estado identifica un área como siendo el local de vida de un pueblo indígena y determina la protección del área, impidiendo el uso y ocupación por personas ajenas.

“El presidente no ha demarcado ningún centímetro (de tierra indígena), como él lo había prometido (durante su campaña presidencial). El presidente de la Funai, (Marcelo) Xavier, está allá para eso (para garantizar que no haya nuevas demarcaciones). La administración (de la Funai) es un caos. Yo ya no lo sé más… Es difícil, cansador y peligroso”, dijo un exfuncionario de la Funai, Bruno Pereira. 44 días después de dar estas declaraciones al diario brasileño Folha de S. Paulo, Bruno Pereira de 41 años fue asesinado junto con el periodista inglés Dom Phillips cuando ambos navegaban por una región remota de la Amazonia brasileña, casi en la frontera con Perú.

Pereira había sido coordinador de un departamento de la Funai responsable por las relaciones con los indígenas más aislados, pero fue apartado de su puesto y reemplazado por un pastor evangélico durante el actual gobierno de Bolsonaro. Después de su destitución, él pasó a trabajar directamente con una organización indígena llamada Univaja (Unión de los Pueblos Indígenas del Valle del Javari).

El indigenista desapareció el día 5 de junio junto con Phillips, un periodista inglés que vivía en Brasil desde hace 15 años y escribía sobre temas ambientales para medios extranjeros, como los diarios The Guardian, The Washington Post, The New York Times y Financial Times. Ambos iniciaron un viaje por el Valle del Javari el día 3 de junio y fueron dados como desaparecidos dos días después. Pereira servía de guía, de fuente, de intérprete y de contacto al periodista inglés, algo común en el trabajo de reportaje.

El misterio de la desaparición de Pereira y Phillips empezó a ser aclarado diez días después de perder contacto con ellos. A partir de la detención de un pescador de la zona conocido como Pelado, este confesó haber participado de la ejecución de ambos. Él les contó a los investigadores que Pereira y Phillips habían sido muertos a balazos y tuvieron sus cuerpos quemados y en seguida cortados en pedazos, antes de ser enterrados en una zona de difícil acceso, a más de 3 km dentro de la selva, desde el río por donde navegaban.

Un hermano de Pelado, conocido como Dos Santos, también dijo haber participado en el crimen. El motivo habría sido una foto que Phillips les tomó a los dos pescadores cuando sus barcos se cruzaron en un río de la región. En este breve encuentro, Pereira, además, les advirtió a los dos hombres que ellos estaban pescando peces pirarucú en una zona indígena, lo que está prohibido por ley.

De acuerdo con las confesiones, Pelado y dos Santos capturaron al indigenista y al periodista y los ejecutaron delante de una fosa abierta en la mata. En total, cinco personas estarían involucradas en el crimen. Al inicio, la policía descartó que fuera un crimen por encargo, sin embargo, este viernes fue abierta una nueva etapa en las investigaciones. Policías federales volvieron a la región y ahora buscan por indicios que vinculen a los asesinos con alguna organización criminal más compleja que actúe en la zona.

Durante los días posteriores al desaparecimiento, se pensaba que la dupla pudiera estar perdida en los laberínticos ríos y pequeños afluentes que existen en la zona, era lo que decían los familiares que esperaban angustiados por informaciones, mientras que personas con más experiencia ya ventilaban a la prensa la probabilidad de que los hubieran matado.

El Valle del Javari es un área de 8,5 millones de hectáreas que se convirtió en un símbolo de cómo la destrucción de la selva amazónica y de los pueblos indígenas viene de mano con una larga cadena de otros crímenes, como la minería ilegal, la venta de madera, la pesca prohibida, la explotación de la prostitución y el contrabando de plantas y de animales, además del simple robo, el tráfico de drogas y los asesinatos.

Los miembros de Univaja tenían claro que el trabajo de Pereira y Phillips los ponía en mucho mayor riesgo que cualquier tipo de amenaza que los ríos pudieran representar a un pequeño barco con dos experimentados tripulantes a bordo.

El Valle del Javari tiene 6.300 indígenas de 26 diferentes pueblos, de los cuales 19 son considerados aislados.

En el año 2018, durante la gestión del presidente Michel Temer, el Cimi (Consejo Indigenista Misionario), vinculado a la Iglesia Católica, registró 109 casos de explotación ilegal de recursos forestales, tomas ilegales de tierras protegidas y daños al patrimonio dentro de zonas indígenas, por parte de personas ajenas. En el año siguiente, el primero bajo la administración de Bolsonaro, el número de denuncias saltó a 256, un aumento de más de 130%.

Pero los indígenas del Valle del Javari ya venían diciendo que las invasiones de sus tierras habían dejado de ser el principal motivo de preocupación. Desde el inicio del gobierno Bolsonaro, y con el desarme de la Funai y del Ibama (Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales), los criminales ambientales se sintieron más respaldados para hacerles abiertamente amenazas de muerte.

Antes de la desaparición de Pereira y Phillips, otro indigenista brasileño, Maxciel Pereira dos Santos, conocido como Max, fue asesinado en el mismo Valle del Javari con un disparo en la nuca, sin que la policía nunca llegara a ninguna conclusión sobre la autoría del crimen. El estado de Amazonas, región político-administrativa donde está la mayor parte de la Amazonia brasileña, tuvo un incremento del 54% en los homicidios entre 2020 y 2021, mientras que este índice disminuyó un 7% en el restante del país en el mismo período.

Las muertes, muchas de ellas vinculadas a la invasión de áreas indígenas, la explotación ilegal de la pesca y la minería, nunca llegan a ser debidamente investigadas. Ni siquiera reciben la atención que el caso de Pereira y Phillips atrajo, tal vez por involucrar a un ciudadano europeo.

El propio presidente pareció culpar a las víctimas por su propia desaparición. Bolsonaro dijo que el periodista inglés era “mal visto” en la región porque hacía reportajes en las que denunciaba la minería ilegal y por eso “a mucha gente no le gustaba él”, refiriéndose a Phillips. Bolsonaro demoró en ordenar que empezaran la búsqueda. Lo hizo finalmente después que el juez Luís Roberto Barroso, uno de los 11 miembros de la Suprema Corte, instó al gobierno a moverse. El presidente respondió preguntando por qué a Barroso le preocupaba la desaparición de la dupla, pero no decía nada sobre “millones de personas que desaparecen todos los años en Brasil”.

La actuación de Bolsonaro en este caso generó una nueva denuncia en su contra ante el Tribunal Penal Internacional, en La Haya. La organización que lo denuncia, la Apib (Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil), ya había presentado otra queja en su contra, en agosto de 2021, acusando al presidente brasileño de genocidio contra los pueblos indígenas por haberles negado asistencia durante la pandemia de Covid-19.

Bolsonaro no se ve a sí mismo como un destructor de la foresta amazónica, ni tampoco como un exterminador de los pueblos indígenas. Él se presenta como un presidente que busca integrar a los indígenas y a otros grupos extractivistas de la región, los llamados “ribeirinhos”, a la economía y a lo que él ve como la civilización.

“Él tiene una visión típica de los militares brasileños, una visión de que existen conspiraciones internacionales por detrás del área ambiental, y de que estos intereses no corresponden a lo que sería el interés nacional”, dijo a La Tercera Adriana Ramos, una de las coordinadoras del ISA (Instituto Socioambiental).

Esta visión conspiracionista de Bolsonaro quedó evidente cuando, en julio de 2019, recibió a un grupo de corresponsales extranjeros para un desayuno en el Palacio del Planalto, sede del Ejecutivo brasileño, en Brasilia. Durante el encuentro, Phillips preguntó directamente a Bolsonaro sobre el crecimiento en los índices de deforestación en aquel año. El presidente de Brasil le dijo: “primero ustedes tienen que entender que la Amazonia no pertenece a ustedes”, dirigiéndose al periodista inglés de forma ruda.

En comparación con los militares que gobernaron Brasil durante la dictadura, entre 1964 y 1985, Bolsonaro tiene una postura aún más destructiva. “El gobierno de él ha destruido toda la estructura de fiscalización de los crímenes ambientales, lo que contrasta con la visión de la dictadura, que aún tenía alguna idea de preservación del patrimonio natural, habiendo creado incluso áreas importantes de preservación que existen actualmente”, dijo Ramos.

Sobre los indígenas, la ambientalista dice que el presidente brasileño alimenta “una visión llena de prejuicio, que considera que el modo de vida de estos pueblos nos es aceptable si no está integrado a una idea productiva y privatista, pues Bolsonaro no acepta la idea del indígena viviendo y trabajando a su modo, para sí mismo, no para otros intereses”.