Carabineros en cifras: Las zonas en regiones con menor presencia policial

A una cuadra del río Curanilahue, en la comuna del mismo nombre, se encuentra la Escuela E-766 Pablo Neruda. Ubicado en la zona de Arauco, en la Región del Biobío, el establecimiento de 800 alumnos es el segundo recinto más grande en la comuna de cerca de 34 mil habitantes, donde predomina el rubro forestal.

El mediodía del jueves 29 de septiembre pasado, cuando los alumnos estaban en clases, un “postón” disparado desde el exterior atravesó el vidrio y la cortina de la sala número 15, en la que se encontraban 21 estudiantes de primer ciclo básico. Rápidamente, los niños y niñas se ubicaron debajo de las mesas de clases y luego se resguardaron en la biblioteca. El día anterior, ya había ocurrido un hecho similar.

Por esos días había preocupación entre las autoridades locales de Curanilahue. Además de tener que lidiar con la violencia rural que los ha mantenido bajo estado de excepción constitucional desde el 12 de octubre de 2021, desde este año se había sumado un nuevo problema: siete de los funcionarios de la dotación comunal estaban con licencia médica, lo que los dejó con sólo cinco carabineros para patrullar el territorio.

“Posteriormente esos siete funcionarios de servicio habitual fueron destinados a otras reparticiones del país por razones que desconozco”, señala la alcaldesa Alejandra Burgos (IND). La decisión de Carabineros, asegura, era reponerlos recién el año 2023.

Por ello, Burgos tuvo que viajar a Santiago en agosto, donde sostuvo una reunión con la entonces ministra del Interior, Izkia Siches. Allí, afirma, también pudo conversar por videollamada con el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez.

“Curanilahue es la comuna con mayor tasa de delitos y con la mayor presencia de delincuencia en el perímetro urbano. Frente a esa realidad es que nosotros pedimos una consideración especial”, dice la alcaldesa sobre su reunión con las autoridades.

El reclamo de Burgos tuvo efecto, al menos por el momento. A finales de septiembre, la comuna recibió un contingente temporal de refuerzo de 2 oficiales y 8 carabineros, lo que, asegura, por ahora los dejó con 15 uniformados, a la espera del personal titular que debería llegar en 2023.

Una dotación que durante las últimas semanas ha debido enfrentar de todo. Desde la exitosa captura, a comienzos de octubre, del líder de una organización delictiva dedicada al robo de madera; hasta la detención y expulsión de dos de sus mismos funcionarios por el robo a mano armada de una camioneta a un habitante de la comuna.

El domingo pasado, La Tercera reveló que, según documentos secretos de Carabineros, entre el primer semestre del 2019 y el primer semestre del 2022 se redujo en un 27% el número de policías disponibles para realizar servicios a la población en las 53 comunas con Plan Cuadrante en la Región Metropolitana. La publicación generó amplio debate y, también, la reacción del gobierno, que admitió el problema.

“Lo que ha pasado con Carabineros en los últimos años, es que producto de la pandemia, se vio obligado el sistema a bajar el número de reclutamiento por el tema del distanciamiento social. Se formaron policías menos que lo habitual”, aseveró el martes la ministra del Interior, Carolina Tohá, en entrevista con Radio La Mega de Osorno.

En esta nueva entrega, establecemos cuál es la dotación real de carabineros para las otras 101 comunas del resto del país que tienen implementado Plan Cuadrante, desde Arica a Punta Arenas. Si en la Región Metropolitana ha habido un 27% de disminución de efectivos, en el resto del territorio nacional esa reducción ha sido de un 20%, de acuerdo a los informes que la institución entrega periódicamente al Senado. Pese a que la baja ha sido menor, hay comunas en las que la situación se ha vuelto compleja.

El mejor ejemplo de ello es Curanilahue. Si el primer semestre de 2019 tenía una tasa de 59,1 funcionarios operativos cada 100 mil habitantes, esa cifra llegó a sólo 14,7 carabineros cada 100 habitantes en 2022, una reducción de un 75% en el total de personal. Así, durante el primer semestre de 2022, Curanilahue fue la comuna con peor vigilancia policial de todo el país.

“Las siete comunas de la provincia de Arauco presentamos proyectos al Fondo de Seguridad Pública y ninguno fue aceptado. Finalmente tuvimos que optar por comprar una camioneta con recursos propios para hacer rondas preventivas”, explica la alcaldesa Alejandra Burgos.

Entre las quince comunas con peor dotación policial en regiones con Plan Cuadrante, destacan territorios de la zona centro, centro sur y sur del país: desde La Ligua, por el norte, hasta Punta Arenas, por el sur.

Graneros es una de ellas y ocupa la segunda posición en regiones por la baja cantidad de uniformados disponibles (es tercera a nivel nacional, tras Ñuñoa). “Nosotros estábamos muy claros en esa cifra. Nos hemos manifestado pública y privadamente, con el Presidente, sus ministros y subsecretarios para poder explicarles nuestra preocupación”, revela su alcalde, Claudio Segovia.

Desde el primer semestre de 2019, la comuna ubicada en la zona norte de la Región de O’Higgins ya contaba con una baja presencia de carabineros en comparación con el resto del país. En ese periodo, disponía de 44,5 funcionarios cada 100 mil habitantes, pero en el último semestre de este año la situación sólo empeoró, quedando con 16 uniformados cada 100 mil personas.

“Las respuestas han sido evasivas, ‘que estamos en eso, que estamos priorizando’ y no ha habido respuestas adecuadas. Nosotros tenemos una dotación tan paupérrima, que muchas veces los carabineros no pueden acudir y esto ha sido tan grave que tampoco hemos contado con vehículos para procedimientos”, señala Segovia (IND)

Ante esto, el municipio ha debido echar mano a lo que se denomina “fondos casino”, dineros que reciben algunas corporaciones edilicias de la zona por el funcionamiento del casino Monticello. “Hemos tenido que tomar decisiones y aumentar la dotación de patrulleros municipales. Ellos se han transformado en la herramienta que creamos para poder suplir la necesidad de carabineros en la calle”, reclama el edil. Hoy cuentan con 14 patrulleros y seis vehículos para los 37 mil habitantes de la comuna.

Un poco más al sur están Chiguayante y Hualpén, en el Biobío, cuyas zonas también aparecen entre las quince comunas con peor dotación policial. En ambos lugares se registraron balaceras esta semana. El caso de Hualpén fue el más grave, pues una adolescente de 17 años resultó fallecida al interior de su casa por nueve impactos de bala.

Los informes reservados de carabineros no sólo permiten conocer el detalle de policías por comunas. Los reportes de planificación muestran la situación a nivel regional, respecto a uniformados desplegados para labores preventivas en sus zonas.

El primer indicador advierte que la Región Metropolitana es la que presenta los peores índices con un promedio de 39 carabineros por cada 100 mil habitantes en sus comunas para el primer semestre de 2022. Mientras que el segundo territorio con más dificultades es la Región de Magallanes: los ciudadanos patagones pasaron de 78 policías cada 100 mil personas en 2019 a 41,6 funcionarios al primer semestre de este año.

“Es evidente que nadie puede desmentir que hay una menor presencia policial en los barrios. Eso existe, se nota y los alcaldes te lo pueden decir”, reconoce la alcaldesa Carolina Leitao (DC), presidenta de la Asociación de Municipalidades (Amuch).

Esa percepción también la describen en la zona norte del país. Por ejemplo, en la Región de Arica y Parinacota, su gobernador, Jorge Díaz (DC), asegura que la falta de carabineros es dramática. Sobre todo ante el crecimiento del delito de homicidios: en lo que va de 2022 registran 32 asesinatos.

“Esta baja me la recalcan los vecinos. Estuve en una reunión cuyos dirigentes me comentaron que son vecinos de la subcomisaría Chinchorro y tampoco llegan a sus llamados”, describe Díaz.

Y las cifras son evidentes. Según los informes de Carabineros, Arica y Parinacota está por debajo del promedio nacional y registró una abrupta baja de policías en dos años. De 116 funcionarios cada 100 mil habitantes en 2019, la región pasó a contar con 51 uniformados durante el primer semestre de 2022.

El gobernador Díaz ha conversado con el Ministerio del Interior para solicitar más refuerzos, sobre todo para el resguardo de la frontera y los pasos ilegales. La autoridad dice que de los 32 homicidios, en un 40% se detuvo a un extranjero que ingresó s ilegal al país como sospechoso del crimen.

Para enfrentar esta crisis de seguridad, el Gobierno Regional acordó financiar la compra de 20 vehículos para la Municipalidad de Arica, los cuales se usarán en patrullajes y así apoyar las labores de carabineros.

Unos kilómetros hacia el sur, en la Región de Antofagasta, conviven con los mismos problemas. El desierto y los pasos ilegales también tienen expuesta a la ciudadanía con el crecimiento del crimen organizado.

En la capital regional las bandas especialistas en robo de cobre y narcotráfico tienen muy ocupados a los policías de esa zona.

Así lo grafican las estadísticas reservadas de Carabineros. La Segunda Región está entre las cuatro peores zonas respecto a dotación policial, con 51 funcionarios cada 100 mil habitantes para el primer semestre de 2022. Es decir, sólo cuenta con 339 uniformados para la región.

“Creemos que esto no puede estar medido por población, sino que tienen que entrar otras variables como extensión de territorio o los desafíos de éstos, sabemos que hay mucho tráfico de droga que entra por el desierto”, dice el gobernador regional Ricardo Díaz (IND, PRO).

La baja presencia de carabineros es un tema que las autoridades han abordado de varias formas. Desde bloqueos de carreteras hasta alianzas para permitir patrullajes entre policías y funcionarios municipales.

El caso más extremo ocurrió a fines de octubre cuando el alcalde de Puchuncaví, Marcos Morales (IND, Chile Vamos), cerró los cuatro accesos que permiten ingresar a su comuna, donde se encuentran los balnearios de Maitencillo y Marbella.

Su intención era protestar por la baja dotación policial y el aumento de la delincuencia en su territorio, cuya población se incrementó, según su alcalde, de 18 mil a 27 mil habitantes producto de la pandemia, pues las segundas viviendas pasaron a habitarse de forma permanente.

El edil advierte que pasó de 47 a 30 carabineros después de la pandemia, cuyos policías se distribuyen en dos retenes y una tenencia, lo que se ha manifestado en el alza de delitos vinculados a los robos con intimidación y robo de vehículos. Por eso, asegura que, a pesar de que no son “sheriff” ni “policías”, ha gestionado la contratación de 20 inspectores de seguridad para apoyar las labores de patrullaje en su comuna.

Esta planificación se enmarca en el convenio OS-14 que permite que los carabineros puedan realizar patrullajes mixtos con funcionarios municipales, el cual Morales firmó para apoyar la iniciativa. Sin embargo, tiene sus dudas. “Yo lo firmé, queremos ser parte de la solución. Pero ¿es creíble que Carabineros me pueda pasar siempre un funcionario?, lo veo imposible”, afirma.

Sobre ese convenio es más optimista la alcaldesa de Peñalolén y presidenta de la Amuch, Carolina Leitao (DC), quien promueve esta iniciativa para potenciar la presencia de seguridad en los barrios del país.

“Ahora se hace este convenio para que no se cuestione legalmente. Esto ayuda a ahorrar un vehículo y un funcionario a Carabineros”, sostiene Leitao.

La jefa comunal ha liderado las conversaciones con Interior para mejorar el problema de la baja presencia policial en los barrios. Dice que están trabajando para actualizar los criterios de distribución, los cuales no han sufrido cambios en 20 años. Por lo pronto, aprueba el plan “Centauro”, cuya propuesta mejoró el diseño de reforzamiento en 15 comunas implementado por la exministra Izkia Siches.

“Esto puede ser mucho más eficiente ante la falta de personal policial en la medida que estos grupos focalizados (Plan Centauro) estén mirando el fenómeno delictual y cómo se va desplazando”, asegura la alcaldesa de Peñalolén, quien incluso creó su propia fórmula ante la escasez de recursos: televigilancia y horas extras para reforzar el patrullaje con funcionarios municipales que tienen experiencia en coberturas de seguridad.

Recetas, planes y estrategias que las autoridades diseñan ante la baja real de carabineros en las calles. El Ministerio del Interior no estuvo disponible para comentar los informes revelados por La Tercera. Sin embargo, la ministra Carolina Tohá decidió dar algunas pistas para mejorar este problema, en la radio La Mega de Osorno, el pasado 8 de noviembre, dos días después de publicado el reportaje sobre la disminución de carabineros en Santiago.

“Hay muchas cosas por hacer”, afirmó la jefa de gabinete en la Región de Los Lagos. Y apuntó a la recuperación de reclutamiento de 1.400 postulantes por año y la recontratación de funcionarios en retiro para reforzar las dotaciones.

De momento, el alcalde de Puchuncaví se comprometió a no bloquear nuevamente las rutas con la esperanza de que los diálogos con la ministra Tohá traigan frutos para su comuna. Y le manda un recado al Ministerio Público: “Se me dijo que la Fiscalía me quería citar. Mejor que gasten esas horas de trabajo en meter a la cárcel a los delincuentes que están en la calle atentando contra la seguridad de nuestros vecinos”.