Crisis en caída libre

“¡Hola, colegas! Yo los lunes a las 9 am tengo reunión de comités con el presidente del Senado. Trataré de enviarles algún otro interlocutor más válido que yo a la reunión. Saludos”. El presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, se excusó de inmediato la tarde del jueves 6 en el WhatsApp que comparte con los otros timoneles de las coaliciones oficialistas -Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático- cuando se decidió posponer la reunión que habitualmente tienen los viernes.

Las palabras que utilizó para justificar su ausencia de la cita -que quedó agendada para mañana lunes 10- no pasaron desapercibidas entre los líderes oficialistas, quienes, en todo caso, no respondieron a su comentario.

Desde el martes 3 que en las filas de los partidos de gobierno -particularmente aquellas que conforman el Socialismo Democrático- venían juntando rabia contra Latorre.

El presidente de RD -cuyo manejo en la crisis desatada por los convenios suscritos entre el Minvu y la fundación Democracia Viva ya había sido puesto en entredicho cuando inicialmente blindó a la diputada Catalina Pérez- quedó en el ojo del huracán luego de que La Tercera PM revelara que supo 10 días antes de que estallara el escándalo - que tiene en jaque al oficialismo y que ya llegó al corazón de La Moneda- de las tratativas entre el entonces seremi Carlos Contreras y la hoy expareja de Pérez, Daniel Andrade.

Contreras y Andrade habían sostenido con la directiva RD un encuentro por Zoom donde se explicó la naturaleza de los convenios en los que ambos cumplían un rol: Contreras como seremi -el lío ya le costó el cargo- y Andrade como representante de Democracia Viva.

El hecho de que el presidente de RD haya tenido la información de boca de los principales implicados en el escándalo de presunta corrupción que investiga el Ministerio Público y que no haya alertado a sus pares ni al gobierno de la posibilidad de un conflicto latente excedía con creces -según la evaluación de buena parte del oficialismo- la categoría de mal manejo de crisis.

“Ya no es un interlocutor válido”, dijo ese mismo día la presidenta del PS, la senadora Paulina Vodanovic, quien hasta entonces había evitado criticar a su par oficialista. La líder socialista no fue la única que usó el concepto que Latorre replicó en el chat colectivo de los timoneles oficialistas dos días después, pero fue quien lo hizo públicamente.

A tres semanas de iniciada la crisis, el ambiente se ha vuelto irrespirable entre los partidarios del gobierno a medida que el escándalo crece y evidencia la falta de confianza al interior de las coaliciones -reflejada en el episodio de Latorre-, pero también en la reticencia de La Moneda a intentar tomar control de la crisis. ¿El resultado? Información que cae a cuentagotas y que ha terminado por hacer estallar esquirlas impensadas.

El primer atisbo de que La Moneda intentaba recuperar la agenda -en medio del fuego cruzado que se desataba entre sus partidos y la ofensiva opositora- vino el lunes 3, cuando el Presidente Gabriel Boric anunció la conformación de una comisión de expertos para hacer un diagnóstico y proponer medidas para elevar estándares de probidad en la relación entre organismos sin fines de lucro y el Estado.

La idea había tomado fuerza de manera sigilosa en los días previos en la cabeza del ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, quien adoptó un rol protagónico en la selección y convocatoria de los elegidos, el excontralor Ramiro Mendoza, la directora ejecutiva de Chile Transparente, María Jaraquemada; el director del Centro de Políticas Públicas de la UC, Ignacio Irarrázaval; la economista Jeannette von Wolfersdorff y el doctor en derecho de la Universidad de Chile Francisco Agüero, además de la secretaria ejecutiva Valeria Lübbert.

La presentación del grupo en La Moneda -pasadas las 17 horas de ese mismo lunes- contó con la presencia del Mandatario, Elizalde y la vocera Camila Vallejo. La puesta en escena -sin embargo- tuvo una inasistencia evidente: la ministra del Interior, Carolina Tohá.

Aunque en el gobierno sostienen que esa actividad en particular estaba radicada en la Segpres, en el propio oficialismo han resentido el bajo perfil de la jefa de gabinete en la crisis. Un sentimiento que se acentuó -días después- cuando parte de la oposición anunciaba abiertamente que evaluaría una acusación constitucional en contra de los ministros de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, líder natural de RD, y su par de Vivienda, Carlos Montes, en cuya cartera se autorizaron los cuestionados convenios.

En las directivas del PPD y el PS sostienen que han requerido a la titular de Interior información sobre la crisis y que -incluso- convoque a una cumbre del oficialismo para abordar el asunto, pero que sus demandas no han sido consideradas.

La ministra -sostienen en las filas oficialistas- se ha limitado a abordar el tema en el seno del gobierno con sus pares del comité político y no ha abierto diálogo franco ni con los líderes del oficialismo y menos con la oposición.

Una prueba de ello es que el jueves 6, a las 8.00 am, llegaron al Salón Democracia, en La Moneda, los parlamentarios oficialistas de la Comisión de Seguridad a reunirse con Tohá.

Pese a que varios llevaban expectativas, dado el crecimiento sostenido de la polémica por el lío de platas, de que se hiciera alguna alusión a la crisis que golpea al oficialismo, la titular de Interior circunscribió el encuentro a la pauta original: la agenda de seguridad. La ministra se mantuvo incluso inmune a las bromas que se lanzaban los diputados mientras se acomodaban para iniciar la reunión y que apuntaban a RD, el epicentro de la crisis.

“Los RD a la esquina”, “siéntate fuera del tiro de cámara”, recomendaban, entre risas, a la diputada Maite Orsini algunos de los presentes.

En La Moneda admiten que Tohá también dio un paso al costado el miércoles 5 -luego de que el mismo Presidente se enredó públicamente sobre la fecha en que se enteró del escándalo- y el comité político decidió finalmente conformar una suerte de comité de crisis que quedó constituido por Elizalde, Vallejo y el titular de Justicia, Luis Cordero.

En el debut de su nuevo rol, Cordero intentó cerrar el flanco abierto por el Presidente sobre su conocimiento del polémico convenio explicando que lo que hizo Boric fue una reconstrucción de hechos y precisando que el Mandatario se enteró alrededor del 16 de junio -cuando se hizo público el escándalo- al ser alertado por su ministro de Vivienda.

El titular de Justicia se ha vuelto una figura habitual a la hora de contener crisis en La Moneda. En este caso, en el comité político habían tomado nota de que existen implicancias legales respecto de cuándo una autoridad toma conocimiento de antecedentes constitutivos de delito, puesto que tiene la obligación de denunciar. Por eso había que dejar muy en claro el momento en que el Mandatario conoció los hechos que hoy son objeto de investigación en la justicia.

La intervención pública de Cordero se incrementará en los próximos días. En el gobierno señalaron que las vocerías de Vallejo en esta crisis serán reforzadas por el titular de Justicia. En una segunda línea, en lo que respecta a las vocerías, quedarán Elizalde y el propio Montes.

El resto del comité político, que integran las ministras de la Mujer, Antonia Orellana, y su par del Trabajo, Jeannette Jara, deberán evitar declaraciones sobre este tema. La misma instrucción se remarcó expresamente desde La Moneda para Jackson y el resto del gabinete.

Tohá -aclaran en el gobierno- está en un estatus diferente por su condición de jefa del equipo ministerial, una situación que la hace potencial foco de vocería en cada una de sus actividades. Pero la ministra no tiene interés en transformarse en vocera de la crisis: en la semana en que la oposición amenaza ya a dos miembros del gabinete con la presentación de acusaciones constitucionales, Tohá sólo ha intervenido en escasas oportunidades públicamente, aunque lo que el oficialismo lamenta, más bien, es su desinterés para tomar la coordinación interna de la crisis.

Quienes han hablado con la titular de Interior afirman que la jefa de gabinete ve con preocupación la crisis que afecta al oficialismo y está lejos de ser indiferente a sus efectos, pero que en los meses que lleva en el Ejecutivo ha reforzado su convicción de que el flanco más complejo para el gobierno de Boric sigue siendo la seguridad pública y que -por ello- la totalidad de sus energías están concentradas allí.

Esta definición -manifiestan en Palacio- ha sido conversada con el Presidente y ambos concuerdan en el diagnóstico. Otros, en tanto, agregan que Tohá resiente la falta de disciplina de los dirigentes oficialistas que -entre otros factores- se expresa en las constantes filtraciones que -a su juicio- abortan tempranamente todo intento de entendimiento y articulación.

En el consejo de gabinete del viernes 7, en el que participaron todos los ministros, Boric se preocupó de respaldar expresamente frente a sus pares a Jackson y Montes.

En sectores del oficialismo toman nota del constante apoyo que el Mandatario ha dado a los dos miembros de su gabinete golpeados por los líos de plata. De hecho, llama todos los días a Montes en señal de respaldo.

En las reuniones y conversaciones que Boric ha sostenido con los ministros del comité político y con dirigentes del oficialismo ha sido muy duro en cuestionar los delitos que se investigan, pero también ha descartado que la solución para sortear la crisis sea un nuevo cambio de gabinete.

No es indiferente al Mandatario -además- que el ministro más debilitado por el escándalo sea el titular de Desarrollo Social.

Es conocido que el caso de Jackson es particularmente sensible para Boric. Desde su irrupción en la arena política, ambos han sostenido un tándem en el que es difícil explicar la historia política de uno sin la presencia del otro. Quienes conocen bien al Mandatario señalan que este tiene una deuda impagable con el fundador de RD, que sólo se iguala a la que siente con Vallejo, sus aliados más íntimos en su desembarco en La Moneda. Sus nexos con ambos no son sólo políticos, sino personales, y -quienes conocen al Presidente- afirman que nunca consideraría la opción de sacarlos del gabinete a no ser que alguno de ellos mismos abra esa puerta.

En La Moneda, en tanto, hay quienes ven a Montes debilitado. Su performance esta semana -reconocen en el gobierno- no fue la mejor, pero a sus cercanos les ha dicho que no tiene intenciones de renunciar, que lo que lo tiene molesto es tener que poner la cara por algo que no es de su responsabilidad y donde, además, ha asumido solo la contención de un escándalo mayor.

Pese a que las presiones de la oposición por desbancar a Jackson y Montes -bajo la amenaza de una acusación constitucional- se suman llamadas que reciben los ministros desde el mismo oficialismo que aconsejan que el gobierno se abra a hacer valer responsabilidades políticas para poner coto a la crisis, al menos hasta el viernes la postura de La Moneda era categórica: no habrá ajustes ministeriales.

Este debate también se hizo presente en Palacio a propósito de la gira que llevará a Boric a Europa próximamente. El periplo se inicia el miércoles 12 y tendrá al Mandatario fuera del país por 11 días.

La conclusión -en todo caso- fue que no hay razones para ceder a las presiones y este viernes se confirmó que Boric viajará para participar de la cumbre Celac-UE en Bélgica, además de realizar visitas oficiales en España y Francia y visitar Suiza con el objetivo de que Chile se convierta en miembro asociado del CERN.

En parte del oficialismo se apuntaba a una coyuntura que podría haber sido una buena razón para mover el tablero: la acusación constitucional que enfrenta el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila (RD), y que se vota el miércoles 12 en la Cámara de Diputados.

El futuro de Ávila -militante RD- no fue tema en el consejo de gabinete del viernes y el ministro tampoco fue objeto del respaldo presidencial explícito ante sus pares, como lo fueron Jackson y Montes en la cita, pese a que su situación política es más urgente.

Un gesto que no olvidó la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, quien tras la cita ministerial se reunió con los presidentes de los partidos del Frente Amplio en La Moneda: “Hay que actuar con sentido de cuerpo, de coalición de gobierno, y defender a (Carlos) Montes, Giorgio (Jackson) y Marco (Ávila)”, transmitió, según presentes en la cita a la que también se sumó Latorre.

El rol que ha jugado el Presidente en la crisis también ha sido objeto de críticas internas. Los intentos por sugerir a Boric que limite sus intervenciones han resultado infructuosos. Y los pasos en falso han sido evidentes: hace una semana el Mandatario salió a respaldar al seremi de Vivienda de El Maule, Rodrigo Hernández (RD), quien este viernes debió renunciar a su cargo por los nuevos antecedentes que llegaron al Minvu sobre su responsabilidad en la firma de convenios con la fundación Urbanismo Social, a la que había pertenecido antes de asumir un cargo en el gobierno.

El protagonismo presidencial también ha generado daños colaterales a la crisis del lío de platas con otro episodio que profundizó la deteriorada convivencia oficialista. En medio de la polémica en la que se vio envuelto el coordinador presidencial para la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado, Patricio Fernández, a quien las agrupaciones de DD.HH. y el PC lo acusaban de “justificar” el quiebre democrático, Boric retuiteó las explicaciones de su asesor.

La acción del Mandatario -afirman en las filas comunistas- atizó la molestia de los críticos de Fernández que acentuaron su ofensiva. El miércoles 5 en la noche, tras confirmarse la renuncia de Fernández al cargo, Boric visitó a su ya exasesor en su casa, donde se terminó produciendo una improvisada reunión de desagravio a la que también se sumaron los ministros Tohá, Cordero y Mario Marcel (Hacienda).

Esa desconexión con los partidos -incluso con los que pertenecen a la misma coalición del Presidente- ha sido una crítica recurrente por parte de las bancadas oficialistas a medida que crece el lío de platas. En el Frente Amplio resienten que no ha existido diálogo formal con La Moneda durante la crisis. Ni siquiera el gobierno ha logrado coordinarse con RD, epicentro del escándalo y donde, además, militan el jefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi, y el director de la Secom, Pablo Paredes.

Acusan -por ejemplo- que la única instrucción desde Palacio que les llegó en la última semana provino de Secom y tuvo por objetivo intentar blindar al ministro Montes, que el martes 6 sostuvo que “todos los gastos que están en cuestión vienen del gobierno anterior”.

El mensaje decía: “Este modelo de transferencias no es algo que haya inventado este gobierno, sino que se remonta a una forma de trabajo diseñada en 2019. Su exposición apuntó precisamente a no buscar culpables en un gobierno u otro, sino más bien evidenciar la falencia del sistema”.

La estrategia de defensa -que el propio Montes después corrigió admitiendo que las irregularidades ocurrieron durante la actual administración- terminó por incendiar la pradera, ya que generó confusión entre los diversos integrantes del oficialismo.

Cuando esta semana los parlamentarios del Frente Amplio se reencontraron en el Congreso tras la semana distrital, el lío de platas se tomó todas las conversaciones, particularmente en los almuerzos de bancada. Algunos confesaron haberse sentido expuestos ante la estrategia errada de acompañar a la diputada Pérez en su primer punto de prensa y aseguraron que no tienen claro cómo proceder ante la crisis ni para “dónde moverse”. Una sensación de orfandad que se profundiza a medida que el escándalo continúa creciendo.