Cristiana Chamorro: La arrestada candidata que busca reeditar la victoria de su madre contra Ortega

El 25 de febrero de 1990, en las elecciones presidenciales de Nicaragua, Violeta Barrios de Chamorro sorprendió al país luego de que, sin experiencia previa en cargos públicos y representando a una coalición que aglutinaba a 14 partidos de todo el espectro político, venciera en las urnas al líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el exguerrillero Daniel Ortega, que buscaba su reelección tras su primera victoria en 1984. Más de 31 años después, la hija de la exmandataria, Cristiana Chamorro, busca repetir la hazaña de su madre evitando un quinto período del orteguismo, el cuarto de forma consecutiva desde 2007.

En medio de una profunda crisis social, Cristiana anunció en enero su postulación como carta independiente para los cruciales comicios del próximo 7 de noviembre. Es la segunda precandidata mejor evaluada, pero la justicia la inhabilitó y ordenó su detención el 2 de junio, por lo que este domingo cumple 11 días bajo arresto domiciliario acusada de lavado de dinero, condición que hasta ahora la deja fuera de las papeletas junto a otros seis postulantes.

Por las venas de la periodista y activista de 67 años corre sangre de -incluida su mamá- “cinco expresidentes nicaragüenses”. Es hija del matrimonio entre Violeta y el también periodista y férreo opositor del régimen de Anastasio Somoza, Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, que entre su linaje incluye a Fruto Chamorro, primer mandatario tras la Independencia del país, y Pedro Joaquín Chamorro, exjefe de Estado entre 1875 y 1879.

La familia Chamorro Barrios creció desde 1951, cuando nació el primogénito, Pedro Joaquín. En 1953 llegó Claudia Lucía, un año después Cristiana y para 1956, Carlos Fernando. Todos vivieron de cerca la persecución política que derivó en años de exilio en Costa Rica. El giro radical para los seis llegó el 10 de enero de 1978, cuando el progenitor disidente fue asesinado a tiros en las calles de Managua, lo que le valió ser designado héroe nacional en 2012 y llamado “mártir de las libertades públicas”.

Desde ese momento, Violeta Barrios se volcó a la vida política, mientras Cristiana estudió Historia y Filosofía, pero terminó convirtiéndose a los 35 años en editora del diario de su asesinado padre, La Prensa, para luego liderar el equipo de campaña de su mamá rumbo al sillón presidencial.

Aún con la alegría de ver gobernar a su progenitora, que para los 90 ya se veía afectada por una osteoporosis y a quien ayudó con las relaciones internacionales del Ejecutivo, la tragedia persiguió a Cristiana. En 2015, su esposo, el exministro de la presidencia Antonio Lacayo, con quien tuvo dos hijos (Antonio y Cristiana), sufrió un accidente luego de que el helicóptero que lo transportaba capotara. Tras dos días de búsqueda en el río San Juan, la policía encontró sus restos.

“La candidatura de Cristiana desató la desmoralización de los Ortega Murillo, que tienen un odio personal contra la familia Chamorro. La vicepresidenta Rosario Murillo fue secretaria de Pedro Joaquín y Violeta le tenía cariño. Ahora, su reacción con Cristiana fue visceral y bárbara, yo la conozco hace años. Al detenerla le quitaron todos sus documentos, ella vive con su mamá que hace años no tiene capacidad para valerse por sí misma. Ahora están encerradas, incomunicadas, la policía les cortó el cable, internet, no tienen teléfonos. Solo permiten la visita de sus hijos y su hermana Claudia. Hay una patrulla estacionada en el patio de la casa”, señala a La Tercera Dora María Téllez, la excomandante 2 de la revolución sandinista.

En los últimos años, Cristiana Chamorro centró sus esfuerzos en la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, creada en 1997. Justamente, esta organización es el blanco de acusaciones contra la precandidata, que está siendo acusada de un presunto caso de lavado de dinero y falsedad ideológica.

La institución tomó mayor relevancia después de las movilizaciones de 2018, que dejaron más de 300 muertos y una serie de medios de comunicación cerrados. Desde que retomó el Ejecutivo en 2007, el Presidente Daniel Ortega se aferró al poder -el próximo año cumplirá 15 años en el cargo- y gobierna con su esposa, Rosario Murillo, pero volverían a competir en los comicios, lo que podría extender su permanencia hasta 2027.

“Todos los precandidatos han sido detenidos y están siendo criminalizados. El miércoles pasado (2 de junio) fue Cristiana Chamorro, el sábado (5 de junio) el exembajador Arturo Cruz, este martes fue apresado Félix Maradiaga y después Juan Sebastián Chamorro, además de los activistas José Adán Aguerri y Violeta Granera”, señala a este diario Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH). “Con la nueva ‘Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz’, la fiscalía creó al margen del procedimiento penal establecido una audiencia que se llama Control Constitucional, con la que pueden detenerlos sin juicio durante 90 días solo en investigación, lo que conforme al calendario electoral no los dejaría participar de las elecciones. Ortega mantiene desde 2018 a 126 presos políticos y una militarización excesiva en las calles para encarcelar a todos los que protestan contra el gobierno”, explica la defensora de los DD.HH.

Según el diario El País, Cristiana Chamorro es la opción “independiente” de los dos grandes bloques opositores, ya que después de la inhabilitación de la Coalición Nacional, la alianza Ciudadanos por la Libertad quedó como única alternativa frente al oficialismo en las elecciones..

Así, dividida tras años de conflictos internos y la asfixia del orteguismo, la oposición decidió pactar para elegir entre los hasta ahora siete postulantes a un candidato único que represente al sector en las urnas, pero están a contrarreloj debido a que el 28 de julio es la fecha de las inscripciones.

En este escenario, con más de la mitad de los liderazgos de fuerzas disidentes detrás de las rejas en la Dirección de Auxilio Judicial, denominada cárcel El Chipote y que organismos de DD.HH. acusan de ser un sitio de torturas, el voto anti Ortega no tendría opciones en la papeleta electoral.

“Ortega acusó que si ganaba las elecciones la oposición iba a denunciar fraude para hacer una revuelta, y que le harían lo mismo que a Evo Morales. Ahí decidió detener a los precandidatos. En un sondeo de Gallup, el mandatario no supera el 30% de adhesión, Cristiana llegaba a un 21% y entre todos los demás candidatos, la oposición tenía potencial para superar un 60% de apoyo. Por otro lado, Cristiana Chamorro obtiene votos de dos vectores casi opuestos, uno es la tradición y carga emocional-simbólica que la empuja, y porque tras tres años de discusión de opositores, ella representa una cara fresca. Con el desgaste y la ruptura con las nuevas generaciones, en elecciones libres Ortega no tiene manera de ganar. Los comicios serán parecidos a los de Bashar Assad o Kim Jong Un. El mandatario prefiere asumir las consecuencias diplomáticas que enfrentar movilizaciones en las calles”, comenta a La Tercera el exdiputado y analista político nicaragüense Eliseo Núñez.

Para la presidenta del CENIDH, “si antes no había condiciones para que un proceso electoral sea el medio para salida de Ortega y Murillo, ahora es imposible pensar en ir a elecciones con un país amedrentado”.

En tanto, Téllez sostiene que parte de la presión social de los últimos años ha empujado a Ortega a una posición incómoda. La exguerrillera denuncia un “fraude en cámara lenta”, ya que el mandatario, al que acusa de “controlar todos los poderes”, “podría realizar un fraude elegante y disimulado”. “Su tradicional voto sólido que era de entre 30% a 38%, ahora es de un 20% y no se siente en condiciones, por lo que creo que terminará por cancelar los comicios, porque tienen la confianza de que pueden hacer lo que quieran y que la comunidad internacional solo emitirá comunicados”.

Esta semana, EE.UU. impuso una nueva ronda de sanciones económicas contra la familia Ortega Murillo, la Unión Europea condenó las detenciones de precandidatos opositores y Luis Almagro, secretario general de la OEA, solicitó suspender a Nicaragua del organismo por “ruptura del orden democrático”, en una “arremetida sin precedentes” contra el orteguismo.