El bolsonarismo más allá de Bolsonaro en Brasil

Fue un golpe fracasado, pero su intención era la de tumbar el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. Según el diario O Estado de São Paulo, que analizó los mensajes de distintos grupos de WhatsApp y redes sociales involucrados, el plan de los bolsonaristas el domingo pasado era tomar las sedes de los tres poderes, acampar en ellos, bloquear las refinerías de combustible de Brasil y provocar un caos que llevase a una intervención militar.

Al menos la primera parte del plan casi se logró, cuando cientos de seguidores del expresidente Jair Bolsonaro entraron en Brasilia y asaltaron el Palacio de Planalto, el Congreso y el Supremo Tribunal Federal, actuando con la indulgencia de las fuerzas de seguridad y autoridades del Distrito Federal. Destruyeron oficinas, habitaciones y obras de arte, además de atacar a periodistas y enfrentarse a la policía.

A causa de esto, hoy superan los mil los presos, a los que Lula llamó fascistas y aseguró, serán castigados. Desde Estados Unidos, Bolsonaro declaró que “las invasiones y destrucciones no son parte de la democracia”. Sin embargo, los expertos señalan que ya no se trata de un movimiento dependiente del expresidente.

El historiador de la Universidad de São Paulo, Lincoln Secco, señala al respecto: “El bolsonarismo ya ganó dinámica propia, y pasó a condensar el antipetismo. Puede reconfigurarse bajo otro liderazgo si fuese necesario”.

El ataque venía preparándose hace tiempo: con buses gratuitos pagados por empresarios del agro, y que incluso partían desde cuarteles militares. En sus mensajes, los bolsonaristas radicales pretendían unir a los policías y oficiales de la reserva de las Fuerzas Armadas. “Todo pago: agua, café, almuerzo y cena. Habrá campamento en Planalto”, indicaba una de las convocatorias, donde se buscaba personas con experiencia militar que pudiesen enfrentar a las fuerzas de seguridad.

El financiamiento de la acción, que contó al menos con 100 buses contratados, será parte de las investigaciones. Lula indicó que más de 1.200 personas fueron detenidas durante el asalto a los tres poderes, y que “van a permanecer presas”. También amenazó a los supuestos responsables: “Vamos a encontrar a quien financió y costeó. Yo soy especialista en campamentos y en huelgas y es imposible estar dos meses sin tener financiamiento para garantizarles el pan de cada día. No vamos a ser autoritarios, pero vamos a investigar”.

La Fiscalía General de Brasil ya identificó a más de 100 empresas sospechosas de haber financiado la manifestación golpista, la mayoría con sede en los estados de Mato Grosso y Santa Catarina, donde Bolsonaro ganó en octubre. El actual ministro de Justicia, Flávio Dino, aseguró que muchos de los financistas tienen relación con la agroindustria, un sector que mantuvo estrechas relaciones con el expresidente, y que se benefició de la gestión del Ministerio del Medio Ambiente durante su gobierno.

“El agronegocio es el sustento económico del bolsonarismo, porque tiene interés en combatir las leyes ambientes, avanzar en la explotación de la Amazonía y acabar con las leyes laborales”, apunta Secco.

De todos modos, no es una postura total por parte del sector agricultor. Sylvio Costa, periodista y fundador del sitio Congresso em Foco, indica al respecto: “Todo lleva a creer que los grandes grupos del agronegocio le darán la espalda a Bolsonaro. Hay que notar que la bancada ruralista condenó los actos del 8 de enero, así como todas las confederaciones patronales”. Ahora bien, apunta el experto, hay una gran parte del empresariado rural “visceralmente anticomunista y con bajo nivel de educación política”, que sí adhiere a la radicalización, y que a través de grupos de WhatsApp conspira abiertamente contra el gobierno de Lula.

Bolsonaro no se responsabilizó de las acciones de sus seguidores, y aseguró que las invasiones a terrenos públicos “no forman parte de la democracia”. De todos modos, es durante su gobierno que ciertos elementos de la extrema derecha brasileña empezaron a organizarse con mayor proyección. La antropóloga Isabela Kalil comentaba para Canal Meio al respecto: “Bolsonaro aprovechó la pandemia como una oportunidad política para comenzar a formar una especie de ejército e insurgencia en la sociedad civil”. Entre estas instancias, empezaron las “motociatas” o marchas de motos en las grandes ciudades brasileñas, y en las que el entonces Presidente participó 25 veces.

Ahora bien, la situación actual del expresidente es de creciente fragilidad. “Mantiene una base de apoyo popular significativa, pero vio la mayoría que tenía en el Congreso disolverse rápidamente. Esa mayoría es oportunista, y en cuanto salió la victoria para Lula, comenzó a reposicionarse para crear puentes con el Presidente electo”, comenta Costa.

Complicando más su situación, ya hay procesos judiciales e investigaciones criminales en su contra en Brasil, que incluso podrían llevarlo a la prisión. El viernes la Fiscalía General solicitó al Supremo Tribunal Federal que Bolsonaro sea investigado por incitación a los ataques golpistas.

“A diferencia de Lula, condenado en procesos repletos de irregularidades, Bolsonaro tendrá grandes dificultades para salir de la cárcel como héroe”, detalla el periodista. Actos ilícitos en la gestión de recursos públicos, la pandemia, el proceso electoral, otros actos golpistas “flagrantemente ilegales”, entre otros, enumera.

Ahora bien, los movimientos de extrema derecha en Brasil tienen aliados fuera del país, y uno de los grandes mencionados luego del ataque en Brasilia fue el estadounidense Steve Bannon, exestratega jefe de Donald Trump, y que es amigo cercano de Eduardo Bolsonaro, uno de los hijos del expresidente. “Lula robó las elecciones, los brasileños saben eso”, publicó Bannon en sus redes sociales, y también aseguró eso en una cumbre de líderes de extrema derecha en Ciudad de México, que contó con la participación del líder de Vox, Santiago Abascal y el diputado argentino Javier Milei, entre otros.

“El bolsonarismo es parte de una cadena global neofascista, y Eduardo Bolsonaro es el articulador de América Latina. Melloni en Italia es una aliada, y Orban en Hungría. De hecho, Italia fue de los países que no prestigió con su jefe de Estado la ceremonia de toma de mandato de Lula”, comenta Secco.

Respecto al aspecto internacional del bolsonarismo, el historiador Odilon Caldeira Neto, experto en movimientos de extrema derecha en Brasil, comenta: “Steve Bannon es una figura importante en Brasil en varios sentidos. Es una figura de agitación, a medida que algunos sectores de extrema derecha brasileña se aproximan a las tendencias norteamericanas, y no solo en relación de articulación, sino también ideológica”.

De todos modos, el académico destaca una de las particularidades brasileñas que vuelven aún más peligrosos los movimientos de extrema derecha en ese país: “Hay un problema político en la democracia brasileña, y latinoamericana, que es la participación de sectores militares. Hay que tener mucho cuidado, para no interpretar el caso brasileño como una sencilla reproducción de Estados Unidos”.

Según Caldeira Neto, el proceso de radicalización en la sociedad brasileña ya lleva una década en una pendiente fuerte. “Es algo que efectivamente se empieza a articular en los años 2010, 2011, en reacción a políticas en defensa de los derechos humanos, de los movimientos negros, feministas, derechos de minorías y en general. Hay una faceta política que sería más amplia que el mismo bolsonarismo, y se trata de una base de reacción a las demandas de minorías, que se ha ido pavimentando en la política brasileña de los últimos años”.

De todos modos, una semana después de los ataques en Brasilia, la mayoría de los brasileños declara rechazar el intento de golpe: un sondeo de Datafolha indicó que el 93% de los encuestados condena el acto, y que el 55% lo vincula a Bolsonaro. “El movimiento fracasó tan estrepitosamente, que rápidamente los apostadores de Bolsonaro, que hasta entonces usaban las redes para convocar a la población a adherir al intento, pasaron a atribuir los ataques a personas infiltradas”, comenta Costa.

En tanto, una de las cosas que piden las manifestaciones post-ataque en Brasil es la “no amnistía” a los participantes del asalto del 8 de enero. En ese sentido, Secco señala la importancia de un castigo para ellos: “La extrema derecha puede acumular fuerzas si no llega a haber un castigo ejemplar al comando del movimiento: oficiales militares, financiados y políticos. En parte, eso ya está ocurriendo con el pedido de extradición a Anderson Torres, exministro de Justicia de Bolsonaro”. Fue precisamente en la casa de Torres donde fue hallado un borrador de decreto para cambiar los resultados de las elecciones de octubre. Las mismas que el 39,7% de los brasileños no cree que ganó Lula, según un sondeo de Atlas.