Fiscales bajo amenaza

Francisco Bravo está preocupado. El fiscal de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte y presidente de la Asociación Nacional de Fiscales del Ministerio Público, maneja cifras que no son fáciles de procesar y que muestran un diagnóstico sombrío: los fiscales, en Chile, corren cada vez más peligro.

El año pasado su asociación realizó una primera encuesta sobre la seguridad de los fiscales.

-El 35% de los que respondieron, 160 fiscales, dijeron que habían sido amenazados por desempeñarse en su cargo- lamenta Bravo.

Este 2023, Bravo repitió la encuesta. Respondieron 457 fiscales, el 60% de sus asociados.

Él esperaba ver algunas mejoras, pero el resultado fue desalentador, explica, mostrando gráficos en un computador de su oficina, en el Centro de Justicia.

-Ahora son 192 los fiscales que han sido amenazados de alguna forma: 32 más que el año pasado. También, 160 fiscales dijeron que se sienten en riesgo.

Bravo sigue mostrando los resultados.

-Fíjate acá, el 22% dice que ha sido seguido por personas sospechosas. O esto otro: 21 fiscales han sido agredidos físicamente mientras trabajan, lo que es harto. Un 72%, 304 fiscales, dijo que se sienten más inseguros en los tribunales que en el sitio del suceso o que en la vía pública.

Los resultados de la encuesta también entregan un vistazo a lo que ha podido hacer el Ministerio Público en cuanto a seguridad: 238 contestaron que recibieron láminas de seguridad antibalas para reforzar los vidrios de sus vehículos. Setenta asumieron ser acompañados regularmente por un carabinero o un PDI, como parte del programa de Protección de Personas Importantes (PPI). Y 18 respondieron que había un policía de punto fijo afuera de su casa. Trece reportaron que usaban chaleco antibalas y casco.

Bravo dice que las amenazas se han vuelto algo cotidiano.

-Les dicen “te voy a matar”. También tenemos un colega en La Araucanía al que le colgaron un cartel en la calle. Decía “sabemos dónde estudia tu hija”.

Pero los casos más graves, agrega, son aquellos en que fiscales tienen que cambiarse de lugar de trabajo, e incluso de ciudad, por las amenazas que sufren. Según la encuesta, 18 persecutores han tenido que mudarse forzosamente en algún punto de su carrera.

Bravo conoce la historia de uno de ellos.

-Es un fiscal que trabaja en el norte del país. Él empezó a recibir amenazas desde el interior de la cárcel. Venían de sujetos vinculados al Tren de Aragua.

Las alarmas se encendieron para el Ministerio Público cuando, dentro del penal en cuestión, encontraron un listado con los datos personales del fiscal, su nombre y su domicilio. Junto con eso, también hallaron los de los gendarmes y los funcionarios policiales que están investigando el caso.

-Esos gendarmes tenían sus rostros ocultos, pero también tenían sus nombres -asegura Bravo-. Estamos hablando de una red que, lamentablemente, tiene contactos en muchas partes.

El momento en que hubo que tomar medidas más drásticas, cuenta, fue un día en que al fiscal, que ya venía con amenazas, lo interceptaron cuando iba en su auto. Desde el otro vehículo lo apuntaron con un arma de fuego.

El persecutor tuvo que cambiarse de región junto a su familia. Hoy sigue llevando la causa, pero a distancia.

Bravo dice que la medida fue apropiada, porque están viendo cosas que no veían antes.

-El crimen organizado no tiene restricciones. Hace 15 años el delincuente chileno tenía un límite moral. Ahora, no lo hay.

Francisco Bravo fue de los principales gestores para la fundación de la Asociación de Fiscales en 2007. Ese fue su primer período como presidente. Ahí, recuerda, había dos preocupaciones principales. La primera era la sobrecarga laboral de los profesionales, que promediaba mil quinientas causas cada uno.

-La otra era la seguridad, pero estaba más que nada vinculada a aquellos colegas que investigaban tráfico de drogas- acota.

El exfiscal nacional Jorge Abbott recuerda que en su período como fiscal regional de Valparaíso, entre 2003 y 2010, las amenazas eran un tema lejano.

-En ese tiempo había audiencias masivas de control de detención. Ahí se veía algún grado de agresión desde las familias de los imputados hacia los fiscales dentro del tribunal- afirma Abbott.

La primera región donde las amenazas se volvieron un problema serio fue en La Araucanía. El fiscal regional (S) de La Araucanía, Alberto Chiffelle, dice que hace 20 años amedrentar a un fiscal o un juez era algo impensado. Pero esto lo cambiaron dos delitos que se masificaron a principios de los 2000.

-En ese momento, en nuestra región había muchas investigaciones por tráfico de drogas. Había más de 20 pasos fronterizos no habilitados, desde donde ingresaba marihuana prensada paraguaya desde Argentina -dice Chiffelle-. Lo otro fue que se intensificaron los atentados incendiarios dentro del conflicto de violencia rural.

Desde esas dos vetas aparecieron las primeras amenazas.

-Llegaban cartas o lienzos. Se encontraban rayados en el sitio del delito. En algunas intervenciones telefónicas se hablaba mal del fiscal, decían que había que hacer algo. Incluso, se hablaba de ofrecer dinero para terminar con la vida del fiscal.

Esto preocupó a las autoridades de la época, dice Chiffelle. No había protocolos, pero se tomaron medidas. Entre ellas, la protección a través de las policías con el programa de Protección de Personas Importantes (PPI). Abbott recuerda otras, como contar con seguridad en los traslados de los fiscales y en las casas de los más afectados.

Así, en la zona sur esto se fue volviendo algo regular. Incluso, en 2008, el fiscal Mario Elgueta, mientras investigaba una causa de asociación ilícita contra Héctor Llaitul, sufrió una emboscada en Tirúa, en la Región del Biobío. Salvó de milagro: recibieron 300 disparos.

Fue por esos años en que Bravo presenció de cerca uno de los casos más graves que ocurrieron en Santiago. En 2006, un fiscal de la Fiscalía Centro Norte sufrió amenazas y tuvo que irse de Santiago.

-Él perseguía una causa de tráfico de drogas y lavado de dinero. Se cambió con toda su familia a la Región del Maule. Estuvo unos cinco años fuera. Luego se evaluó el riesgo y se determinó que ya era un buen momento para que volviera.

Bravo dice que lo que buscan quienes amenazan a un fiscal es que, sencillamente, no siga investigando esa causa. Lo grafica con un ejemplo.

-Es lo que le ha pasado a la fiscal Ximena Chong, que recibió cartas en su casa. Es una forma de debilitar al fiscal. Quieren quebrarlo, disuadirlo. Que aminore la intensidad de la persecución penal. Que pida penas más bajas o que recalifique los delitos a unos menos graves.

El año en que el problema escaló fue 2015, dice el fiscal Bravo: ahí llegó el crimen organizado al norte de Chile.

-Ese año vimos un cambio cualitativo en la forma de actuar de las bandas. Por ejemplo, cuando ves una persona acribillada con 40 balazos, eso es un mensaje para los que rodean a ese sujeto y para el resto.

Jorge Abbott dice que estas bandas tienen su origen en países como Perú o Venezuela. Eso, sumado a la ausencia del Estado en algunos lugares, impactó en la proliferación de estas bandas.

-Empezamos a ver homicidios de una crueldad que no habíamos visto jamás. Con los autores jactándose y grabando cómo se realiza un homicidio.

Bravo dice que en el norte, precisamente la zona donde un fiscal tuvo que cambiarse de casa, la entrada de las bandas ha hecho que las agresiones y amenazas se vuelvan algo cotidiano.

-En mayo del 2022 hubo una balacera afuera de un tribunal de Iquique. Terminó con un muerto, que estaba vinculado a los imputados. Esa vez no había protocolos para proteger a la fiscal que estaba adentro del edificio.

Un año antes, en mayo del 2021, junto al entonces fiscal nacional Jorge Abbott, hicieron un levantamiento de información a nivel nacional. Ahí, observaron que había fiscales cuya integridad corría riesgos altos, medios y bajos.

Según Abbott, ahí apareció una lista: eran 59 fiscales en todo el país los que corrían peligro por investigar causas ligadas a organizaciones criminales. “Cinco de ellos tenían un riesgo alto. Y todos eran de la zona norte”, asevera.

El tema tiene alerta a Bravo. La violencia con la que actúan, dice, es algo delicado.

-Hay que tener algo en mente: el crimen organizado no amenaza, actúa. Las bandas como el Tren de Aragua no tienen límites. Matar es su negocio.

En 2022 se estableció un convenio entre el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Defensoría Penal Pública. Ahí, se acordaron una serie de puntos para mejorar la seguridad de los persecutores. Algo que, entre los funcionarios, consideraban clave.

-Los fiscales están expuestos, particularmente cuando van a los tribunales. Por eso, solicitamos, por ejemplo, que haya accesos diferenciados de los que usan los imputados y sus familiares. Porque hasta hoy entran por el mismo lado, y se exponen a amenazas o gritos -describe Bravo.

Lo otro que pedían era tener estacionamientos dentro del lugar de trabajo.

-Nos pasa también en Valparaíso -detalla Bravo.- Los fiscales no tienen suficientes estacionamientos en el edificio de la Fiscalía. Entonces tienen que estacionar donde sea, en la calle, o en supermercados. Ahí les rayan los vehículos o los insultan, o les sacan fotografías a los autos y las suben a redes sociales.

Según la encuesta, más del 70% de los fiscales dice que el convenio del 2022 no se está cumpliendo. Entre los puntos que piden está que no los mencionen por su nombre y apellido cuando presentan a los intervinientes en las audiencias. Porque eso los sobreexpone.

Ese mismo año, una noticia puso en alerta a Bravo. El 10 de mayo, el fiscal paraguayo Marcelo Pecci, que perseguía causas de carteles narco en ese país, fue asesinado de tres tiros durante su luna de miel en Cartagena de Indias, Colombia.

Eso, justamente, era lo que quería evitar en Chile. Por eso realizó sus dos encuestas y trata de visibilizar el tema. Lo que abruma a Bravo es la creciente noción de que la situación no está mejorando.

-Mira esto otro -dice apuntando la pantalla de su computador-: 82 fiscales, el 20% de los consultados, dicen que sienten que su situación de seguridad es peor que la del año pasado.

En la Fiscalía Nacional confirman que las amenazas contra persecutores han ido en aumento, ya que “han logrado desbaratar y condenar con éxito a bandas delictuales ligadas al crimen organizado”.

Para enfrentar esto, aseguran en el organismo, hay un equipo especializado a cargo del fiscal Héctor Barros, de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, dedicado a investigar las amenazas que puedan poner en riesgo la vida de los profesionales del Ministerio Público.

Asimismo, anuncian que se está elaborando una Política Integral de Seguridad para fortalecer estas medidas de protección. También se está discutiendo un proyecto de ley que permita omitir el nombre de los fiscales en las audiencias.

Bravo dice una última cosa.

-Yo entiendo que tenemos vocación de servicio, eso sin duda. Pero otra cosa es que se nos exija pasta de héroe. Yo creo que ahí hay un límite. Nosotros tenemos familia. Es importante que el Estado asuma la responsabilidad de protegernos también. Nosotros no queremos héroes. Pero tampoco queremos mártires.