Fractura expuesta: cómo la crisis de seguridad agudizó el quiebre del oficialismo

“Ministra, la necesitamos urgente en el Congreso”.

El miércoles, a las 15 horas, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, recibió el mensaje desde el equipo del Presidente Gabriel Boric. Al ser la única integrante del Frente Amplio en el comité político, y militante del partido del Mandatario (CS), en La Moneda esperaban que la periodista pudiese contener las tensiones de su sector y que al menos los integrantes de su bancada pudiesen votar a favor de todos los artículos de la cuestionada Ley Nain-Retamal, incluido aquel que entrega legítima defensa privilegiada a los carabineros.

Orellana partió de inmediato desde Santiago a Valparaíso obedeciendo la instrucción. Pero ya era tarde y la decisión estaba tomada. Aunque la ministra convocó a la bancada de Convergencia Social en la sala de reuniones del comité, conversó con los presidentes de los partidos del Frente Amplio y con algunos parlamentarios, no logró convencer a nadie. Minutos antes, la jefa de la bancada del Frente Amplio, la diputada Camila Rojas (Comunes), le había avisado a la ministra del Interior, Carolina Tohá; al ministro de Justicia, Luis Cordero, y a la subsecretaria Segpres, Macarena Lobos, que para ellos el artículo 7 de la ley en cuestión era una “línea roja” en la que no iban a transar.

La votación fue un golpe duro para el Presidente. Pese a que se aprobó, Apruebo Dignidad, una de las dos coaliciones que sustentan su gobierno y que es domicilio madre del Presidente, votó en contra. Por primera vez los parlamentarios más cercanos a él y los de su propio partido -como el diputado Gonzalo Winter, uno de sus mejores amigos- no votaban alineados con él y su gobierno. Y no solo eso; habían decidido ir al Tribunal Constitucional y así hacer todo lo posible para evitar la promulgación de la ley.

La situación para el Presidente era, a lo menos, incómoda. La tensión entre Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad era ya una fractura expuesta, toda vez que su propio sector decidió no seguir “entregándose” en materias que para ellos eran fundamentales.

Pero pasadas las 21 horas el escenario cambió y el golpe esta vez fue letal. Boric regresaba a su casa después de comer junto a Irina Karamanos en un restorán del barrio Yungay, donde vive, cuando recibió el llamado de la ministra Tohá:

“Presidente, balearon a otro carabinero”.

El Mandatario -que luego habló con el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez; el jefe de su escolta, Patricio Aguayo, y el fiscal nacional, Ángel Valencia- partió de inmediato a La Moneda. Tohá y el ministro de Justicia, Luis Cordero, fueron al hospital a ver el estado de salud del cabo Daniel Palma.

A las 2 de la madrugada, Palma falleció y Carabineros tenía otro mártir.

A esa misma hora, Apruebo Dignidad -a través de una conversación en el grupo de WhatsApp- se convenció de que no era conveniente insistir en el trámite del TC. El panorama había cambiado.

A las 9 horas del jueves un golpeado Boric promulgó las leyes de la agenda de seguridad, incluyendo Nain-Retamal. La imagen revelaba que el Mandatario se jugaba por adoptar una agenda de seguridad celebrada por la derecha y el Socialismo Democrático, aun a contrapelo del sector que él mismo formó. Y que ese sector decidió rayar sus límites, aunque implicara desmarcarse de la instrucción de su principal activo, el Presidente.

La tensión había reventado.

Lunes, comité político ampliado.

“No hay una estrategia del gobierno con respecto a la seguridad”, decía un ofuscado Diego Ibáñez, presidente de Convergencia Social, y advertía a los demás líderes del oficialismo de que se podrían haber tomado medidas distintas en seguridad. El avance de dos artículos de la Ley Nain-Retamal -bautizada peyorativamente como “gatillo fácil” por los mismos militantes de la coalición del Presidente- generaba preocupación en el Frente Amplio. Y así lo hicieron saber a los ministros con más incidencia en el gobierno.

Por lo mismo, en la primera votación en la Cámara de Diputados -el miércoles 29 de marzo-, la mayoría del Frente Amplio ya había optado por abstenerse en los artículos más cuestionados y otros, sumados al PC, por rechazarlos.

La semana siguiente, pese a todas las advertencias, la ministra Tohá intentó presentar indicaciones para la votación en el Senado -que se suponía que siempre fue la estrategia inicial-. Pero no tuvieron éxito en la comisión con las correcciones y el gobierno terminó cediendo aún más, aunque algunos ministros, como Orellana, valoraron los esfuerzos.

Los senadores de Apruebo Dignidad rechazaron los artículos, pero la Cámara Alta los aprobó y el proyecto debió regresar a la Cámara de Diputados.

En ese escenario, los parlamentarios de Apruebo Dignidad se enfrentaban a un duro dilema en la jornada de este miércoles: o acceder al llamado del gobierno para aprobar la norma con sus indicaciones o no ceder en sus convicciones.

En la bancada del Frente Amplio el debate fue tenso.

“Siempre nos dejan como culpables, pero esta es una línea roja”, planteaba uno de sus diputados en la mañana del martes, en una reunión de comité en el Parlamento.

“La ministra del Interior es del PPD, el subsecretario del Interior es del PS y el de Prevención del Delito también es del PPD, nos apuntan con el dedo, pero los ministerios vinculados a seguridad son del Socialismo Democrático”, criticó otro de los diputados del Frente Amplio.

La molestia de Apruebo Dignidad se hizo aún más evidente durante la tarde de ese martes, en la antesala de la votación en el Senado -en la que el PC y RD votaron en contra-. Mientras Tohá ordenaba a sus filas en el Congreso, en las afueras del Parlamento había una manifestación estudiantil en contra de la Ley Nain-Retamal convocada por universitarios de Santiago y Valparaíso. En ella, el diputado Ibáñez -presidente del partido de Boric- decidió participar y subir la imagen a su Instagram. En la foto, al lado de Ibáñez, aparecía protestando Matilde Salinas Tohá, estudiante de Derecho en la Universidad de Chile y militante de Convergencia Social. La hija de la ministra del Interior.

El miércoles, el Frente Amplio no estuvo dispuesto a ceder.

Así lo confirmó la diputada Rojas a las 14.00, en una reunión en la que Tohá -con mascarilla ese día, porque no se sentía bien- les pidió por última vez acceder a la solicitud del gobierno.

“No estamos quedando bien con quienes no votan por nosotros y tampoco estamos quedando bien con quienes votan por nosotros. Estamos quedando mal con todos”, explicaban desde Apruebo Dignidad.

También algunos sumaban otro antecedente al debate: “Nuestras bases están muy afectadas y se vienen elecciones el 7 de mayo”, decía otra parlamentaria de Convergencia Social.

En La Moneda quedaron con una mala sensación después de la cita. De ahí el apurado llamado a Orellana para que partiera a Valparaíso y conversara con la bancada. Esfuerzo que tampoco tuvo efectos.

“Nos trataron de convencer, pero hicimos ver que cada una juega su rol. Y en este tema tenemos líneas rojas. Fue una conversación sincera”, dice la diputada Francisca Bello (CS).

La ministra también intentó hacer un último esfuerzo con el diputado Ibáñez, pero no hubo caso. Minutos después, la Cámara de Diputados aprobó la Ley Nain-Retamal -con el rechazo de la coalición del Presidente- ante el duro cuestionamiento del Socialismo Democrático, que en esta ocasión estuvo alineado con el gobierno.

La molestia horas después explotó aún más, cuando, por la prensa, se enteraron de que el cabo Daniel Palma había sido asesinado.

En el Frente Amplio la crisis de seguridad activó otro debate: hace meses existe una sensación entre sus militantes de que han tenido que pagar más costos que el Socialismo Democrático y que varias veces han sido culpados de errores que no han estado en sus manos.

Así ocurrió cuando el 8 de marzo se rechazó la reforma tributaria en la Cámara de Diputados -reforma que era clave para el cumplimiento del programa y las reformas estructurales de Boric- por un solo voto, por lo que la desconfianza con la Segpres -liderada por la socialista Ana Lya Uriarte (hoy con licencia médica)- aumentó.

Algo similar ocurrió con la agenda rápida de seguridad y las leyes que se pusieron en tabla. Pero en esta ocasión, el foco de la crítica estaba en la ministra del Interior, por haberlos llamado a votar a favor de normas que, según ellos decían, eran contraproducentes con sus principios. También las críticas apuntaron nuevamente a la Segpres y al presidente de la Cámara Baja, Vlado Mirosevic (Partido Liberal), por su estrategia en el Congreso.

“Es cierto que en nuestra militancia hay una sensación de que el Frente Amplio termina pagando los platos rotos y las críticas más duras contra nuestro sector, y por parte de nuestros aliados y también se suma a ese coro la derecha, sectores llamados de centro que ponen el foco en Apruebo Dignidad como responsables de todos los males”, dice el presidente de Revolución Democrática, el senador Juan Ignacio Latorre.

A Marco Velarde, líder de Comunes, le ocurre lo mismo: “Es evidente que como Frente Amplio hemos sentido que en algunos momentos la crítica hacia nuestro sector ha sido mucho más dura que hacia el resto del gobierno”.

Durante la tarde del jueves, en una improvisada reunión en La Moneda, los presidentes de Apruebo Dignidad le expresaron ese malestar a sus pares del Socialismo Democrático y les hicieron ver que no estaban de acuerdo en la forma en que habían sido abordados y criticados por los militantes de los partidos de la ex Concertación.

La crítica más directa la hizo Lautaro Carmona, militante histórico y secretario general del PC, hacia Paulina Vodanovic, presidenta del PS, quien cuestionó abiertamente a la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), luego de la muerte del carabinero.

“Ella es la alcaldesa de Santiago, ella ha permitido el descontrol del comercio en el Paseo Ahumada”, aseguró la dirigenta socialista, ya que David Palma fue asesinado en su comuna.

Luego vinieron las críticas de todos los sectores de Apruebo Dignidad.

“¿Ignorancia u oportunismo? En vez de buscar aprovechamiento político, culpando a los municipios de atribuciones que no tienen contra las bandas armadas, la invito a sumarse y aportar al mayor desafío del país, que es la seguridad. En eso estamos en Santiago. Salga de la pequeñez”, respondió Hassler a través de Twitter.

Tras la reunión oficialista, representantes de partidos de oposición fueron a La Moneda. En esa cita, el Presidente pidió una tregua ante la constante tensión entre oficialismo y oposición por temas de seguridad. “Que esto no se convierta en una guerra de cuñas”, ha pedido incansablemente el Presidente.

Pero no solo eso, el Mandatario también ha pedido al oficialismo intentar mantener una unidad que se rompe cada vez más entre las coaliciones. A medida que avanza el gobierno, las diferencias ideológicas de fondo van quedando más expuestas.

El viernes 31 de marzo, Paulina Vodanovic renunció a la vocería de “alianza de gobierno”, la solución desesperada que habían entregado los partidos en noviembre para superar las diferencias de las dos almas oficialistas. Pero la comunicación está cortada a tal punto de que hay presidentes que no conversan entre sí.

Con ese escenario de fondo, en el Frente Amplio surgió una iniciativa: volver a articularse y retomar reuniones periódicas para que las líneas rojas de los partidos que representan la esencia del Presidente no se vuelvan a traspasar. Así lo hizo ver la ministra Orellana:

“Tenemos que retomar nuestros almuerzos”, les dijo a los presidentes de los partidos, antes de que terminara la semana.