La apuesta de Noboa tras su consulta de seguridad en Ecuador

Con varios disparos a la cabeza fue atacado el alcalde de Portovelo, mientras se encontraba afuera de una tienda del centro de dicho cantón, el viernes. Dos hombres en moto habrían participado de este hecho. Jorge Maldonado se convirtió así en el tercer alcalde que muere en Ecuador desde que el Presidente Daniel Noboa declaró el inicio de un conflicto interno armado el pasado 9 de enero.

Maldonado es el segundo alcalde de Ecuador asesinado en la presente semana. La noche del miércoles pasado a policía informó de la muerte, tras un ataque armado, del alcalde de Camilo Ponce Enríquez, José Sánchez.

El 24 de marzo, en tanto, había sido el turno de la alcaldesa Brigitte García, del cantón de San Vicente, quien fue encontrada muerta junto a su director de comunicación, Jairo Loor, en un vehículo con heridas de armas de fuego, según informó el Ministerio del Gobierno ecuatoriano. Con sus 27 años de edad, García era la alcaldesa más joven de Ecuador.

Una estela de sangre que había inaugurado el alcalde de Manta, Agustín Intriago, quien fue muerto el 23 de julio de 2023 durante un ataque armado cuando asistía a un evento deportivo. El asesinato del llamado alcalde “incorruptible” conmovió a Ecuador.

En medio de este escenario, los ecuatorianos votarán hoy en una nueva consulta popular que, de acuerdo con el gobierno, busca dar soluciones a uno de los problemas más agobiantes: la creciente violencia atribuida a bandas criminales relacionadas con el narcotráfico.

Es la tercera consulta popular para los ecuatorianos en poco más de un año. El gobierno anterior del Presidente Guillermo Lasso llamó a las urnas en febrero de 2023 también sobre temas de seguridad y ganó el “no”.

En los últimos tres años, Ecuador ha sido sacudido por una incontenible espiral delictiva que convirtió al país en uno de los más violentos del mundo, con una tasa que cerró el año pasado con más de 40 asesinatos por cada 100.000 habitantes y un creciente número de secuestros, extorsiones, asaltos y otros delitos.

La consulta popular y referéndum de este domingo tiene 11 preguntas en total enfocadas en las áreas de seguridad, justicia, empleo y arbitrajes internacionales. Luego de que en enero Noboa declaró el conflicto interno armado en el país debido a la escalada de violencia, el proyecto gubernamental de impulsar un referendo que permita a las Fuerzas Armadas participar en la seguridad interna y apoyar a la policía fue tomando impulso y se convirtió en la consigna del gobierno para obtener una respuesta ciudadana.

“Requerimos reformas urgentes que nos permitan blindar nuestra seguridad (...) Este proceso solo puede continuar, solamente puede sostenerse, si le damos a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas el respaldo claro y firme que estamos planteando en la consulta popular”, expresó Noboa durante un evento castrense en marzo.

En concreto, la papeleta electoral que los ecuatorianos recibirán en los puntos de votación estará dividida en seis preguntas para referendo (cambios a la Constitución) y cinco preguntas para consulta popular (reformas y temas de interés nacional).

Una de las preguntas más relevantes es la dirigida a permitir el apoyo permanente de las Fuerzas Armadas a la policía en operaciones contra el crimen organizado, sin necesidad de decretar estados de excepción. Asimismo, este referéndum pondrá en manos del voto de los ecuatorianos que los militares controlen los accesos a las cárceles del país, para evitar que las bandas criminales se rearmen después de que en los últimos meses se les hayan decomisado grandes arsenales de fusiles, pistolas, granadas, explosivos y armas blancas.

También, destaca el medio local Primicias, ha cobrado relevancia la cuestión para permitir las extradiciones de ecuatorianos que sean requeridos por la justicia de otros países.

Otras preguntas están dirigidas a elevar las penas de delitos ligados a la criminalidad organizada transnacional y también a eliminar los beneficios penitenciarios para los condenados por algunos de estos delitos, de manera que se vean obligados a cumplir toda la pena en prisión.

Del mismo modo, se pretende crear un delito nuevo de porte y tenencia ilegal de armas de uso exclusivo de Policía y Fuerzas Armadas y también permitir que el armamento incautado a las bandas criminales y delincuentes se destine para equipar a las fuerzas estatales.

Por otro lado, el gobierno también ha planteado agilizar la expropiación de bienes de origen ilícito, como forma de golpear a los entramados que usan las organizaciones criminales para blanquear dinero.

Uno de los objetivos de la consulta popular es que se permita el apoyo complementario de los militares a las policías sin la necesidad de decretar estados de excepción. Para ello, se necesitaría una reforma parcial de la Constitución. De aprobarse, las Fuerzas Armadas podrían dar su apoyo por un período de 180 días (más otros 30 prorrogables).

En palabras de Noboa, los ecuatorianos requieren “reformas urgentes que nos permitan blindar nuestra seguridad”. “Este proceso solamente puede continuar, puede sostenerse si le damos a la policía y a las Fuerzas Armadas el respaldo claro y firme que estamos planteando en la consulta popular”, señaló el presidente

Sin embargo, la medida ha generado ciertas dudas. Jorge Núñez, cofundador del centro Kaleidos en la Universidad de Cuenca -que en 2021 elaboró un diagnóstico de las cárceles ecuatorianas-, asegura que es “un error”. “En los últimos meses hemos visto que la militarización de las ciudades no funciona. Es tratar de apagar el fuego con gasolina”, dijo a BBC Mundo.

Las dudas también van por otro lado. Para el analista político y profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de los Hemisferios, Oswaldo Moreno, el presidente “está utilizando esta consulta para legitimar su período de gobierno” y constituirse en un líder fuerte con miras a “su intención de postularse a las elecciones presidenciales del próximo año”, según comentó a The Associated Press.

Coincide en ello Mauricio Alarcón, abogado y director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo. “Creo que no hay que sobredimensionar los efectos y el resultado de la consulta, pues en este caso la aceptación que podría darse con un resultado positivo respecto de las distintas preguntas no va a cambiar en mucho la situación lamentable que atraviesa el país en cuanto a su inseguridad, la crisis económica o la corrupción”, explica a La Tercera.

“Entonces, más bien creo que, aunque esto es valioso como mecanismo de democracia directa, como forma en que la ciudadanía se pronuncie sobre temas importantes para el país, es sobre todo una herramienta electoral para mantener viva la democracia de cara a lo que serán las elecciones de 2025. Así es que más bien lo que se juega Daniel Noboa este domingo no tiene que ver con la seguridad, tiene que ver con su imagen, su credibilidad y su posibilidad de entrar a un mandato de cuatro años en las elecciones del año próximo”, concluye.