La incógnita que cruza a los partidos: ¿Se podrá reencantar a la ciudadanía con una nueva Constitución?

Más de 20 millones de mensajes de texto invitando a participar en la elaboración de la nueva propuesta constitucional están siendo enviados por estos días a celulares en todo el país.

Los SMS (Short Message Service) son una de varias medidas que buscan urgentemente acercar a la ciudadanía a este proceso constituyente, que miran con distancia y escepticismo, según indican distintas encuestas.

La publicada hace pocos días por Espacio Público e Ipsos arrojó un gran desencanto con este nuevo intento por reemplazar la actual Constitución, siendo la desconfianza (41%) y la incertidumbre (35%) las emociones predominantes.

“Sólo un 33% está esperanzado y un 24% se siente alegre”, advierte Javier Sajuria, director de Espacio Público.

Estas cifras coinciden con las de la última encuesta Cadem, donde un 46% de los consultados respondió que votaría en contra de la nueva propuesta en el plebiscito del próximo 17 de diciembre (10 puntos más que hace dos semanas), un 34% dijo que la aprobaría (seis puntos menos) y un 20% no sabe o no responde.

Cristián Valdivieso, director de Criteria -otra de las empresas que han tomado el pulso a este largo y tormentoso proceso- señala que en estos momentos la mayoría de la población está en una posición de incertidumbre, “pero entre los que ya tienen una postura, aparecen más opiniones en contra que a favor. Ese es el dato de la causa”.

La desinformación es otro factor que juega en contra del proceso, advierte el cientista político y académico de la UDP Claudio Fuentes.

“Según la encuesta UDP-Feedback -publicada en abril-, un 83% se declaró poco o nada informado al respecto. Es decir, estamos ante un proceso que la ciudadanía observa con mucha distancia, con gran escepticismo y con baja legitimidad social. Lo paradójico es que la mayoría estima que es necesaria o importante una nueva Constitución”.

La Cadem publicada el domingo pasado ratifica el desinterés: sólo un 18% dijo haberse informado sobre el trabajo de los 24 expertos que sesionan mañana por última vez en el edificio del ex Congreso.

Uno de ellos, Domingo Lovera, representante del Frente Amplio, ha analizado en detalle los recientes estudios de opinión pública y concluye que hay tres grandes grupos que hoy se encuentran disociados de este proceso.

El primero es un porcentaje de personas que estuvo muy comprometida con el Apruebo en la etapa anterior y hoy sienten desilusión y desgano. El segundo es un grupo que siempre ha estado en contra de cualquier reemplazo constitucional y va a rechazar cualquiera sea la propuesta. Y un tercer conjunto que, independientemente de cómo votó en el plebiscito del año pasado, siente un hastío con el tema constitucional, explica el abogado y militante de Revolución Democrática.

¿Se puede dar vuelta el partido de aquí al plebiscito de salida?, es una de las incógnitas que hoy cruza a todas las fuerzas políticas.

Valdivieso cree que sí, pero que es difícil.

A su juicio, el principal problema –y al mismo tiempo desafío- que tiene hoy este proceso es que las personas no ven la Constitución como un dispositivo que puede promover cambios positivos en sus vidas, como sí lo creían antes.

“La gente quiere tener mejores ingresos, encontrar pega, está agobiada por las deudas y sus cobros en un momento en que el costo de la vida es altísimo, junto a ello, se ve afectada por la delincuencia y la inmigración y todos estos temas parecen demasiados distante del proceso constitucional”, advierte el sicólogo.

Aunque le llamó mucho la atención “la poca movilización social” que hubo durante el trabajo de la Comisión Experta que ella presidió, Verónica Undurraga confía en que a medida que la ciudadanía comience a conocer el contenido del borrador, empezarán a valorarlo y hacerlo suyo.

“Cuando me preguntan si soy optimista, contesto que soy persistente y tengo la esperanza de que este tema empiece de a poquito a permear en la ciudadanía cuando se le invite a participar”.

Para graficar su sensación, comenta una viñeta de un diario que vio hace unas semanas y que la identificó: “Eran dos personas en un gimnasio y una le decía a la otra: ‘La actividad física es como la Comisión de Expertos, a uno empieza a gustarle cuando se empiezan a ver los primeros resultados…’”, comenta la abogada que representó al PPD.

El gerente de Cadem, Roberto Izikson, también cree que se puede dar vuelta el partido: “Los números cambian, la gente cambia de opinión, como lo vimos entre la elección de la ex Convención y los comicios del 7 de mayo, o en el Brexit, por dar un ejemplo internacional”.

Para él, sin embargo, el clima adverso “no tiene nada que ver” con el contenido del documento, sino con la desaprobación al gobierno, la inseguridad, la inflación y otros problemas que hoy preocupan a los chilenos.

A modo de ejemplo, Izikson explica que la semana pasada, al medir el nivel de acuerdo con los dos primeros capítulos del anteproyecto (Fundamentos del Orden Constitucional y Derechos y Libertades, Garantías y Deberes), un 80% dijo estar a favor de su contenido, casi el mismo porcentaje cuando midieron hace unos meses la opinión sobre las 12 bases constitucionales definidas previamente por los partidos. “Hay una disonancia entre este alto apoyo y el 46% que respondió que votaría rechazo”, dice.

Este miércoles, tras una ceremonia que busca diferenciarse de la polémica jornada inaugural de la anterior Convención -el 4 julio de 2021-, asumen sus funciones los 50 consejeros electos hace poco menos de un mes.

Claudio Fuentes ve con escepticismo que esta instancia pueda repetir el exitoso trabajo de los expertos. “Dialogar y establecer acuerdos transversales sería la estrategia más adecuada, pero la más improbable”, dice.

Para los analistas consultados en esta nota, la gran responsabilidad de consensuar un texto que cuente con un apoyo transversal la tienen los republicanos, al tener la mayoría de escaños (22) y el poder de aprobar y rechazar las normativas.

“Siempre hemos considerado que este proceso ha estado desconectado de las prioridades de la ciudadanía. Por ello, el desafío será incorporar en el texto respuestas concretas a esos problemas, como por ejemplo, en materia de seguridad una condena al terrorismo, con la especial mención a que los actos de estas organizaciones violan los derechos humanos”, afirma Emiliano García, investigador asociado Ideas Republicanas, el think tank del partido fundado por José Antonio Kast.

El mensaje del líder del partido a sus consejeros en las dos jornadas preparativas realizadas en Casablanca fue actuar con prudencia y en forma ordenada y buscar acuerdos con las fuerzas que están en minoría.

Sin embargo, varias declaraciones de sus dirigentes más importantes han sembrado la duda. El domingo pasado, el presidente del partido, Arturo Squella, dijo en Mesa Central que si le hicieran escoger entre el anteproyecto y la Constitución actual, se quedaría con la segunda.

El exconvencional comunista Marcos Barraza cree que esta y otras declaraciones hechas por los republicanos, tras los comicios del 7/M, han contribuido a engrosar el porcentaje creciente de personas que a priori rechaza un proyecto constitucional

“La gente percibe el carácter instrumental, en términos regresivos, que republicanos le está dando a la discusión, sin abordar los problemas que hoy tiene el país, desde el punto de vista de la calidad de vida, los derechos sociales y la dignidad de las personas”.

A su vez, Sajuria cree que las bajas expectativas pueden jugar a favor: “Como la gente espera menos, puede ser que también se conforme con menos”.

En medio de este escenario en que nadie sabe muy bien para quién trabaja, una de las pocas certezas que hay es que las negociaciones serán muy estratégicas. Además de las normas que marcarán la vida del país en las próximas décadas, hay una serie de otros intereses cruzados en juego.

Tanto para Kast como para Boric es vital que se llegue a buen puerto.

Para el líder de republicanos -quien se mantendrá en un segundo plano durante estos meses y observará el partido desde arriba- el éxito del proceso validaría su liderazgo, que varios dirigentes de Chile Vamos buscan poner en cuestión y, de paso, pavimentaría varios metros más su camino a La Moneda en 2026.

Boric, en tanto, podría pasar a la historia como el gobernante que logró reemplazar la “Constitución de Pinochet” - como la llama su sector- y dar vuelta la página a una eterna discusión que ha rondado a todos los gobiernos.

Así lo dejó claro el miércoles pasado en su segunda cuenta pública, donde hizo un mea culpa por no haber atendido las señales de alerta que envió la ciudadanía durante el trabajo de la ex Convención y apoyar decididamente el proceso actual.

“No queremos una Constitución partisana (...) Tengo confianza que se buscará lograr un texto que pueda ser abrazado por una amplia mayoría de las chilenas y chilenos, de tal modo que podamos cerrar esta página y disponer de una certidumbre básica para desarrollar nuestras vidas y relaciones en sociedad”, dijo.

“Este win win entre el gobierno y republicanos -dice Valdivieso- puede empujar un acuerdo grande e impedir que la gente vote en contra, ya que habrá muy pocos actores a los que ir a pegarle con un voto de rechazo”.

Pese a la unanimidad, desde el PC a republicanos, con que se cerró el anteproyecto (que mantiene más de la mitad del contenido de la actual Carta Fundamental), Lovera advierte su fragilidad. “Probablemente no haya otro acuerdo constitucional de esta envergadura en la historia de Chile, pero a pesar de ello, es muy frágil”, dice.

Mientras tanto, la secretaría de participación -integrada por equipos de la U. de Chile y la U. Católica- se prepara para debutar este miércoles con el objetivo de reencantar a los chilenos y chilenas. Por de pronto, hay mil cupos para inscribirse en diálogos ciudadanos y quedar en la historia de la nueva Carta si es aprobada el domingo 17 de diciembre.