La receta inglesa para reformar a la policía

Todo comenzó la noche del sábado 6 de agosto de 2011, cuando un grupo de manifestantes realizó una protesta frente a una comisaría en el barrio de Tottenham, al norte de Londres. ¿La razón del reclamo? Exigir explicaciones y una investigación por la muerte de Mark Duggan, quien había fallecido a tiros a manos de la policía dos días antes. La versión policial señalaba que el ciudadano negro, de 29 años, estaba armado y murió durante un tiroteo que se inició luego de que una bala alcanzara la radio de uno de los agentes. Sin embargo, según reportó el diario The Times, un testigo aseguró que Duggan murió producto de un disparo tras ser reducido en el suelo por la policía.

Esto gatilló un panorama dantesco, con disturbios, saqueos, incendios de edificios y buses, los que si bien partieron en el norte de Londres, luego se extendieron hacia otras ciudades en Inglaterra, como Birmingham, Liverpool, Nottingham, Manchester y Salford. Los disturbios ocurrieron durante cinco días y dejaron cinco muertos. Se estima que participaron unas 20 mil personas, se produjeron más de cinco mil arrestos y todo tuvo un costo de US$ 646 millones. Se trató de la mayor ola de disturbios en Reino Unido desde los 80 y la más prolongada y generalizada en Londres desde los disturbios anticatólicos de Gordon en 1780.

Un estudio realizado por la casa de estudios London School of Economics (LSE) y el diario The Guardian, en el que entrevistaron a 270 personas que participaron en los disturbios, reveló que la desconfianza, la antipatía, la frustración y el descontento general en el trato que tiene la policía hacia las comunidades fueron los detonantes de los disturbios.

Ante esta situación, el entonces primer ministro conservador, David Cameron, que se encontraba de vacaciones en Italia, suspendió su descanso y contactó al excomisionado de la policía de Nueva York, Bill Bratton, para discutir sobre cómo trabajar en una estrategia policial para responder a la violencia. Bratton dijo que la policía británica necesitaba enfocarse en calmar las tensiones raciales trabajando más con líderes de las comunidades y grupos de derechos civiles, y señaló que las comunidades no podían “escapar” del crimen de pandillas mediante arrestos. Además, aconsejó emplear más agentes de policía de las comunidades de minorías étnicas como una posible solución a largo plazo para evitar que se produzcan disturbios en el futuro.

En un comienzo, Cameron se negó a hacer una investigación pública a gran escala, como la realizada por Lord Scarman después de los disturbios de Brixton en 1981. El premier dijo que las bandas callejeras eran la raíz del problema. También rechazó que las medidas de austeridad impuestas por su gobierno en 2010 para reducir el déficit público influyeran en los disturbios. “Lo que sabemos con certeza es que en gran parte del país esto fue pura criminalidad”, señaló en esa oportunidad.

Sin embargo, este argumento ha sido refutado por los académicos que realizaron investigaciones sobre el tema y cuyas conclusiones luego fueron consideradas por el mismo gobierno, como ocurrió con el trabajo hecho por el LSE. De hecho, descubrieron que el rol que habían tenido las pandillas había sido mínimo y que incluso durante los disturbios se había producido una suerte de tregua entre éstas.

Una de las primeras medidas que tomó el gobierno fue desplegar 1.700 agentes en las zonas afectadas por la violencia. Pero la policía fue criticada por no contener los disturbios. La Unidad de Orden Público CO11, que alguna vez fue considerada como una de las mejores del mundo en contener disturbios, estaba exhausta. Incluso, sus agentes dormían en las vans, señaló The Guardian.

En diciembre de ese año la entonces ministra del Interior, Theresa May, anunció que se haría una revisión de la política de “detener y registrar” que había iniciado el gobierno. Esto, porque la investigación del LSE encontró que el 86% de quienes habían participado en los disturbios citaron la actividad policial como un factor importante o muy importante en las protestas.

Ya antes de los disturbios, en julio de 2010, el gobierno había lanzado un proyecto de ley en el que se proponía una reforma a la policía, en la que se planteaba la creación de comisionados de policía y se cambiaba el equilibrio de poder con los jefes de policía. En el centro de las propuestas del gobierno se encontraba una revisión completa del control local de las fuerzas policiales. Finalmente, la ley fue aprobada en septiembre de 2011 y las primeras elecciones de comisionado (civil) para 41 de las 43 fuerzas policiales territoriales de Inglaterra y Gales se realizaron en noviembre de 2012 y se llevan a cabo cada cuatro años.

El comisionado (PCC) es elegido directamente por la ciudadanía y el jefe de policía le debe rendir cuentas, lo que significa que los comisionados pueden contratar y despedir a los jefes de policía. En su descripción se señala que su “rol es ser la voz del pueblo y hacer que la policía rinda cuentas. Son responsables de la totalidad de la vigilancia”. “Los PCC tienen como objetivo reducir la delincuencia y brindar un servicio policial eficaz y eficiente dentro de su área de fuerza”, añade el texto.

A ello se sumó que un panel multipartidista realizó una investigación y propuso medidas para disminuir las posibilidades de que el desorden masivo estallara nuevamente. Aunque se realizaron 63 recomendaciones y solo se implementaron 11. Las recomendaciones abarcaron seis temas, desde la relación de los padres con los hijos y la educación, hasta la relación de las distintas comunidades con la policía. Sobre este punto se destacaba la necesidad de aumentar la confianza en la policía. “Creemos que comunicar sobre la acción policial debe considerarse tan importante como la acción en sí. La policía reconoce que necesitan mejorar la forma en que se comprometen con sus comunidades”, señaló el reporte realizado por el panel.

Por otro lado, el gobierno también lanzó un reporte que, entre otras medidas, pidió mejorar la respuesta de la policía frente a los disturbios y que se hiciera una revisión de las tácticas policiales. Para ello se recomendó aumentar el número de oficiales entrenados en desórdenes públicos.

En su comparecencia ante la Cámara de los Comunes en 2011, Sir Denis O’Connor, a quien May le encargó la tarea de revisar las políticas de vigilancia del orden público tras los disturbios, dijo que las tácticas defensivas de “mantenerse firmes, contener y proteger” utilizadas para las manifestaciones y protestas tenían que ser reemplazadas por tácticas de “avanzar y arrestar” para disolver grupos de alborotadores.

La Policía Metropolitana de Londres creó el nuevo Comando de Crimen de Pandillas Trident en febrero de 2012, para permitir una respuesta específica y eficaz a las pandillas y la violencia de pandillas.

Luego de los disturbios de 2011 en Londres y en otras ciudades de Inglaterra, el entonces primer ministro británico David Cameron se contactó con Bill Bratton, excomisionado de la policía de Nueva York y una figura destacada en las tácticas de lucha contra el crimen urbano. Bratton es un defensor de la llamada policía comunitaria, un enfoque basado en la idea de inundar las calles con agentes que están inmersos en la vida cotidiana de las personas en lugar de usarlos simplemente para reaccionar o responder a eventos específicos.

Cameron buscaba que se convirtiera en el comisionado de la Policía Metropolitana de Londres, pero la ministra del Interior, Theresa May, y otros dijeron que se requería que el comisionado fuera ciudadano británico. En cambio, a Bratton se le ofreció un papel de asesor del gobierno, que aceptó en agosto de 2011.

Bratton trabajó durante el período de alcaldía de Rudy Giuliani, y fue él quien comenzó a utilizar lo que se conocía como la teoría de las “ventanas rotas”: la idea de que si los delitos menores quedan impunes, eventualmente conducirán a delitos mayores. Actualmente, es el presidente del Consejo Asesor de Seguridad Nacional del gobierno de Estados Unidos.