Las culpas administrativas en la muerte de Lissette Villa

En las fotografías, la niña parece alegre. En una de ellas, muestra en su sonrisa la dentadura incompleta de sus pocos años; en otra, todos sus dientes configuran una hilera menos expresiva. El flequillo corto cambia con el tiempo a uno que le cubre las cejas. En las dos imágenes, las que más han circulado con su rostro, Lissette Villa Poblete mira directo a quien la retrata, inclina la cabeza y sonríe.

¿Cuán feliz llegó a ser? Su muerte, a los 11 años, en el Centro de Reparación Especializada de Administración Directa (Cread) Galvarino del Sename, el 11 de abril de 2016, dejó suspendida esa pregunta y su cara redonda, blanquecina, infantil, abrió los ojos a los horrores del Servicio Nacional de Menores (Sename).

Por algunos centros dependientes del Estado, Lissette -vulnerada, desatendida por sus padres, inquieta- deambuló desde demasiado pequeña, alejada de una familia disfuncional. En el Cread Galvarino, donde estaba desde 2014, se suponía que debía ser protegida, pero algo salió mal.

A más de tres años de su muerte, que el Servicio Médico Legal catalogó como "asfixia por sofocación producto de compresión mecánica externa", la Contraloría General de la República terminó el sumario administrativo por la muerte de Lissette.

Se trata de una investigación que acumuló 21 tomos, en más de nueve mil páginas. Allí figuran 106 declaraciones de testigos, 135 oficios para recopilar información y más de 200 diligencias en las que aparecieron nuevas torturas a menores y que la tarde del viernes fue notificada a la actual directora del Sename, Susana Tonda.

Mientras la fiscalía formalizó a cuatro funcionarias por el delito consumado de apremios ilegítimos, el organismo contralor propuso sanciones, que deben ser zanjadas por el Sename, para 11 personas. También recomendó absolver a tres profesionales que fueron indagados, entre ellos la sicóloga que atendía a la menor.

En el caso de quienes estuvieron involucrados directamente en la muerte de la niña, las educadoras Thiare Oyarce García y Conne Fritz Castillo, se postula la destitución por la "grave situación de maltrato, específicamente de perjuicio o abuso físico, que implicó un trato cruel, inhumano y degradante para la niña L.V.P., en absoluto desmedro de sus derechos fundamentales".

Aunque ninguna de ellas hoy está trabajando en el Cread, de ser aplicada la medida quedan invalidadas por un periodo de cinco años para cualquier labor, de toda índole, en el servicio público. Ambas pueden apelar a la resolución una vez que son notificadas, pero dada la gravedad del caso y el largo periodo que tomó la investigación, fuentes consultadas explican que es improbable que no se sigan las instrucciones de Contraloría.

Para la exdirectora regional metropolitana del Sename María José Montero Barra, se propone la suspensión del empleo por dos meses, con 50% del salario y una anotación de demérito de seis puntos en la calificación. A ella se le acusa de no haber manejado adecuadamente, desde su cargo de coordinación, el excesivo número de residentes en Galvarino, lo que implica, más allá de sus alegatos de que intentó manejar la situación, una falta a los deberes de su cargo.

A Patricia Monje Lutjens, exdirectora del Cread Galvarino, se le imputa la contravención de los deberes funcionarios por no haberse esmerado en que se diera cumplimiento a los protocolos existentes para tratar las crisis de los menores y se postula una suspensión de dos meses con la mitad del sueldo y un demérito en su calificación.

Para Marcela Labraña Santana, exdirectora del Sename, la absolución, ya que no se habría acreditado su responsabilidad en las vulneraciones reiteradas que sufrió Lissette.

El Ministerio Público tampoco perseveró en la indagatoria contra ella.

El próximo mes, el Cread Galvarino, ubicado en Bascuñán Guerrero 910, en Estación Central, terminará el traslado de los menores que aún permanecen en el recinto y será cerrado. El centro, que se transformó en el símbolo de cómo el Estado les fallaba a los niños que tenía a su cargo, tenía, según constató Contraloría, una serie de problemas de base que conforman -en ese hilo donde se encadenan los errores- un escenario en que la muerte de Lissette no resulta inesperada.

"La falta de un debido y correcto conocimiento e implementación de los protocolos y planes de emergencia para atender situaciones de crisis (...); la falta de implementación de equipamiento médico para la atención de situaciones de crisis que impliquen riesgo vital para quienes habitan y ejercen funciones en dicho centro; sobrepoblación de niños; falencias en cuanto al otorgamiento y aseguramiento de atención de salud y prevención de enfermedades en relación con los niños del referido centro, y otros requerimientos de personal y materiales", son parte de las fallas estructurales detectadas.

En el caso específico del incidente con Lissette, el sumario consigna que el plan para calmarla -ese día su mamá, Juana, quien vive en Tiltil, había faltado a una visita programada, lo que había acrecentado la ansiedad de la niña, que además recibía tratamiento farmacológico- no se ajustó los protocolos vigentes que sí permiten la reducción física de los menores en determinadas circunstancias.

Así se estableció, tal como acusa la fiscalía, que Oyarce y Fritz tuvieron un proceder negligente y excesivo. "Una de las educadoras de trato directo se sentó sobre la espalda de la niña, que se encontraba boca abajo, mientras se le restringía el movimiento de su cabeza y extremidades, lo que excedió el margen de acción permitida" (...). Las funcionarias que intervinieron en la situación de crisis que afectaba a la niña no contaban con formación alguna en materias de atención infanto-juvenil, lo que evidenció una insuficiencia del precitado perfil de cargo en lo relativo a las competencias y habilidades requeridas para el cumplimiento de dicha labor", detalla el escrito.

Las conclusiones coinciden con la información que maneja el Ministerio Público.

Lissette, de cara al piso, intenta zafar ese 11 de abril de la fuerza que la mantiene contra el suelo, se araña las mejillas al mover la cabeza. Cuando intentan reanimarla esa tarde, pasadas las 20 horas, se fractura una de las costillas de ese cuerpo que no mide más de 1,50 metros y que ha pasado gran parte de sus días al amparo de cuidadores. Las últimas imágenes de su rostro son esas: moretones y rasguños sobre una piel aún más pálida.

La muerte de Lissette encarna lo peor que el sistema le puede hacer a un niño a su cargo, pero el maltrato que padeció no es único.

En el resumen de 86 páginas en que Contraloría determina sanciones por su caso -y que fue solicitado en su momento por la diputada Marcela Sabat y la exparlamentaria Claudia Nogueira- se mencionan otros casos de apremios. El 13 de mayo de 2017 se lee: "Se efectúo una contención física al niño de iniciales B.L.C., residente de Casa Nacional del Niño, por parte de las funcionarias Marcela Morales Cordero y Marión Gutiérrez Valdés, la cual no se ajustó a las disposiciones contenidas en los protocolos que la regulan (...). A ello se agrega que no se solicitó apoyo ni se informó lo que estaba ocurriendo cuando se detectó la crisis que estaba afectando al niño B.L.C., sin que tampoco consten los intentos por utilizar la comunicación y/o persuasión" de forma previa al procedimiento. Para ambas se propone suspensión de empleo de dos a tres meses, con la mitad del salario y una anotación de demérito de seis puntos.

Además, se comenta la falsedad en la entrega de horas clínicas sicológicas a al menos cuatro menores que habrían sido supuestamente atendidos en días en que las profesionales a cargo de sus casos no se presentaron a trabajar. Para ellas también se propusieron sanciones.