Llaitul condenado: los pasos finales tras la caída del líder de la CAM

“Como organización, como Coordinadora Arauco Malleco (CAM), hacemos un llamado a cada uno de los representantes de los Órganos de Resistencia Territorial (ORT) y a las comunidades que están bajo el control territorial a desarrollar con más fuerza sus procesos de lucha en contra de las forestales, nuestro enemigo histórico”, amenazó bajo la lluvia Héctor Javier Llaitul Carrillanca (56), la mañana del 8 de enero de 2020, tras conocerse que el weichafe (guerrero) Daniel Canío Tralcal había sido condenado a más de 15 años de prisión por un atentado incendiario en la Región de La Araucanía.

“Hacer un levantamiento, un levantamiento político y militar del pueblo nación mapuche en contra de las forestales”, complementó el autodenominado werkén o vocero de la CAM, histórico grupo que utiliza la violencia armada como herramienta política en la zona sur del país. En ese momento sus palabras le valieron ser denunciado por el entonces intendente, Víctor Manoli (RN), acción que dio inicio a una investigación de más de tres años en la que el pasado lunes Llaitul terminó condenado por los delitos de incitación contra el orden público y apología a la violencia -ambas de la Ley de Seguridad del Estado-; usurpación violenta, hurto de madera y atentado contra la autoridad. La sentencia será dada a conocer el próximo 7 de mayo y el werkén arriesga hasta 25 años de presidio.

Pero a inicios de 2020, tanto el Ministerio Público como la Policía de Investigaciones (PDI) se enfrentaban, nuevamente, a una figura un tanto esquiva para la justicia. Si bien Llaitul ya había cumplido una condena de cinco años de prisión por el atentado armado al entonces fiscal Mario Elgueta en La Araucanía, en 2008, la última vez que había sido investigado había resultado absuelto. Se trató de la Operación Huracán, en la que durante el año 2017 personal y altos mandos de la Inteligencia de Carabineros de Chile se confabularon para inventar pruebas en contra del comunero.

“Actuamos también sobre la base de la experiencia reunida. Ya se había intentado en alguna oportunidad una imputación por asociación ilícita en contra de la CAM y se había fracasado. También habíamos intentado imputaciones por Ley de Seguridad del Estado, en las que también nuestra pretensión había sido rechazada”, comenta el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, quien fue parte del “nuevo diseño” para desbaratar las operaciones de la agrupación terrorista.

El primer paso fue comenzar a “escuchar” con autorización judicial las conversaciones de Héctor Llaitul. “Se inicia una serie de diligencias que tienen que ver con intervenciones telefónicas, vigilancias, seguimientos, que nos permitieron darnos cuenta de cómo este sujeto organizaba, planificaba y daba los elementos logísticos para la comisión de delitos violentos, comenta el subprefecto Juan Carlos Bustos, jefe de la Prefectura Macrozona Sur de la PDI. De esa manera, la policía llegó, por ejemplo, a una llamada telefónica que el mismo Llaitul tuvo con su pareja, Carolina Manqueo, el 29 de noviembre de 2020, en la que habló de la superioridad de la CAM por sobre otros grupos de la zona:

-Uh, pero no, no cualquier mapucherío, sino los mapuches pasao a película, usted sabe (...), los pasao a pólvora, los pasao a “chem” (atentado) (...), los verídicos poh, como dice acá el Nano (Ernesto, hijo de Llaitul), los verídicos -se escuchó en la conversación-.

En esa llamada, Llaitul también le expresó a su pareja su preocupación por el “extractivismo de las mineras” en la comuna de San Juan de la Costa, en la Región de Los Lagos. Luego, en la tarde del 7 de diciembre de 2020, la conexión de su teléfono con las antenas de telefonía situó a Llaitul en las cercanías de Osorno. Y tan sólo horas después, el 8 de diciembre de 2020, a las 2 horas, un nuevo atentado incendiario se produjo en la misma comuna de San Juan de la Costa, en el que se dejó un lienzo con el mensaje “fuera las mineras”.

Un patrón que se repetiría en decenas de otros ataques: casi siempre Héctor Llaitul estaba cerca del epicentro de los atentados que se adjudicaba la CAM. El desafío de la investigación era definir y probar cuál era su verdadero rol.

En el veredicto condenatorio que fue leído el pasado lunes por la juez Rocío Pinilla, del Tribunal Oral en lo Penal de Temuco, un elemento llamó la atención: en ninguno de los 54 atentados incendiarios que fueron investigados en cuatro regiones del país se logró establecer que Héctor Llaitul hubiera participado como autor material de los hechos. “Nosotros sabíamos que él ya no iba a participar directamente en los atentados. Hay varias razones. Por ejemplo, es una persona que tiene cierta edad, que ya no tiene la misma condición física que tenía hace un par de años”, explica el fiscal Roberto Garrido.

Por ello, complementa el persecutor, la investigación se enfocó en tratar de demostrar que Llaitul “lo que hace es generar el ambiente y proporcionar los medios para que los atentados se concreten. Está en los sectores donde ocurren, participa en la preparación de los atentados, en la entrega de armas y en la difusión de estos mismos atentados”. Allí, las grietas que el mismo comunero iba dejando en sus comunicaciones sorprendieron a los investigadores. “Aquí tiene una implicancia la ruralidad en la que él vivía. Hay zonas en las que no existe señal de internet, lo que lo obligaba a utilizar la telefonía básica para comunicarse y para dar a conocer algunas cosas que estaba realizando”, explica el subprefecto de la PDI Juan Carlos Bustos.

De esa manera, el centenar de llamadas entrantes y salientes de los teléfonos intervenidos que tuvo Llaitul durante los casi tres años de la investigación entregaron datos concretos: por ejemplo, tan sólo entre noviembre de 2020 y enero de 2021, el werkén siempre estuvo cerca del epicentro de al menos ocho atentados incendiarios en la Macrozona Sur. Y en los diálogos, aseguran los investigadores, se reforzó aún más la hipótesis de su rol de liderazgo en las acciones armadas, por ejemplo, como redactor de los comunicados con los que la CAM se adjudicaba los atentados:

-¿Qué más se cuenta por ahí? ¿Qué más se dice de los chem (atentados), todo eso? Nos están pidiendo un comunicado de los medios -le pregunta Llaitul a su pareja, Carolina Manqueo, en una llamada del 6 de enero de 2021-. Piensan que estamos muy detonados -complementó luego el hombre-.

Tras su detención el 24 de agosto de 2023, se pudo acceder a una pieza clave: en sus bolsillos se encontró el teléfono con el que se comunicaba. Y en su interior estaba el registro de cientos de comunicaciones por las aplicaciones WhatsApp y Signal que Llaitul nunca había borrado. En ellos, según los jueces que lo condenaron, quedó en evidencia el rol de líder y organizador de Llaitul en los atentados.

Por ejemplo, el 6 de junio de 2022, el líder de la CAM instruyó a su hijo Ernesto para trasladar armas que serían utilizadas en atentados en el sur. Diálogos en que las palabras clave eran “temas” o “temitas” para referirse a las armas y “porotos” para hablar de las municiones:

-Algo me dijo el Tralkalufe, ese loco. Así que… que los hombres tenían algo, pero necesitaban un ‘temita’ -dijo Llaitul en un mensaje de audio que fue recuperado-. Y yo les dije que hablaran con Tonra, en una de esas se les pasa algo, porque para allá pa’l sur igual hay su algo, pero necesitan ‘porotos’, así que ‘porotos’ del 20 (calibre de la munición), así que para el sur se puede resolver con lo que hay y apoyar con uno o dos más, no más -concluyó-.

Minutos más tarde, incluso, le dijo a Ernesto que su hermano, Pelentaro Llaitul, había encontrado un lugar donde realizar ataques en la comuna de Máfil, Región de Los Ríos, por lo que necesitaba armas:

-Oye, el Pelochoclo (Pelentaro) dice que encontró una veta rebuena para el sur, así que trata de ir tú con Tonra, consíguete un móvil no más que te vaya a dejar con los ‘temitas’. Déjale uno a los Sonri y era” -dijo Llaitul-.

El resultado fue que al día siguiente, el 7 de junio de 2022, efectivamente ocurrió un atentado incendiario contra maquinaria forestal de propiedad de Forestal Nahuelbuta en el predio Santa Loreto, sector El Ciruelo, en la comuna de Máfil. “Todos estos antecedentes demuestran el tipo de liderazgo que Héctor Llaitul ejercía en la Coordinadora Arauco Malleco. Es él quien toma todas las decisiones en la CAM. No hay un órgano consultivo, no hay nadie sobre él en la estructura jerárquica. Incluso, él mismo sostiene que ‘no hay ningún fusil que se mueva sin que yo lo sepa’”, asegura el fiscal Garrido.

Si bien en el juicio en contra de Héctor Llaitul no se pudo probar que haya actuado directamente en atentados incendiarios, la investigación sí logró acreditar que participó de dos hechos que le valieron condenas por los delitos de usurpación violenta, hurto y atentado en contra de la autoridad.

El primero de ellos se produjo el 10 de febrero de 2021, cuando un grupo de encapuchados armados tomó por la fuerza el predio San Sebastián, en la localidad de Selva Oscura, comuna de Victoria, en La Araucanía. Allí, conversaciones telefónicas y la ubicación dada por las antenas de telefonía móvil lo situaron al interior del terreno. Pero la principal prueba de la Fiscalía fue el “Testigo 24″, único testigo de identidad reservada o “rostro protegido” que se utilizó en el juicio.

Se trató de un hombre que aseguró que la mañana de ese día, en las cercanías del fundo, un hombre armado y vestido con pasamontaña, a quien identificó como Héctor Llaitul, “le realizó una serie de preguntas sobre diferentes vías para salir del sector”. Lo identificó, dijo, “porque era una persona conocida en la televisión”. “De la centena de personas que se ofrecieron para declarar, solamente a cinco se les reservó la identidad. De esos cinco, sólo uno declaró. El resto se arrepintió, no lograron sobreponerse al temor que les generaba la situación”, confiesa hoy el fiscal Garrido.

El segundo caso de usurpación violenta ocurrió el 12 de marzo de 2021 en el predio forestal Los Pasteles, en la comuna de Chol-Chol, en La Araucanía, cuando un grupo de sujetos armados y encapuchados se tomó el terreno y repelió a tiros la presencia de Carabineros, dejando dos funcionarios heridos. Acá, nuevamente, las conversaciones interceptadas y la ubicación de antenas de telefonía situaron, según la justicia, con total claridad a Llaitul como parte de los usurpadores. Aunque, también, como culpable del posterior robo de madera en un predio que aún no puede ser recuperado por sus dueños.

-Por aquí estamos maderiando, maderiando -le dijo Llaitul a su amigo Leo Anticán con el ruido de las motosierras de fondo en una llamada telefónica horas después de la toma del predio-.

Meses más tarde, el 9 de julio de 2021, la muerte del weichafe de la CAM Pablo Marchant (29), en un enfrentamiento armado con Carabineros en terrenos de la Forestal Mininco, en la comuna de Carahue, Región de La Araucanía, fue un punto de quiebre en la investigación contra Héctor Llaitul. Con su teléfono intervenido, la PDI pudo escuchar cuál fue la reacción del comunero con las primeras versiones que decían que el sujeto abatido había sido su hijo Ernesto.

-Es un dolor que lo vamos a cargar siempre, pero el Nanito (Ernesto) murió como vivió -le dijo esa noche Llaitul a la pareja de su hijo, Javiera Plaza-. Murió luchando, lamien, combatiendo -complementó-.

Esa noche el fiscal regional Roberto Garrido recibió en su teléfono personal la llamada de un abogado a nombre de Héctor Llaitul. “Me pide que les autorice el reconocimiento del cuerpo en el lugar y yo les dije que podían hacerlo en dependencias del Servicio Médico Legal por temas de seguridad”, relata Garrido. En eso, el mismo Llaitul tomó el teléfono. “Alguien se identifica como Héctor Llaitul, no me consta que sea él, pero se notaba que estaba muy afectado y me pide que haga un gesto de humanidad”, recuerda el fiscal.

Tras ver el cuerpo en el sitio del suceso, Llaitul concluyó que no era su hijo. Se trataba en realidad de Pablo Marchant, a quien, según las mismas escuchas, el werkén quería expulsar de la CAM. A pesar de ello, su muerte le dio una nueva plataforma a Llaitul y su organización. “De alguna forma la muerte de Marchant lo beneficia. Luego de ese hecho, Llaitul aviva más la figura del weichafe y se produce un alza importante en los ataques incendiarios en la zona”, explica Garrido, apuntando a la aparición de nuevas y variadas Organizaciones de Resistencia Territorial (ORT).

Al mismo tiempo, la seguidilla de atentados les entregó información fresca a los investigadores. “La evidencia que nosotros tenemos es que hay una coincidencia balística muy importante en todos los atentados que se adjudican distintas ORT. Esto quiere decir que las armas que se utilizan en los diferentes atentados son básicamente las mismas”, señala el fiscal Garrido. “Si las distintas ORT usan las mismas armas, parecen entonces que no existen distintas ORT: sino que son el mismo grupo de sujetos que se cambian de nombre para aparentar ser más”, concluye el fiscal.

Esta hipótesis se ha visto reforzada con la drástica baja en los atentados incendiarios en la Macrozona Sur luego de la detención de Llaitul, a la que siguieron semanas después la aprehensión de sus hijos Ernesto y Pelentaro, junto a su sobrino Bastián. De acuerdo a cifras oficiales, al 14 de abril pasado los ataques habían disminuido un 35% respecto del mismo periodo de 2023, y bajado de un 51% en contraste con el mismo periodo del año 2021.

La defensa de Héctor Llaitul, quien acusó que el juicio en su contra era de carácter político, replicó que las pruebas rendidas “no alcanzaron a superar el estándar de duda razonable” y que con la condena se está tratando de “resolver un conflicto histórico por medio de la criminalización”.

Los investigadores estiman que hoy cerca del 60% de la CAM está desarticulada. Pero el gran desafío, aseguran las mismas fuentes, es saber dónde están las armas utilizadas por la organización. Entre ellas fusiles de guerra y el dinero que, según la investigación, era enviado desde el extranjero y obtenido también por el robo de madera.