“Quiero decirle algo y, por favor, póngalo en mi declaración”. El oficial de la Brigada Investigadora Anticorrupción (Briac) de la PDI que estaba terminando de tipear, miró al abogado Jorge Frites, jefe de gabinete del senador PS Rabindranath Quinteros, y asintió.

“Quiero que ponga explícitamente que me parece que existe un abuso de parte de la fiscalía en pedir que alce voluntariamente el secreto bancario de mis cuentas, cuando me está citando a declarar como testigo. Entiendo que este abuso no sólo lo están cometiendo conmigo, sino con el resto de los funcionarios del Senado a quienes interrogan sin que haya una imputación precisa”.

Este tenso diálogo quedó registrado en la carpeta de investigación que tramita el fiscal jefe de Alta Complejidad Oriente, Felipe Sepúlveda. Ese caso, denominado “Asesorías parlamentarias”, se abrió a fines de 2017, cuando se denunció un “copy paste” en los informes que el entonces candidato presidencial Alejandro Guillier contrató para sus labores como senador.

A tres años del inicio de esta indagatoria, el Ministerio Público se apronta a tomar definiciones judiciales. Luego de analizar la situación de más de 1.200 profesionales contratados como personal de apoyo en la Cámara Alta, la investigación se acotó a 40 personas (ver infografía) cuyas rentas, costeadas por el Fisco, “escaparon del límite superior de control” durante el periodo de investigación que va de 2012 al 2018.

Si bien en un inicio la apertura de la causa penal por parte del fiscal regional Manuel Guerra fue a propósito de la denuncia de radio Biobío sobre los llamados “copy paste”, el jefe de la Fiscalía Oriente amplió la indagatoria a todos los gastos de los miembros de la Cámara Alta durante esos seis años.

Al interior del equipo investigativo a estos asesores del Senado los llaman “los 40 principales”. Los tienen ordenados alfabéticamente en una lista y son el foco de las solicitudes de alzamiento de secreto bancario que solicitará la fiscalía ante la justicia, luego de que un traspié en una respuesta de la secretaria del senador Manuel José Ossandón, María Paz King –imputada en este caso-, allanara la posibilidad de pedir la medida intrusiva con el propósito de investigar si hay defraudación al Fisco en estos contratos.

Jorge Orlando Frites López está signado con el número 26 en el listado de los 40 asesores del Senado que están en la mira. El abogado, quien durante toda su carrera se ha desempeñado en el sector público, trabaja desde el 2014 con el senador Quinteros. A él lo conoció cuando era intendente en la X Región y Frites fue su asistente jurídico. El día que fue citado por la PDI dijo no ser militante, pero sí simpatizante del Partido Socialista. El análisis de remuneraciones del personal de apoyo en la Cámara Alta había arrojado un factor de sospecha en su renta: en menos de dos años su sueldo –pagado por el Senado- se incrementó de forma considerable. En 2014 ganaba $ 2.500.000 y en 2016 pasó a recibir $ 4.400.000. “Fue porque pasé a jornada completa”, explicó a los policías. Frites aseguró que sí prestaba servicios para el senador, que no tenía la obligación de emitir informes y se apuró en contestar que el dinero recibido era para gastos personales. También dijo que nunca había realizado transferencias o devolución de dinero en efectivo a Quinteros ni a otros parlamentarios, ni familiares de estos, ni partidos políticos y tampoco a campañas. “¿Alza voluntariamente el secreto de sus cuentas bancarias para que podamos analizarlas?”, le preguntó uno de los oficiales. La respuesta de Frites fue inmediata: “No”.

Al igual que el abogado, otros 33 interrogados no permitieron el acceso voluntario de sus flujos financieros que cuentan, por ley, con reserva que sólo puede ser derribada por una orden judicial. Sólo siete de estos profesionales accedieron a entregar voluntariamente la información bancaria: Javier Coopman, asesor del exsenador Baldo Prokurica; Loreto Gana, colaboradora de Alejandro Guillier; Renato Rodríguez, quien trabajó con la exsenadora Lily Pérez y la actual Carmen Gloria Aravena; Leonardo Jorquera, del equipo de Isabel Allende; María Quiroz, entonces secretaria de Jaime Orpis; Cristián Lemus, del gabinete del senador José García, y Rodrigo Molina, chofer de Iván Moreira.

Un par de semanas antes de que declarara Frites, lo había hecho en esa misma oficina María Paz King Suau: la secretaria del senador Manuel José Ossandón (RN), quien está asignada en el listado como “la 33”. Ella no alzó su secreto bancario y descartó tener transferencias con su jefe. Sin embargo, el alzamiento del secreto bancario que el fiscal Sepúlveda logró sobre las cuentas del parlamentario en otra investigación por tráfico de influencias en Pirque develó que la mujer ese día faltó a la verdad ante los policías. King efectivamente tenía transferencias hacia el senador Ossandón.

El interrogatorio a la secretaria, de hecho, será una pieza clave para las peticiones que la fiscalía ingresará en los próximos días al Tribunal de Garantía. Su declaración servirá para ejemplificar la necesidad de que en esta indagatoria los policías puedan bucear en los flujos de dineros de estos asesores. La sospecha es que parte de la renta podría no haber tenido como destino sólo gastos personales.

En uno de los informes policiales de este expediente, la Briac explica cómo fue afinando los factores que tienen a Frites y King, además de otros 38 profesionales, bajo sospecha. “Se confeccionó una tabla con asignación de puntaje para rankear las remuneraciones del personal de apoyo”, dice el documento que explica que, al inicio, el listado basado en “datos raros” contenía a 276 personas con remuneraciones altas o “extremas”, que escapaban del cuadro promedio del resto de sueldos que paga el Senado. Luego, seleccionaron a 40 considerando sus remuneraciones, funciones y periodos de tiempo en el cargo. Fuentes consultadas sostienen que una vez que se rastree el destino de estas remuneraciones indagadas, se decidirá si algún otro profesional de apoyo pasa de testigo a imputado, como fue el caso de María Paz King.

Rodrigo Molina es el número 34 en la lista de los 40 principales. El chofer del senador UDI, Iván Moreira también estuvo involucrado en el caso Penta, tras facilitar a su jefe boletas a esa empresa a cambio de aportes para su campaña. El equipo de la PDI que lo citó a declarar fue el mismo que, años atrás, lo interrogó por el caso de financiamiento irregular de campañas políticas. Aunque ahora el foco no era un delito tributario, sino más bien curiosidad por el aumento de su sueldo. En 2014 el Senado contrató a Molina por $ 1.000.000. Hoy tiene una renta bruta de $ 1.970.000. El chofer, que lleva 18 años trabajando con Moreira, aseguró que su renta completa tiene como destino el pago de un crédito de consumo, su tarjeta bancaria y los gastos de su casa. “El dinero que percibo no me alcanzaba para ahorrar o invertir”, confesó, y luego autorizó el alzamiento de su secreto bancario.

Tres puestos más arriba está la 31: la relacionadora pública Lorena Muñoz, quien a la fecha de la citación era la jefa de gabinete en Chillán del exsenador UDI Víctor Pérez. En una de las conclusiones de los informes policiales, se apunta que es la única que detalla transferencias a su jefe. Muñoz lo justifica declarando que, una vez, le realizó un favor al senador Pérez: “Le pagué el permiso de circulación en la comuna de San Ignacio, por alrededor de $ 400.000, para un vehículo suyo. Por lo que posteriormente él me devolvió el dinero con una transferencia de dinero o un cheque en el Banco Santander”. Ella, militante UDI, está en la lista por un alza en remuneraciones que se encarga de explicar. En 2006 comenzó a trabajar con Pérez por $ 450.000; el 2010 se trasladó como jefa de gabinete a Chillán por $ 800.000. Y en 2020 empezó a ganar $ 2.200.000 “a partir de solicitudes de aumento de sueldo y reajustes del sector público”. Al solicitar que abriera sus cuentas, se negó. Dio como explicación que su marido, que es agricultor, la ocupaba para pagar a sus empleados.

En el puesto 22 está la periodista Deborah Bailey, quien fue jefa de gabinete y encargada de comunicaciones del senador PPD Felipe Harboe. Dijo que durante ese periodo recibió entre $ 3 y $ 4 millones, uno de los sueldos más altos declarados por “los 40”. Al igual que la mayoría de los testigos, Bailey aseguró a la PDI que todos los pagos que recibió por concepto de sueldo los usó para sus gastos personales y no accedió a alzar su secreto bancario.

En la mira también están dos colaboradores de la senadora DC Carolina Goic: su jefe de prensa, Germán Flores, y su jefa de gabinete, Claudia Silva. Ninguno permitió alzar su secreto bancario y ambos negaron que hubieran traspasado parte de su remuneración a la parlamentaria. “Mi sueldo fluctuó, aproximadamente, entre $ 1.900.000 y $ 3.000.000 durante todos los años que llevo realizando esta función con la senadora. Dichos montos los he ocupado en gastos personales como créditos bancarios (hipotecario y consumo), gastos de la casa, pagos de colegios, compromisos personales, etc.”, declaró Silva.

En el listado también aparece el actual diputado RN Tomás Fuentes, quien se desempeñaba como jefe de gabinete del senador y hoy ministro de Relaciones Exteriores Andrés Allamand. Ya declaró ante la PDI por su entonces sueldo de $5.900.000 -que lo hizo factor del análisis- y se negó a alzar el secreto de sus cuentas.

Los 40 profesionales son principalmente abogados, secretarias y jefes de gabinete. Están relacionados con 31 senadores y exsenadores. Quienes tienen más personal de apoyo en la mira son la presidenta del Senado, Adriana Muñoz (PPD), Alejandro Guillier (Ind), Andrés Zaldívar (DC), Alfonso de Urresti (PS), Ena von Baer (UDI) y Jaime Orpis.

Poco antes de marzo, sostienen fuentes a cargo de las pesquisas, la fiscalía estaría en condiciones de tomar decisiones judiciales. Lo que hagan entonces no sólo podría afectar a Ossandón y a su secretaria, sino que también salpicar a varios de este grupo de “los 40 principales”.