Los 62 días de la Comisión Experta tras bambalinas

“¡Es algo solamente reglamentario, entiende!”. Las palabras corresponden a Máximo Pavez, uno de los abogados nominado por la UDI en la Comisión Experta, quien durante un encuentro telemático con los otros 11 comisionados del sector, manifestó su molestia a uno de sus pares: Jaime Arancibia (Indep.-RN).

El domingo 5 de marzo, cerca de las 23.30, los comisionados de la derecha se reunieron para fijar una postura respecto de la elección de la mesa directiva del órgano encargado de elaborar el anteproyecto de nueva Constitución.

A esas alturas los ánimos estaban caldeados y la tensión traspasaba las pantallas.

Pavez había reaccionado a los reparos de Arancibia, quien planteó no dar su voto a un experto de la izquierda para la presidencia de la mesa y, por ende, impedir la unanimidad de los comisionados que negociaban entregar esa señal y hacer una modificación reglamentaria para evitar que la nominación de la directiva, como establecían las reglas, fuera con votación electrónica.

La movida consistía en ingresar un oficio con el acuerdo de los 24 expertos del órgano encargado de redactar el anteproyecto de nueva Constitución, y hacer inmediatamente un contrapunto con la experiencia de la fallida Convención Constitucional, cuyo acto inaugural se extendió más de la cuenta y estuvo marcado de polémicas.

Pero Arancibia argumentaba que si estaban los votos asegurados, el prefería apoyar a alguien del sector y dar una señal a la derecha.

-”¡Cómo vamos a votar nosotros por la izquierda y tú salvándote el pellejo votando por la derecha!”, reclamaba Pavez.

Bettina Horst (Indep.-UDI) levantó -entonces- una propuesta para intentar poner paños fríos. -”¿Te quedas tranquilo si te damos la presidencia de una subcomisión?”, consultó a Arancibia.

-”No, no busco un beneficio personal, sino proteger el perfil de la comisión”, refutó el aludido.

Arancibia levantó un nuevo reparo, esta vez por el perfil de la carta que proponía el sector para la vicepresidencia.

El comisionado de RN transmitió que prefería a alguien que fuera “menos político partidista” ante la opinión pública como Marcela Peredo -quien defendió el mismo punto- o Catalina Salem. Ambas expertas también fueron nominadas por RN.

Su consulta, según presentes, desató aún más la molestia de Pavez porque lo tomó como una afrenta al consenso alcanzado para nombrar a Sebastián Soto (Indep.-Evópoli). El malestar se extendió a otros comisionados del sector que comenzaron a respaldar a Pavez mientras que algunos le pidieron al exsubsecretario de la Segpres “cuidar el tono”.

A esas alturas los expertos de Chile Vamos ya llevaban varios días negociando la composición de la mesa y durante los minutos previos a esa reunión telemática habían logrado zanjar un acuerdo con sus pares del oficialismo: pactaron que Verónica Undurraga (nominada por el PPD) asumiría la presidencia mientras que Soto estaría en la vicepresidencia.

Además, la derecha había logrado quedarse con la presidencia de tres de las cuatro subcomisiones -Sistema Político que quedó a cargo de Juan José Ossa (RN), Órganos Autónomos, a cargo de Salem, y Principios, con Pavez liderando-, mientras la izquierda con una de ellas: Derechos Sociales, con Alejandra Krauss (DC) a la cabeza.

Sólo faltaba confirmar el esquema en Chile Vamos y dar el vamos final a los expertos de izquierda con quienes habían tenido una álgida negociación. No había espacio para seguir dilatando debido a que al día siguiente se realizaría la ceremonia inaugural de la Comisión Experta.

El episodio terminó con Arancibia dando la unanimidad, mientras que Pavez le pidió disculpas por su exabrupto.

Al día siguiente, durante la mañana, los 24 expertos lograron ingresar el oficio y la ceremonia se llevó a cabo sin sobresaltos.

Antes de alcanzar el acuerdo, la casa de Pavez, cerca del metro Alcántara en Las Condes, se transformó en el epicentro de las negociaciones para la directiva de la Comisión Experta. Para esos fines se escogieron tres negociadores por sector: Pavez, Soto y Katherine Martorell (RN) por la derecha y Gabriel Osorio (PS), Domingo Lovera (RD) y Paz Anastasiadis (DC) por la izquierda.

Ese domingo 5 de marzo las tratativas fueron intensas. Iban y venían, hacían un alto para comer y algunos se conectaban de manera telemática con los otros comisionados. Y así, el esquema se fue repitiendo.

Un poco antes que se eligieran a los negociadores formales hubo acercamientos previos de Teodoro Ribera y Juan José Ossa, ambos nominados por RN, con personeros de izquierda. Los dos exministros advirtieron a los representantes de la izquierda que si querían la presidencia de la Comisión Experta, entonces la derecha tendría que tener la vicepresidencia y estar a la cabeza de tres de las cuatro subcomisiones.

La jugada, sin embargo, provocó la molestia de otros comisionados de derecha que acusaban que la dupla había “corrido con colores propios”.

Superado el impasse, y ya con los contactos formales, el oficialismo entregó una terna con opciones para el liderazgo de la mesa: Catalina Lagos (PS), Leslie Sánchez (PL nominada por el PPD) y Krauss. De éstas -dejaron claro- la carta favorita era Lagos, sin embargo, a la derecha no le convencía.

“Que es muy extrema en sus posturas”, “que ha estado a favor del aborto” fueron algunas de los reparos que plantearon los comisionados más duros de la derecha, entre ellos, Arancibia, Peredo y Salem.

“Preferiríamos que fuera otra persona”, le dijo rápidamente Martorell a Osorio durante uno de los encuentros que hubo en la casa de Pavez. Entre tiras y aflojas en la oposición propusieron al oficialismo que fuera Osorio quien asumiera la cabeza del nuevo órgano. “Por ningún motivo”, manifestó el abogado socialista en las conversaciones.

A juicio de la oposición, el abogado PS daba “garantías” de diálogo, sin embargo, para la izquierda esa fue una jugada para intentar dividir al sector.

Las tratativas llegaron ese domingo en la casa de Pavez a un punto muerto y hubo un momento en que se quedaron negociando solo Osorio y el anfitrión, en representación de sus sectores. Fue la primera vez que un asunto de la Comisión Experta salió de ese ámbito y escaló a las directivas de los partidos. Esto, porque en la izquierda había quienes no querían entregar la presidencia de tres de las cuatro subcomisiones.

Para intentar destrabar el asunto intervino el secretario general de RN, Diego Schalper, quien contactó a Osorio, Lovera, e incluso, habló con el presidente de RD, Juan Ignacio Latorre. A este último, según quienes conocieron ese diálogo, reforzó la idea de que si ellos se quedaban con la presidencia de la mesa, no había forma que su sector estuviera, además, a cargo de dos subcomisiones.

Tras una serie de intercambios, los expertos de los partidos de gobierno cedieron. Cerca de las 23.00 Osorio le dio el vamos a Pavez. El primer gallito lo había ganado la derecha.

El episodio de Arancibia con Pavez, señalan en la derecha, graficó una de las principales dificultades de la convivencia de ese sector en la Comisión Experta: el rol de aquellos personeros más políticos versus los que no tienen experiencia en ese ámbito. Para Arancibia, Peredo y Salem -con exclusiva participación en el mundo académico- ha sido más complejo entender las dinámicas de “negociación”, por lo mismo, han tenido posturas menos flexibles a la hora de entender, por ejemplo, que hay momentos en que deben ceder ante el oficialismo.

Pero más allá de eso, dicen en la derecha, el ambiente ha sido bueno y el único “encontrón” fue en la señalada reunión telemática. De hecho, todos comparten un grupo de WhatsApp denominado como “El Alba 2023″, que hace alusión al nombre de la calle donde vive Arancibia, lugar que se ha transformado en una especie de sede opositora.

En el oficialismo, por otro lado, la relación ha sido más horizontal. A diferencia de la derecha donde quienes tienen experiencia política intentan ejercer como líderes de grupo, entre los expertos de los partidos del oficialismo esa dinámica ha sido menos presente. Esto, pese a que Osorio, Lovera y Sánchez, son quienes más se acercan a ese rol, reconocen en ese sector.

En ese bloque, Anastasiadis es un nombre que incomoda a la bancada oficialista.

Varios expertos del sector dicen que más que 12 votos seguros, tienen 11 y que los apoyos de la comisionada decé hay que verlos caso a caso. Dan por descontado que en algunas enmiendas estará con la derecha, tal como lo hizo cuando votó por la indicación de la oposición para regular las Fuerzas Armadas en un capítulo especial.

Pese a eso, la experta participa de las pocas reuniones que ha tenido el oficialismo y ella misma se defiende diciendo que está en constante coordinación con la directiva de su partido y la bancada de diputados que la nominó.

El exministro llegó raudo con un papel en la mano, el que previamente había consensuado con los otros expertos de su sector.

“Es esto o nada”, advirtió Teodoro Ribera a sus pares del oficialismo que integran la subcomisión de Derechos Sociales, donde se alojan las diferencias ideológicas más profundas entre la izquierda y la derecha, sobre todo en lo que respecta a la provisión de los derechos sociales.

Era la noche del jueves 30 de marzo, cerca de las 23.30, y esta instancia se encontraba negociando en el tercer piso del Senado en Santiago. En esos momentos las tratativas estaban entrampadas y la derecha quiso dar un ultimátum, principalmente por la regulación del derecho a la salud y derechos laborales. Así, Ribera -acompañado de Horst y Arancibia- decidieron presionar a Flavio Quezada (PS), Alexis Cortés (PC) y Krauss.

Ese día, a las 23.59, vencía el plazo para ingresar las primeras propuestas de normas, lo que se traduciría en el primer esqueleto del anteproyecto de nueva Constitución.

Las bancadas de oficialismo y oposición previamente habían llegado a un acuerdo: que en esta primera fase redactarían artículos de consenso, con el objetivo de que fueran aprobadas por la unanimidad del pleno, y se dejaría fuera todo aquello que no tuviera el apoyo transversal de ambos sectores. Lo que no alcanzaba a entrar en esta etapa, podía resolverse con las enmiendas.

Pero en el caso de la subcomisión de Derechos Sociales, el oficialismo tenía dudas y no quería ceder. El día anterior en la noche, la oposición les había enviado una propuesta por correo en la que se explicitaba que esa era la última oferta, y que esperaban que durante el jueves pudieran trabajar en base a ese texto y discutir los últimos detalles para firmar el acuerdo.

El problema fue que la propuesta contenía aspectos que para la izquierda eran muy difíciles de apoyar en lo relativo a los derechos laborales. Por lo mismo, durante todo el jueves los seis expertos tuvieron que volver a discutir los aspectos más conflictivos, lo que se extendió hasta la advertencia de Ribera.

“¿Nos dan 10 minutos para pensarlo?”, respondió el oficialismo ante ese emplazamiento.

En ese momento los tres comisionados de derecha salieron de la sala y quedaron en espera mientras la incertidumbre reinaba en los pasillos del Senado.

Pasado un tiempo, los expertos oficialistas confirmaron que estaban en condiciones de sumar sus firmas para patrocinar las normas. En el paquete de artículos venía el polémico inciso que establece la libertad de elección entre un régimen de salud privado y uno estatal, el mismo que en las últimas semanas los expertos de los partidos de gobierno han calificado de “peligroso” porque -según sostienen- “constitucionaliza el modelo de las isapres”.

Pero esa noche el ambiente fue distinto. Quezada y Arancibia se terminaron abrazando al momento de firmar el oficio con las normas consensuadas e, incluso, este último aplaudió por haberse logrado un acuerdo. Pero sus pares de la derecha le recomendaron no celebrar el momento.

Días después, bajo estricta reserva, la derecha se jactó de su estrategia para negociar y revelaron que no esperaban que la izquierda fuera a aceptar la propuesta. La jugada audaz de apretar al oficialismo derivó en que apodaran al comisionado Ribera como “Teo pasado”, en alusión al coloquial dicho “tejo pasado”.

Un escenario similar ocurrió en la subcomisión número 3, la de Principios. Ahí, eso sí, los protagonistas fueron Pavez y las expertas del oficialismo Undurraga y Lagos. La discusión en esa instancia también fue ideológica. El problema era cómo quedaba estipulado el articulado de la servicialidad del Estado. Mientras la derecha no quería innovar respecto a lo que señala la Constitución vigente, el oficialismo propuso, entre otras cosas, que la norma partiera con el Estado antes que la persona.

Así, se entramparon en un tira y afloja que derivó, en los días previos, en que Martorell propusiera en la derecha “congelar” el funcionamiento del resto de las subcomisiones, es decir, que no sesionaran mientras no hubiese acuerdo.

En esta subcomisión, el tema también se terminó por llegar a las directivas de los partidos. El presidente de la UDI, Javier Macaya, contactó a su par del PS, Paulina Vodanovic, para intentar destrabar el tema.

Aunque entre los comisionados, en todo caso, transmiten que quienes lograron despejar los nudos fueron los mismos expertos.

Después de horas de negociaciones y al límite del plazo fatal para ingresar las normas, esa subcomisión firmó los oficios en las oficinas del comité UDI del Senado. Y lo hizo con una puesta en escena que sacó risas de los presentes: la foto de Jaime Guzmán estaba en una de las paredes.

“Aquí algunos plantean que lo que se votó fue en un contexto de presión para poder mostrar avances. Bueno, si eso no se sostiene en el tiempo perfectamente podemos llegar con un texto en blanco al 6 de junio”, manifestó, el 20 de abril, Bettina Horst, en una sesión de la subcomisión de derechos sociales, que fue transmitida por streaming.

La comisionada de derecha daba cuenta de su malestar por algunas de las enmiendas presentadas por el oficialismo -en particular, respecto a la provisión mixta en salud- que, a su juicio, vulneraba lo que se había aprobado el 3 de abril en general en el pleno de la Comisión Experta.

Tres días antes de los dichos de Horst los comisionados ingresaron más de 900 indicaciones. Ese hito fue el inicio de las profundas diferencias ideológicas que hay en algunas materias entre los expertos de ambos sectores, y que se han agudizado en los últimos días ad portas de las elecciones de este domingo.

La discusión ha girado respecto a cómo se regulará la provisión mixta en los derechos sociales, una materia que quedó, en términos generales, resguardada en las 12 bases constitucionales que firmaron los partidos políticos en diciembre pasado.

El cómo abordarán ese y otros temas ha sido motivo de análisis en diversas reuniones que han tenido, por separado, el oficialismo y la oposición.

Pero el tema escaló al punto de que Hernán Larraín (UDI), al día siguiente de la intervención de Horst, hizo un punto de prensa acusando al oficialismo de no respetar el acuerdo alcanzado y dijo que había que encender “una luz amarilla”. “Muchas de las enmiendas corresponden a textos de la Convención. ¿Estamos intentando revivir algo que la ciudadanía rechazó a través de este proceso? Eso, ciertamente, es la crónica de una muerte anunciada”, sostuvo.

Esa intervención -y la filtración de una minuta de la derecha titulada como “enmiendas propuestas y espíritu Convención Constitucional- desató la ira de los expertos de izquierda, quienes contraatacaron con una minuta titulada “espíritu Constitución de 1980″.

Pero no solo se quedaron en eso. Domingo Lovera, por ejemplo, encaró en privado a Larraín por sus declaraciones.

Luego de esos episodios, en el oficialismo optaron por empezar a rediseñar su estrategia en la recta final. De hecho, Verónica Undurraga solicitó que el sector defina voceros y bajadas comunicacionales más concretas para hacer frente a la oposición las que en la última reunión que tuvieron por Zoom quedaron de evaluarse después de los comicios. En cuanto a los contenidos están alineados. Todos coinciden en lograr una “Constitución habilitante”, que no sea programática, que consagre un Estado social robusto y con una buena regulación de los derechos sociales.

Además, están expectantes con el rol que pueda adquirir el gobierno tras las elecciones. Hasta ahora, ministros como Álvaro Elizalde (Segpres) y Luis Cordero (Justicia) han conversado en privado con algunos comisionados del sector para consultar materias que podrían ser “más delicadas”.

En la derecha, por otro lado, en las reuniones han girado sobre lo mismo: definir aquellos temas en que no van a ceder.

Una de las alternativas que han evaluado es si activar el Comité Técnico de Admisibilidad, más conocido como árbitro. Esto, con el objetivo de que se pronuncie respecto a las enmiendas que presentó el oficialismo y que diga si vulneran las bases constitucionales. No obstante, no hay consenso sobre esa ofensiva ya que algunos creen que es muy arriesgado y podrían tener una derrota anticipada.

Otro tema que se ha discutido de forma transversal es la posible arremetida del Partido Republicano en los comicios, donde las proyecciones señalan que la colectividad fundada por José Antonio Kast podría incluso alcanzar el 20% de los representantes del Consejo Constitucional.

Hasta ahora la consigna es no cambiar su postura “dialogante” y sacar a todo evento un anteproyecto constitucional. De todas formas, el convencimiento de que podría haber una supremacía republicana está instalado, tanto así que incluso ha sido objeto de bromas Carlos Frontaura, el único comisionado de esa colectividad en la instancia.

“Desde ahora hay que decirle don Carlos”, le dijo entre risas, el martes pasado, Ribera durante una reunión privada de los 12 comisionados de la derecha.