Se promocionaba por redes sociales como una fiesta imperdible. En un abierto desafío al toque de queda y al coronavirus, el sábado 2 de mayo se encendería la mecha del “Explote Parrandero 2”. Pagando una entrada de $ 5.000 -y a condición de no llevar armas de fuego-, los asistentes podrían ver las actuaciones de una serie de músicos, entre ellos Korean Deejay, un incipiente pinchadiscos de 19 años. Este presentaría su nuevo set live (sic), Korean Virus, un repertorio centrado en la guaracha, estilo que funde la electrónica con ritmos latinos y que también es conocido como tribal house o narco beat.

Esa noche, el público comenzó a llegar cerca de las 21.00 a Galpones Mekano, un recinto ubicado en Camino a Melipilla 8811, unos pocos metros al sur del cruce sobre Américo Vespucio.

“Galpones Mekano / Servicio Oxicorte / Arriendo Camión Grúa / Montaje Industrial”, indicaba un letrero en la entrada.

El lugar arrendado para la fiesta había sido rebautizado como “After Oeste”, un tiempo antes. Se trataba de una estructura de techos y paredes de latón, adornada con banderines, cubos led y luces estroboscópicas. Además, se había levantado un escenario para los músicos e improvisado una barra al lado de los baños.

Se fue llenando de a poco. Como en un evento de otros tiempos, se veía humo de cigarrillos entre los rayos de colores. La mayoría de los asistentes no había tomado ninguna medida de protección sanitaria, pero algunos más precavidos usaban mascarillas. Entre ellos, como dando el ejemplo, estaba el DJ.

“Estás escuchando en vivo a Korean Deejay”, repetía una grabación con voz de niño, justo antes de que el beat acelerado llegara a su clímax y el público -como el nombre del evento prometía- explotara en la pista.

Toda la bulla se interrumpió con la llegada de Carabineros, a la 1.35. Habían recibido muchas denuncias al Cuadrante 277 por ruidos molestos, pero la llamada del guardia de un galpón vecino terminó por activar la alarma. Entonces, un grupo de uniformados fue enviado hasta Galpones Mekano para verificar de qué se trataba la situación. Según sus cálculos, ahí se encontraron con 400 personas escuchando música; muchas de ellas estaban tomando alcohol. Algunos asistentes respondieron tirándoles piedras a los uniformados, mientras otros arrancaron en auto o a pie apenas los portones se abrieron.

Juan Salazar Castañeda (45 años) se identificó rápidamente como el responsable del evento. Explicó que se trataba de una simple fiesta de cumpleaños que se había salido de control y entregó voluntariamente los $ 990 mil que había ganado esa noche.

Adentro del galpón la policía encontró botellas de pisco Mistral, vodka Spirit, ron Barceló, whisky Johnnie Walker y Jack Daniels y cerveza Sol sobre unas mesas plegables. También había un parlante, un amplificador y seis focos de iluminación.

La noticia se conoció al día siguiente y causó un repudio transversal. Nadie podía entender que a alguien se le ocurriera organizar una fiesta tan masiva en plena pandemia. Poco a poco se fueron conociendo videos grabados por los asistentes: en ellos se observan las nulas medidas de protección.

Las autoridades no tardaron en salir al paso de los infractores. El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, señaló que el evento era una demostración de la “estupidez humana” y la Seremi de Salud Metropolitana aplicó una multa de 1.000 UTM (cerca de $ 50 millones) al organizador del evento, detallando que el lugar tenía pésimas condiciones de higiene en los baños, muros en mal estado, escombros y hasta roedores. El galpón también evidenciaba carencias graves, como la falta de luces de emergencia y de vías de evacuación claramente señalizadas.

“Como Fiscalía Occidente estimamos de la mayor gravedad los delitos en los que incurre el imputado, permitiendo que decenas de personas se congreguen en un lugar cerrado, sin ventilación y sin la más mínima protección. Todo ello, en medio de la crítica situación sanitaria a la que nos enfrentamos. Para decirlo de un modo gráfico: lo ocurrido es más peligroso que un sujeto portando un arma de fuego sin autorización, porque expuso a una multitud concentrada a un germen mortal”, dice el fiscal jefe de Maipú, Luis Pablo Cortés, quien lleva la indagatoria del caso.

Korean Deejay, cuyo nombre real es Víctor Manuel Moya, no se vio tan expuesto como Salazar, pero igualmente ofreció disculpas en un matinal. Dijo que había recibido muy malos comentarios por redes sociales e intentó justificar su participación en la fiesta. “La necesidad de salir a buscar sustento para mi casa es mayor”, aseguró.

Un día después de su detención, Juan Salazar Castañeda rompió la medida de arresto domiciliario nocturno decretada en su contra. Carabineros fue a su casa a las 22.40, pero no lo encontró. Su explicación, una vez más, fue confusa: había ido a comprar útiles de aseo en pleno toque de queda.

El 3 de mayo, Salazar fue formalizado por cuatro presuntos delitos contra la salud pública y por infringir el arresto domiciliario. El Noveno Juzgado de Garantía de Santiago decidió dejarlo en prisión preventiva, pero después, el miércoles 13 de mayo, la Corte de Apelaciones de Santiago revocó la medida cautelar.

En su defensa, ha insistido en que se limitó a arrendar el galpón para realizar una fiesta de cumpleaños a la que no irían más de 50 personas. Su abogado, Rodolfo Urbina, acusó una persecución. “(Juan Salazar Castañeda) fue sobreexpuesto a los medios de comunicación contra su voluntad por Carabineros, fue amenazado de muerte y lesiones graves en el Centro Penitenciario Santiago 1 y tiene la presión emocional del repudio tanto de las personas civiles como de los internos por la muerte social de su imagen, producto de la sobreexposición”.

Urbina ha presentado declaraciones de los padres de Juan Salazar Castañeda, quienes han explicado la compleja situación de la familia. Su madre dijo haber sufrido un accidente vascular y una parálisis facial y agregó que su hijo está “en estado depresivo, sin poder dormir, con su mente bloqueada, no entiende nada”.

Fuentes conocedoras del caso aseguran que se están investigando fiestas del mismo tipo, previas a la pandemia. Algunas habrían sido organizadas por el mismo círculo de Salazar en la comuna de San Bernardo. El perfil de los asistentes sería de jóvenes microtraficantes del sector surponiente de Santiago que, se presume, aprovechaban de vender droga en los eventos. El verdadero negocio sería poner a disposición un lugar seguro para operar. Esta arista la investiga el OS-9 de Carabineros tras analizar el registro de las cámaras de seguridad.

También queda trabajo pendiente en la investigación principal. Los uniformados que fueron al galpón no imaginaron que encontrarían tanta gente de fiesta. Se vieron superados y no alcanzaron a empadronar a nadie. Entre las pericias para identificar al público están las revisiones de las cámaras de seguridad, de las patentes de los autos estacionados cerca del galpón, de las antenas de celular para identificar el cruce de teléfonos utilizados esa noche y de los nombres de personas que fueron detenidas esa noche en otros lugares de la comuna por quebrantar el toque de queda.

La identificación no sólo tiene fines penales, sino también sanitarios. Como la fiesta fue hace dos semanas, si alguno de los asistentes se contagió, podría haber esparcido el virus entre sus contactos y haber comenzado a experimentar síntomas.

También están analizando a quienes aceptaron invitaciones a través de Facebook, la forma en que se contrató al guardia, a los DJ y cómo se compró el alcohol.

Juan Arenas declaró que su amigo Juan Salazar lo había contratado el 30 de abril para trabajar como guardia en una fiesta de cumpleaños. Le pagaría $ 30 mil por la noche. Dijo que a las 22 horas todo se descontroló por la entrada de una gran cantidad de personas al galpón.

Los investigadores piensan perseguir a dos grupos: a la producción del evento y a sus asistentes. Para la fiscalía, ambos pusieron en riesgo la salud de la población al infringir las medidas de precaución por el Covid-19. Que Juan Salazar, además, fuera arrestado por incumplir arresto domiciliario da cuenta de un “actuar refractario, contumaz y de absoluto desprecio con las normas jurídicas”, de acuerdo con el juicio de Lucas Vargas, abogado del Ministerio Público.

Hasta el momento, habría 40 personas identificadas, cuyos nombres y apodos ya son conocidos por la fiscalía. Ahora se están realizando las pesquisas necesarias para solicitar las formalizaciones respectivas.

Antes de quedar preso, Juan Salazar Castañeda era un conocido organizador de fiestas en varias comunas de Santiago. Contaba con un currículum amplio en discotecas y pubs de Maipú y San Miguel. Incluso, en 2015 administró un centro de eventos en Avenida Matta que no prosperó. Se movía entre un grupo pequeño de personas, trabajadores del mismo rubro.

Según el registro que quedó en la cuenta de Facebook de “After Oeste”, antes del “Explote Parrandero” se había organizado otra fiesta el 14 de marzo, cuando el coronavirus ya era una realidad en Chile y estaban por implementarse las primeras restricciones. Cada vez que se realizaba un evento ahí, Salazar escribía: “Con todo el cotelé” en Facebook, como un rito de buena suerte.

Actualmente, “After Oeste” mantiene 68 seguidores en Facebook; Salazar Castañeda, en cambio, debió cerrar su cuenta, tras recibir toda clase de insultos.

Muchos amigos de Juan Salazar han comentado sobre el “Explote Parrandero” y sus consecuencias. Algunos aclararon que no fueron ya que estaban conscientes de lo peligroso que era. Dicen que la música que tocaba no era de sus gustos y que no conocían a los asistentes. Otros ensayan una suerte de justificación: dicen que la necesidad de trabajo en medio de la cuarentena los hizo tomar una mala decisión.

“A Juanito esto le pasó por ambicioso”, aseguran.