Propuestas de los partidos e independientes: los puntos de encuentro antes de la convención

El pasado 11 de enero, los partidos políticos y organizaciones de independientes se movilizaron para inscribir sus candidaturas y así competir por los 155 escaños de la convención constitucional, el organismo que redactará la nueva Constitución del país.

Pero ese hito no solo movilizó a las colectividades a conformar sus listas de postulantes, sino que también aceleró la creación de propuestas en varios de los temas centrales que tiene una Constitución. Mientras algunos partidos habían mostrado posturas antes del plebiscito de octubre, otras colectividades lo hicieron después del referéndum y antes de la inscripción de las candidaturas.

Por eso, a menos de tres meses de la elección de las y los constituyentes y a aproximadamente cuatro meses del inicio de la convención, La Tercera recolectó las propuestas de Convergencia Progresista (que agrupa al PS, PPD y PR), de la Democracia Cristiana, de Revolución Democrática, de Convergencia Social, de Evópoli, de la UDI y la de Independientes No Neutrales. Con eso en mano, se las comparó en base a cinco temas: régimen político, derechos fundamentales, pueblos originarios, Tribunal Constitucional y forma de Estado.

El primero en publicar una propuesta desde Chile Vamos fue Evópoli, quienes ya habían lanzado el año pasado, a través de su centro de estudios Horizontal, una serie de lineamientos en esta materia. Este mes actualizaron sus propuestas y presentaron el documento “Una nueva Constitución y un nuevo Estado para Chile”. Por su parte, la UDI hizo llegar un documento de dos páginas llamado “Nuestra visión constitucional”, que fue utilizado para la inscripción de sus candidatos y candidatas a la convención, mientras que en RN no hubo respuesta.

Los documentos comparados en la oposición corresponden a los presentados por Convergencia Progresista el 26 de noviembre, que contiene 96 páginas y que fue realizado por 50 abogadas y abogados constitucionalistas. Algo parecido hizo la DC cuando reunió a casi 30 expertos y expertas ligados al partido y conformó una comisión técnica constitucional. El 12 de enero, la falange hizo público un documento de 57 páginas.

En el Frente Amplio, en tanto, se les consultó a los tres partidos que integran actualmente el bloque (Revolución Democrática, Convergencia Social y Comunes) y desde RD y CS hicieron llegar documentos. En el caso de CS, enviaron un documento preliminar. En tanto, se extrajo desde la página de Independientes No Neutrales el archivo llamado “Nuestros lineamientos”.

Sin lugar a dudas, la discusión sobre qué régimen de gobierno debe tener el país será uno de los debates más arduos que tendrá la convención constitucional y su resolución, inevitablemente, marcará el futuro y el desarrollo de la política.

¿Un sistema presidencial como el que existe actualmente, uno semipresidencial a lo francés, uno parlamentario como España o un presidencialismo atenuado? Esas son las cuatro opciones en que se moverán las posturas de los constituyentes y que girarán en base a una gran duda: cuánto poder tendrá la o el presidente y el Congreso.

En ese sentido, en casi la mayoría de la oposición hay un consenso: Chile debe dejar atrás lo que se denomina como “hiperpresidencialismo” y avanzar hacia un sistema semipresidencial. Al menos esa es la propuesta de los tres partidos que conforman Convergencia Progresista y Convergencia Social. Lo mismo propone la DC. Todas esas colectividades impulsan separar la figura de Jefe de Gobierno y Jefe de Estado que actualmente recaen en la o el presidente y crear la figura de un “primer ministro”, que sería el Jefe de Gobierno.

“Se propone el avance hacia una forma semipresidencial que permita dotarnos de un gobierno que confiera mayor gobernabilidad, fortalezca la representación, pero, al mismo tiempo, dote de mayor legitimidad al sistema político y de partidos. Se estima que se debe diferenciar entre Jefe de Estado y Jefe del Gobierno. El Presidente de la República será el Jefe de Estado y será electo por la mayoría absoluta de los ciudadanos en primera o segunda vuelta. El Jefe de Gobierno o primer ministro será designado por el Presidente, debiendo ser sometido al voto de investidura por mayoría absoluta de la Cámara de Diputados”, se lee en la propuesta de la DC.

Desde Independientes No Neutrales se piensa parecido. En su documento consideran relevante “equilibrar en la nueva Constitución el poder entre el Presidente de la República y el Congreso Nacional”. Para eso proponen introducir nuevas instituciones al actual sistema presidencialista que permitan que la tarea de gobernar sea compartida entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo “mediante la incorporación de instituciones propias del régimen parlamentario”.

Sin embargo, en el oficialismo, Evópoli también cree necesario crear la figura del Jefe de Gobierno, separado del Presidente, pero con un matiz: “(…) Manteniendo las fortalezas del sistema presidencial”. Por su parte, en la propuesta de la UDI no se explicita qué régimen de gobierno es el predilecto, pero se deja entrever que se está por mantener el presidencialismo actual.

Reconocimiento constitucional a los pueblos originarios. Ese parece ser un consenso en al menos cinco de las seis propuestas analizadas -la UDI no aborda este tema en su documento-. Sin embargo, hay coincidencias y diferencias en otros puntos.

En todas las propuestas opositoras, incluido Independientes No Neutrales, se postula que Chile debe pasar a ser un Estado plurinacional. Convergencia Progresista, RD y Evópoli van más allá y plantean la necesidad de asegurar una representación de los pueblos originarios en el Congreso. Sin embargo, Evópoli postula que esto se debe someter a votación en el Legislativo con un quórum calificado.

Asimismo, las propuestas de RD, Independientes No Neutrales y Convergencia Progresista repiten el mismo concepto: que la nueva Constitución debe reconocer el derecho a la autonomía de los pueblos originarios. Lo postulado por los partidos de la centro izquierda es la única que detalla cómo se aplicaría esa autonomía: “La autonomía como derecho se traduce en instituciones que se crean a

partir de acuerdos entre los pueblos indígenas y el Estado, mediante los cuales se transfieren competencias públicas a las organizaciones y autoridades indígenas, para que sean usadas para tomar decisiones vinculantes en determinado ámbito de aplicación, normalmente de base territorial”.

Otra discusión ruda que tendrá la Convención: qué hacer con el Tribunal Constitucional, el organismo a cargo de velar por la constitucionalidad de las leyes. Y como ha sido foco de críticas y defensas en los últimos años, probablemente el debate sobre este órgano no será tranquilo.

“Eliminarlo y crear un nuevo órgano”. Eso se puede leer en la propuesta que impulsa RD y Convergencia Social. Por su parte, la colectividad liderada por la diputada Catalina Pérez propone eliminar el Tribunal Constitucional “y, a la vez, asegurar que exista una institucionalidad que vele por una adecuada interpretación de la Constitución”.

Al otro lado se encuentra la propuesta de la UDI que cree “imprescindible mantener un control de constitucionalidad efectivo de las leyes y otras normas”. Además, en el gremialismo no están de acuerdo con eliminar el llamado control preventivo, que se refiere al control de los proyectos de ley durante su tramitación en el Congreso.

“Sin un control preventivo (que puede ser solo facultativo) no tiene sentido tener una Constitución, ya que, por ley simple, el Congreso se puede saltar la Constitución”, se lee en el documento UDI.

Sin embargo, en las otras propuestas sí hay puntos comunes. Tanto los partidos que conforman Convergencia Progresista como en la DC y Evópoli, coinciden en que es necesario hacer grandes cambios al Tribunal Constitucional y perfeccionar su conformación y funcionamiento. Y tanto Convergencia Progresista, la DC y Evópoli concuerdan en algo: se debe eliminar el control preventivo del TC.

En Convergencia Progresista y la DC, que actualmente mantienen el pacto llamado Unidad Constituyente de cara a la elección de la convención, comparten que se debe revisar el sistema de nombramiento de los ministros del TC, que se debe pasar a un número impar en el número de integrantes -actualmente son 10- y así terminar con el actual voto dirimente de su presidente o presidenta.

¿Se engrosará el catálogo de derechos en la nueva Constitución? ¿Habrá más protección para los que actualmente hay en la Carta Magna? ¿Cómo se harán exigibles los derechos sociales? Esas parecen ser tres de las grandes preguntas que debatirán los 155 convencionales cuando se converse sobre derechos fundamentales.

En el análisis de las seis propuestas analizadas hay un consenso: con matices en cada una, en todas se habla de mantener y sumar más derechos y no de rebajar los que ya existen. Pero, evidentemente, las diferencias se encuentran en qué derechos sumar y cómo será su exigibilidad.

Para la UDI, por ejemplo, es importante que se mantenga el derecho a la vida; el derecho y deber preferente de los padres de educar a sus hijos; la libertad de enseñanza y el derecho a crear y organizar colegios, y el derecho de propiedad y a la indemnización en caso de expropiación, entre otros. Sin embargo, al abordar los derechos sociales se postula que “una Constitución no es un programa ideológico, ni una política social detallada: las constituciones no son para eso, ni nacieron para eso”.

La DC, en tanto, concuerda con la UDI en mantener el derecho a la vida del que está por nacer, aunque se agrega: “Respetando la autonomía sexual y reproductiva de la mujer, en la forma que determine la ley”. A continuación se señala: “Estimamos que la autonomía sexual y reproductiva de la mujer no incluye la posibilidad de establecer el aborto libre”.

Si bien son varios los “nuevos derechos” que proponen Convergencia Progresista, RD y Evópoli, esas colectividades coinciden en algunos. Por ejemplo, para estas colectividades es fundamental reconocer el derecho al agua y piden que la nueva Constitución reconozca su calidad de bien nacional de uso público.

En tanto, en Independientes No Neutrales se aboga por mantener y proteger los derechos sociales que actualmente tiene la Constitución y crear otros, como, por ejemplo, los derechos de los niños, niñas y adolescentes, de los jóvenes, de los adultos mayores y de las personas con discapacidad. Mientras que en RD se hace hincapié en que se debe reconocer la educación como un derecho “y no como mercancía” y que “el Estado debe garantizar el acceso y provisión de una educación pública, gratuita, de calidad, no sexista e intercultural, en todos los niveles”.

Asimismo, RD y Convergencia Progresista coinciden en algo: reformar el derecho de propiedad. Mientras que en los partidos de la ex Concertación proponen “poner énfasis en la idea de que la propiedad obliga y que su uso debe servir al mismo tiempo al bien común”, en el partido del Frente Amplio se habla de “reformular el concepto de la propiedad” y que el ejercicio y protección de este derecho debe tener “límites para el debido cuidado del medioambiente y protección de otros derechos sociales”.

El tercer artículo de la actual Constitución reconoce a Chile como un Estado unitario. Además, ahí se agrega que la administración del Estado será descentralizada. Sin embargo, hace varios años se plantea en el debate público que si se cambian ciertos conceptos y se agregan otros en una nueva Carta Magna, se podría aportar a la descentralización del país. Otros, en tanto, consideran que una mayor regionalización no pasa por cambios constitucionales.

En la oposición, por su parte, hay un consenso en que en la nueva Carta Fundamental se debe ir más allá que un “Estado unitario”. La DC, por ejemplo, plantea que hay que pasar a un “Estado unitario descentralizado” y que en cada una de las regiones debe haber un gobierno regional con potestades y recursos propios. Mientras que en Convergencia Progresista, en RD e Independientes No Neutrales se habla de un “Estado regional” y también en la propuesta del partido del FA se postula la creación de gobiernos regionales democráticamente electos.

Esto último podría ser un punto de encuentro entre la oposición y Evópoli. El partido de Chile Vamos establece que hay que dar un “empoderamiento regional” a través de “la elección directa de sus principales autoridades y la transferencia de potestades políticas, administrativas y fiscales”. Una idea más cauta que lo que había planteado hace algunos meses el centro de estudios ligado a ese partido, Horizontal, respecto de crear cinco macrozonas, donde cada una tuviera una asamblea regional unicameral. En tanto, la UDI postula que la Constitución puede mejorarse para aportar a la descentralización, pero “en el marco de un Estado unitario”.

En tanto, ninguna de las propuestas analizadas propone que Chile se organice a través de un “Estado federal” como por ejemplo Estados Unidos.