Reacción en Cascada: Ahora investigan a juez bajo sospecha de corrupción

Acostumbrado a presidir importantes juicios durante sus 16 años en el Cuarto Tribunal Oral de Santiago, el juez Cristián Soto Galdames (47) cambiará la silla del juzgador por el banquillo de los acusados por primera vez en sus dos décadas en el Poder Judicial.

Hace solo unos días se abrió una investigación penal en su contra por el delito de prevaricación, que paradójicamente tiene su origen en una denuncia similar que el propio magistrado había presentado a fines del año pasado en contra de su compañera de labores, la magistrada Laura Assef, por supuestos contactos inadecuados con la defensa del exgerente de las sociedades controladoras de SQM Aldo Motta. El ejecutivo fue absuelto en el segundo juicio oral del denominado caso Cascadas, una investigación que reprochó una serie de transacciones bursátiles realizadas entre 2009 y 2011 con acciones de las denominadas “sociedades cascadas”. Ambos jueces habían participado de aquella instancia, que absolvió a Motta por 2-1, con Soto como voto disidente.

Esta saga judicial comenzó el 30 de diciembre de 2019, a las 11.59, con un correo al Ministerio Público que Soto mandó bajo el asunto “texto”. En el cuerpo del mensaje se leía un encabezado que decía “denuncia”: “Que durante la tramitación del juicio rit 600-2017, entre el 14 de junio y el 20 de diciembre de 2019, la jueza Laura Assef Monsalve habría auxiliado o dado consejo a una abogada de la defensa (Bárbara Yévenes) en perjuicio de la parte contraria y/o haber mantenido una deliberada y permanente actitud parcial en la tramitación del juicio oral en beneficio de las posiciones de la defensa”, se lee en el mail que dio inicio a una inédita disputa entre los jueces del Cuarto Tribunal Oral.

Antes de que se conociera la sentencia del caso Cascadas, el 23 de febrero de este año, ya había una reservada indagatoria penal en curso. El correo que el juez Soto envió al fiscal regional Metropolitano Centro Norte, Xavier Armendáriz, ese 30 de diciembre, activó una causa penal, pero como los acusadores de Aldo Motta pertenecían justamente a su fiscalía, este decidió derivar los antecedentes a la Metropolitana Occidente, por lo que estos finalmente recayeron en José Luis Pérez, quien tiene un pasado como juez del crimen en el antiguo sistema penal.

La denuncia de Soto, que se conoció públicamente a mediados de mayo, conmocionó a los trabajadores del Centro de Justicia. Las esquirlas, incluso, llegaron hasta la propia Corte de Apelaciones de Santiago, que, tras requerir al magistrado pruebas de sus dichos, decidió archivar temporalmente el caso “atendida la falta de hechos concretos en la denuncia interpuesta”.

Tres meses después de la denuncia original, el 5 de marzo de este año, Soto prestó declaración ante el fiscal Pérez en calidad de denunciante. En su testimonio, el magistrado ratificó sus dichos y expuso mayores detalles de los que fue capaz, incluso, de entregar a sus superiores jerárquicos en el tribunal de alzada capitalino. Sin embargo, una de sus frases se volvería en su contra como un bumerán. Mientras le contaba al investigador sobre sus sospechas, reveló que antes de los alegatos de clausura, socializó con el tercer juez, el redactor -José Flores-, un borrador en el que se condenaba a Motta por dos delitos. Este hecho, además, fue ratificado por la cuarta magistrada de ese juicio, Gigliola Devoto.

Lo descrito por el integrante del Cuarto Tribunal Oral, según los abogados Gabriel Zaliasnik y Samuel Donoso -defensores del exejecutivo de SQM- constituía una confesión del delito de prevaricación y así lo dejan estampado en la denuncia que presentaron el 6 de agosto ante el fiscal regional José Luis Pérez.

“Según consta de las declaraciones del denunciado Soto Galdames y de la jueza alterna Devoto, en forma previa a los alegatos de clausura, deliberaron y redactaron sendas versiones de veredictos condenatorios en contra de nuestro representado Aldo Motta Camp. Así, Soto afirma que mientras tenían lugar los iniciales alegatos de clausura del Ministerio Público y algunos querellantes, el día 13 de diciembre de 2019 ‘yo le mandé vía WhatsApp al juez Flores un borrador de veredicto en el que se fundamentaba una decisión condenatoria por uno de los hechos imputados, específicamente el caso Linzor […]’. En otras palabras, el juez Soto ya tenía un veredicto condenatorio antes de siquiera escuchar los alegatos de clausura de la defensa, los que recién se desarrollaron el lunes 16 y el martes 17 de diciembre, y por cierto mucho antes que las respectivas réplicas”, señala el escrito.

Como el fiscal Pérez ya investigaba la primera denuncia que apuntaba a sospechas en la actuación de la jueza Assef, determinó enviar los antecedentes de la arremetida de la defensa de Motta al fiscal nacional, Jorge Abbott, quien designó esta semana al jefe regional Metropolitano Oriente, Manuel Guerra, para indagar ahora en calidad de imputado al juez Soto.

Los actos del magistrado Cristián Soto desprestigian la justicia chilena y por eso esperamos que se investiguen a fondo

Gabriel Zaliasnik, defensor de Aldo Motta.

“Nosotros derechamente sospechamos que acá puede haber graves actos de corrupción y exigimos al Ministerio Público investigarlos, no se entiende cómo el magistrado Soto tenía un voto condenatorio redactado mucho antes de que terminara el juicio”, dice el abogado Zaliasnik. Acto seguido, sostiene que ellos ejercerán todas las acciones necesarias para que se determine “cuáles son los verdaderos motivos del señor Soto para buscar a toda costa una condena y creemos que además de la sanción penal, su actuación impropia de un juez de la República debe ser objeto de sumario por parte de la Corte Suprema. Asegurar la imparcialidad de los jueces es esencial en un estado de derecho y un juez comprometido que decide ignorar la prueba y los alegatos de la defensa, escribiendo borradores de fallos condenatorios mucho antes de que terminara el juicio y luego ensuciando la absolución con la denuncia a la jueza Assef, es gravísimo e inédito. Los actos de Soto desprestigian la justicia chilena y por eso esperamos que se investiguen a fondo”.

Cuando fue interrogado por el fiscal Pérez, Soto expresó que “la señora jueza Assef durante la realización del juicio incurrió en una serie de conductas que me hacen sospechar fuertemente que puede haber cometido el delito de prevaricación, al haber mantenido desde el inicio del juicio su decisión de absolver al imputado de todos los cargos, haberse manifestado hostil a las posiciones de los acusadores, haber presionado al juez Flores para que la acompañara en su decisión de absolver y haber impedido el intercambio de opiniones entre todos los jueces de la sala, apartando al juez alterno (magistrada Devoto) de cualquier debate”.

El magistrado acompañó todo el historial de un grupo de WhatsApp que se conformó para este juicio, llamado “Caso 600”, en el que participaban los jueces. A su juicio, el contenido de este chat revela que la intención del magistrado Flores era condenar.

A esto, sostuvo el magistrado, se sumaba que Assef no estaba atenta al juicio e intercambiaba mensajes de texto con alguien; Soto sospecha que se trataba de la abogada defensora Yévenes. Pero lo que más le preocupó al juez fue que Assef, a poco de iniciado el juicio, dijo ser partidaria de absolver, pues las conductas de Motta ya habían sido sancionadas por la autoridad administrativa, por lo que no correspondía hacer un doble juzgamiento. Incluso, habría manifestado -según Soto- que tenía ayuda externa para redactar el fallo.

“Agregó que contaba con información privilegiada en orden a que todo este proceso era una especie de persecución en contra del señor Julio Ponce Lerou por ser quien era, porque operaciones como las descritas en la acusación eran de normal ocurrencia en el mercado, indicó que eso lo sabía porque un tío suyo fue socio de una importante empresa auditora de las empresas Cascadas y le contó que ese era el trasfondo del asunto. Señaló que la empresa auditora es Ernst & Young”, declaró Soto.

El episodio fue validado por la magistrada Devoto. Una semana después, declaró que como jueza alterna recibió la información sobre su parentesco de boca de Assef y que posteriormente googleó hasta dar con el tío de su compañera, José Monsalve Assef. Apenas le comentó de esta búsqueda, Assef se habría molestado, diciéndole que “si existiera alguna inhabilidad ya se sabría”. La magistrada Devoto, además, instaló la sospecha en la actitud de su par, ya que antes del juicio de Cascadas –según su versión y la de Soto- Assef hacía comentarios negativos respecto del juez Flores por la experiencia de trabajo que habían vivido en el caso Farmacias, en el que ella habría terminado haciéndole la sentencia junto a otra jueza.

La jueza Assef agregó que contaba con información privilegiada en orden a que todo este proceso era una especie de persecución en contra del señor Julio Ponce Lerou por ser quien era, porque operaciones como las descritas en la acusación eran de normal ocurrencia en el mercado

Declaración judicial del magistrado Cristián Soto

Sin embargo, declaró Devoto, en este juicio Assef “le pregunta por su salud, lo acompañaba y lo invitaba a tomar café, estuvo constantemente pendiente de José, no lo dejaba solo en ningún momento”.

La teoría levantada por Soto y Devoto en sus declaraciones es que, hasta pocas semanas antes del término del juicio, Flores estaba por condenar a Motta en al menos uno de los hechos, la llamada “operación Linzor”, dejando sola a Assef con su decisión de absolver. Sin embargo, esta postura inicial habría cambiado por inducción de la magistrada.

Hace pocos días, Flores declaró ante Pérez y un policía a través de Zoom. Conocedores de la diligencia aseguran que el magistrado redactor se desmarcó de las sospechas contra Assef de sus otros dos compañeros del tribunal y declaró derechamente que todo lo que había dicho Soto y que lo involucraba a él era mentira; que nunca había recibido presiones de la jueza integrante. Flores defendió su independencia y sólo admitió haber sido imprudente por haber “pelado” con el magistrado Soto algunas actitudes de Assef. Según las mismas fuentes, también aseguró ante la fiscalía que quien sí estaba empeñado en condenar era el juez presidente y reveló que Soto había ido a la oficina de una jueza que es su amiga, quien –tras la denuncia dada a conocer por La Tercera- le confesó que Soto en una oportunidad fue a su oficina a pedirle que hablara con él para que condenara. Los dardos de Flores apuntan en el mismo sentido de la denuncia que hoy tramita la Fiscalía Oriente. “Si alguien actuó mal fue él”, sentenció el redactor de la absolución a Aldo Motta.

En este escenario, y después de otro inesperado vuelco, el juez Soto bien podría haber caído en su propia trampa.