Roberto Garrido, fiscal: “Los grupos que operan en la Macrozona Sur pasaron de reivindicar derechos ancestrales al control territorial como el Tren de Aragua”

Roberto Garrido
Roberto Garrido, fiscal de La Araucanía. PATRICIO SANTIBAÑEZ MULTIGREMIAL ROBERTO GARRIDO FISCAL REGIONAL ANDREA PARRA DIPUTADA JUAN SUTIL CPC FOTO PEDRO RODRIGUEZ / LA TERCERA INVITADOS - RETRATOS - ENTREVISTA

Tres meses tardó la detención de quienes serían los principales sospechosos de haber asesinado a tres carabineros en Cañete, tiempo suficiente para que el fiscal de La Araucanía, a cargo de las diligencias, llegara a la convicción de que se trata de un crimen cuidadosamente planificado, pero que -salvo el odio a la policía- nada tiene que ver con la causa mapuche.


Dos días después del asesinato de los carabineros Sergio Arévalo (34), Misael Vidal (30) y Carlos Cisterna (43) -ocurrido el 27 de abril en Cañete, Región del Biobío-, el fiscal Roberto Garrido fue designado a cargo de la investigación. Durante tres meses, el fiscal se mantuvo incólume a las críticas por lo que se suponían nulos avances en las pesquisas para esclarecer el crimen. Pero Garrido -en realidad- seguía pistas con el mismo método silencioso con el que obtuvo la reciente condena del líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul. Y el golpe lo dio la madrugada de este lunes 29, cuando a través de cámaras en vivo, siguió desde la base de las Fuerzas Especiales de Carabineros de la Macrozona Sur en Pailahueque la detención de los hermanos Yeferson y Felipe Antihuen Santi y Nicolás Rivas, quienes ejecutaron a sangre fría a los uniformados.

Durante tres meses se mantuvo bajo total reserva la investigación sobre el homicidio en Cañete de tres carabineros. ¿Desde cuándo comenzaron a desentrañar este caso?

Desde el principio fluyó mucha información, nosotros abrimos varios canales de comunicación y nos dedicamos a pesquisar toda la información que nos pudiera servir. Lo primero fue tratar de canalizarla para hacer un análisis de la misma, procesarla y evitar que las diligencias que estábamos realizando fueran conocidas.

¿Cuánto tardó en definir y cercar la persecución en torno a los imputados hoy conocidos?

Desde el inicio hubo referencias a quiénes pudieron haber participado, pero fueron referencias indirectas. Este es un caso donde no hay un testigo presencial, entonces toda la información que a uno le proporcionen es información que requiere ser corroborada. Siempre se mantuvo un abanico abierto de posibilidades y fue un cúmulo de antecedentes lo que lleva, casi hace unas dos semanas, a decir: ya, ahora es momento de pedir órdenes de detención.

¿Qué antecedentes pudieron identificar respecto a cómo los imputados llevaron su vida tras los hechos y hasta que se les detiene? ¿Siguieron con sus rutinas recurrentes?

Tomás Antihuen se quedó en su casa. Ninguno tiene actividades laborales formales, salvo Yeferson Antihuen, que en el mes de junio inició una relación laboral con una empresa en Santiago. Por las conversaciones que tenían, advertimos que sabían que tenían que resguardarse. Siempre estaban muy atentos a los movimientos que hacía Carabineros. Estaban atentos a la información que se publicaba. Por ejemplo, una cosa que constatamos a raíz de un reportaje es que cambiaron sus teléfonos celulares después de que se les mencionó como eventuales sospechosos, y eso nos retrasó porque hubo que hacer diligencias para averiguar los nuevos números.

¿El hecho de que Yeferson haya iniciado una actividad laboral en Santiago implicó alguna alerta en su momento?

No, porque justamente las vigilancias que se realizaron, el seguimiento y la recuperación de una evidencia biológica que nos permitió vincularlo con otro hecho nos permitió estar en conocimiento de sus movimientos, al igual que de otros sujetos que eran de interés.

Usted ha señalado que hay más implicados en este caso, más allá de la persona que está prófuga. ¿Cómo siguen las diligencias?

El objetivo de esta investigación es determinar quiénes fueron todos los implicados en el homicidio de los funcionarios. Y si consideramos el nivel de preparación que una acción de esta clase tuvo y la forma en que lo hicieron, tiene que haber participado por lo menos el doble de personas que el número de carabineros. O sea, por lo menos seis. Además, la información balística nos da cuenta del uso de cuatro armas distintas. Y también tenemos antecedentes que demuestran la presencia de vehículos, a la misma hora en que está ocurriendo el homicidio, que realizan una actividad aparentemente de cobertura.

Según lo que usted ha podido detectar, ¿La planificación que se hizo del crimen de los carabineros operó como lo habían previsto los autores? ¿No hubo algún tipo de improvisación de parte del grupo homicida?

No parece que haya existido una improvisación, porque los tiempos son muy breves. Esto ocurre en aproximadamente 43 minutos, según la cuenta que nosotros podemos hacer. Si consideramos declaraciones de testigos y registros de las pocas cámaras que se logran levantar con información relevante, todo parece indicar que estaba muy bien planificado. Incluso, recogen evidencia alrededor del vehículo. Incendian la camioneta en otro punto, donde también se registraron disparos, tratando de variar el lugar de los hechos y hacer creer que todo había ocurrido en la carretera y no en el sector donde se controlaba la medida cautelar.

Cañete
Los hermanos Yeferson y Felipe Antihuen Santi y Nicolás Rivas, sospechosos del triple homicidio de carabineros.

Dada la violencia con que actuaron los imputados, de inmediato se indicó que esto buscaba dejar un mensaje, lo que asoció el caso a un móvil político. ¿Usted ha descartado eso por completo?

Mi opinión es que en la provincia de Arauco y en la Región de La Araucanía no existen grupos que tengan posturas políticas, no hay violencia política. El fenómeno que hoy día impera en estas zonas es de criminalidad organizada. Si nos retrotraemos a principios del 2000, uno podría encontrar en las acciones violentas una forma de manifestación para la reivindicación de ciertos derechos. Pero eso se fue modificando en el tiempo. Ahora, los discursos de los grupos que pretenden vincularse con reclamaciones del pueblo mapuche son inexistentes. Los grupos que operan en la Macrozona Sur pasaron de reivindicar derechos ancestrales al control territorial como lo que hacen bandas como el Tren de Aragua. Utilizan la denominación de la reivindicación política para enmascarar sus verdaderas intenciones. Porque tiene una utilidad para ellos: si es que son detenidos o son imputados por ciertos delitos pueden invocar un supuesto carácter de preso político, porque tengo un apellido mapuche o porque vivo en una comunidad mapuche. Pero estas no son personas que sean perseguidas por su ideología.

¿La violencia con que mataron a estos carabineros se condice con el tipo de criminalidad organizada que se ve en esta zona?

Hay un discurso de odio que va generando resentimiento y eso genera expresiones muy violentas. En este caso lo podemos constatar, pero si pensamos hacia atrás. hay otros, como el caso de nueve personas que secuestraron a dos individuos, el homicidio del matrimonio Luchsinger-Mackay.

Pero dado el nivel de preparación y planificación con el que actuaron, ¿se detectan cambios en el perfil de quienes delinquen?

No tenemos exactamente casos que se puedan comparar con este en cuanto al nivel de preparación. Pero esto demuestra que las formas de ataque también van siendo más sofisticadas, y por eso que hablamos de criminalidad organizada, porque no son hechos puntuales, sino que son un grupo de personas o individuos que adoptan una forma de vida en una profesionalización del crimen.

Con esta indagatoria se ha develado que los imputados tenían participación en otros delitos cometidos con anterioridad. ¿Por qué estaban libres?

El único imputado que tenía una orden de detención vigente es Tomás Antihuen. Y sobre otros, se tenían ciertos antecedentes, pero no eran investigaciones donde estuviera acreditada su participación.

En medio de las diligencias se pesquisó un teléfono incautado varios meses antes donde había conversaciones que vinculaban a Yeferson Antihuen con la compra de armas. ¿Hubo falencias ahí?

No estoy en condiciones de contestar eso, yo asumí la investigación a partir del homicidio de los funcionarios de Carabineros.

Hay una investigación sumaria referida al caso de Tomás Antihuen. ¿Ameritaría ampliar el análisis?

Eso tienen que analizarlo las personas que están a cargo de esas investigaciones o la superioridad.

Uno podría pensar que estas personas podrían ser procesadas por Ley Antiterrorista. ¿Usted separa lo de la criminalidad organizada de aquello?

Yo creo que hay algunos aspectos que pueden ser similares, pero también hay algunas diferencias que dicen relación principalmente con la motivación. Su utilización, por ahora, no me parece que sea técnicamente correcta, y considerando que creemos que el ataque a los funcionarios de Carabineros está vinculado directamente al ejercicio de esta función, corresponde invocar la norma especial que protege la vida de los funcionarios de Carabineros en actos de servicio.

Tomás Antihuén
Tomás Antihuén habría huído del operativo policial para la captura de los presuntos autores del crimen de Carabineros en Cañete.

A propósito de este caso y estimando que hace poco se confirmó la sentencia contra Héctor Llaitul, ¿usted cree que en la zona se deben preparar para la ocurrencia de nuevos crímenes violentos?

Tenemos que estar desde el Ministerio Público preparados para todo y las policías también. No podemos pensar que porque se haya registrado en el último tiempo una disminución de los hechos esto significa que esto va a terminar o cesar el nivel de violencia.

En ese contexto, ¿cómo es posible que se haya anulado el juicio en que fue condenado Ernesto Llaitul?

Hay que ser muy respetuoso de la institucionalidad y del debido proceso. Consideramos que la nulidad de este juicio más bien estuvo vinculada con defectos de la sentencia y no con el trabajo de la Fiscalía, pero es parte de las posibilidades. Eso sí, es importante que exista una debida apertura de los tribunales respecto de prueba indiciaria, como la del caso de Ernesto Llaitul y la de ahora en el homicidio de los carabineros. Las posibilidades de inferencia y deducción lógica no son contrarias a la garantía de los imputados ni están prohibidas por el Código Procesal Penal. Hay muchos ejemplos de cómo ha ido evolucionando la jurisprudencia sobre este ámbito, pero algunas jurisdicciones son más receptivas que otras.

¿Cómo pondera el hecho de que Tomás Antihuen se haya dado a la fuga en medio del operativo para detenerlo?

Yo no tengo la capacidad técnica como para saber si el operativo se realizó de acuerdo con los parámetros técnicos que fijó Carabineros. No me corresponde. Yo entiendo también que cualquier operativo, cualquier planificación, no es perfecta. Hay algunas situaciones que pueden no ser previsibles y, en este caso, el imputado tenía, además, la ventaja de conocer muy bien el terreno, posiblemente tenía una vía de escape preparada, incluso quizás elementos que le permitieron huir rápidamente y en condiciones, además, climáticas que eran bien adversas ese día y que los días posteriores se han acrecentado.

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