Hasta el viernes, en Chile había 5.500 portadores activos de Covid-19, un grupo que potencialmente puede esparcir el contagio. La cuarentena, sin embargo, no se limita exclusivamente a ellos, sino que también incluye a personas que deben cumplir un confinamiento preventivo por haber estado en contacto con casos confirmados.

Luego de sumar 320 infracciones este viernes, Carabineros registra 4.542 casos de quebrantamiento de cuarentena desde que el gobierno declaró estado de catástrofe. Los casos que han tenido mayor notoriedad han sido inevitablemente aquellos confirmados por coronavirus. ¿Qué pasa por la cabeza de alguien que se sabe infectado y decide romper la cuarentena? La pregunta resurge cada vez que se conocen nuevas historias de desafío a la autoridad, cuyos protagonistas muchas veces han terminado amenazando la salud de toda la población.

Entre los infractores hay gran diversidad de orígenes y motivaciones: parejas que necesitan comprar alimentos, pastores evangélicos que insisten en celebrar sus cultos, empresarios que vuelan a sus segundas viviendas y hasta autoridades regionales que siguen con sus actividades de siempre. Varios han sido repudiados públicamente, “funados” por redes sociales y hasta maltratados durante el control de identidad, como le ocurrió a un hombre de origen haitiano que recibió una patada de un guardia.

Uno de los últimos casos de connotación pública ocurrió en la Plaza de Armas, donde Carabineros detuvo a Tania Cáceres por no hacer caso a las medidas de prevención. Estaba junto a su hija y su nuera. La mujer, de 49 años, dijo que había salido para “estirar las piernas”, pese a tener su domicilio en Peñalolén, muy lejos del lugar.

Luego fue derivada a una residencia sanitaria, donde deberá permanecer por el tiempo que le queda de aislamiento.

“Hay dos aristas: una penal y una sanitaria y ambas se les van a aplicar a estas dos personas (...). Esto se inicia con un proceso donde tenemos que recibir los descargos, esto equivale a un juicio sanitario, y en virtud de los antecedentes, agravantes y atenuantes, se define la multa, pero por cierto va a ser superior a 50 UTM”, dijo la que fuera, hasta este viernes, la seremi (S) de Salud de la Región Metropolitana, Daniela Zavando.

Hasta la fecha, el Ministerio del Interior ha presentado 19 querellas y ocho denuncias en contra de personas que han violado el Artículo 318 del Código Penal -“poner en peligro la salud pública”- al quebrantar la cuarentena. Entre los acusados cuya identidad se ha hecho pública por esta acción judicial está Tomás León Marinkovic, quien viajó desde Santiago a Temuco, pese a que estaba esperando los resultados de un examen por Covid-19, que luego dio positivo.

Dentro de este grupo también está María Mireya Dañobeitía, sorprendida en el mall Alto Las Condes, pese a estar contagiada con coronavirus. En una entrevista con el diario La Segunda, aseguró que estaba cumpliendo el último día de cuarentena y que solamente había salido para una consulta en la sucursal de Integramédica.

"Cuando ella se hizo el examen, no le dieron ningún tipo de protocolo para terminar la cuarentena”, dice Felipe Caballero, su abogado. “Hay información confusa y las resoluciones son imprecisas. El comité de expertos sacó una nueva caracterización de personas infectantes, que considera el inicio de los 14 días (de aislamiento) a partir de los primeros síntomas. Ella los tuvo al menos unos cinco días antes del comienzo de la cuarentena, así que no hubo posibilidad de que pusiera en riesgo a otras personas".

Dañobeitía declarará ante la Fiscalía Oriente la próxima semana. La mujer arriesga una pena de 61 a 540 días de presidio y una multa que va entre 6 y 20 UTM.

La Tercera contactó a varias de las personas que están querelladas por el gobierno para intentar comprender qué les llevó a actuar de esa manera, pero solo dos accedieron a entregar sus testimonios.

R.M., electromecánico de profesión, dice que no cometió ningún delito. Que su caso no se puede comparar a un viaje en avión o a organizar una fiesta. Según su versión, la historia es mucho más simple.

Todo empezó el sábado 21 de marzo, cuando viajó en bus desde Los Andes hasta Rancagua. Venía de vuelta de su trabajo, en la División Andina de Codelco. Morales asegura que tomó todas las precauciones que la empresa había recomendado para evitar posibles contagios. Los trabajadores se habrían ubicado a un asiento de distancia entre sí y evitado saludarse con la mano.

Una semana después, según sostiene, se enteró por WhatsApp de que había viajado con un adulto mayor que había arrojado positivo para Covid-19. Entonces se alarmó y buscó ayuda. “Llamé al número de la Seremi, del Fonoayuda. Dije que venía en un bus con un viejito infectado. Me dicen, ‘¿pero esto cuando pasó?’. Les dije que había pasado el sábado anterior y me dijeron que si no tenía síntomas, hiciera mi vida normal con resguardos, como usar mascarilla, y que no debía hacerme el examen”, cuenta.

Pese a las recomendaciones que varios expertos han entregado a través de medios de comunicación, asumió que no debía encerrarse totalmente, ya que no presentaba síntomas visibles. Tampoco volvió a preguntar por el test. Se quedó en casa, donde vive junto a sus padres, saliendo solo en contadas ocasiones.

“A mí no me llamó nadie, no tenía cómo enterarme. Creo que ahí tienen que tener más cuidado. Apenas sepan, deberían avisar. Aquí vinieron de la Seremi 10 días después de lo que había pasado”, comenta.

El 31 de marzo, un funcionario de la autoridad regional de Salud y dos detectives de la Policía de Investigaciones fueron a su casa. Rodrigo Morales estaba comprando en un almacén cercano y tuvo que regresar corriendo. Lo sorprendieron incumpliendo la cuarentena e insinuaron que quedaría detenido.

La querella que la Intendencia de la Región de O’Higgins interpuso en su contra presenta otra historia. Esta versión detalla que R.M. habría sido efectivamente notificado que debía obedecer las medidas de prevención por haber estado en contacto con una persona contagiada. También indica que su empresa le había enviado una nómina con los trabajadores que habían tenido contacto directo con la persona que inicialmente estaba contagiada, como dando a entender que esas personas debían aislarse.

Morales insiste en que nadie le dijo que debía quedarse en cuarentena, ya que no mostraba síntomas. La investigación judicial deberá aclarar si hubo o no hubo advertencia previa de la autoridad sanitaria.

“No me han dicho nada de multas o denuncias. Me llamaron hasta dos días antes de cumplir la cuarentena y de ahí nunca más”, asegura Morales, quien dice estar tranquilo, pese a la acción judicial que lo enfrenta al gobierno.

A la una de la mañana del 10 de abril se oyeron una serie de gritos en una calle de Las Condes.

-¡Pacos c... Son súper injustos! ¡Pacos c..., no sirven para nada!

De acuerdo con la querella del gobierno, así vociferaba Juan Pablo Robles en la puerta de su casa, mientras lo llevaban detenido a la 47a. Comisaría de Las Condes. Los uniformados habían llegado tras un aviso telefónico que daba cuenta de una supuesta fiesta en el lugar. Tras la detención, se dieron cuenta de que el dueño de casa figuraba en la lista de personas con Covid-19 informada por el Ministerio de Salud. Lo que se trataba de una simple denuncia por ruidos molestos en medio del toque de queda, se transformaba así en un delito sanitario.

La noticia fue ampliamente difundida al día siguiente y el gobierno anunció querellas. “Muchos conocen este caso y es tremendamente lamentable la falta de respeto y poca consideración con las personas y la vida de otros (...). Había una fiesta. Uno de los invitados, al verificar su RUT, dio que es portador del Covid-19. Tenía que estar en cuarentena en Algarrobo”, escribió el alcalde Joaquín Lavín en su cuenta de Twitter.

Ha pasado una semana y a Robles le interesa precisar algunas imputaciones que, según acusa, no coinciden con lo ocurrido.

“Estábamos haciendo un asado, con otras dos personas que viven acá. No es que haya venido gente de afuera, invitados ni familiares, como dijo el alcalde. Alrededor de las 11 llegó seguridad ciudadana porque teníamos ruidos molestos. No voy a mentir. Había música y estábamos jugando a la pelota, así que bajamos el volumen. Al minuto después llegó Carabineros”, comenta.

En un principio se informó que había entregado una identidad falsa al momento de ser detenido y que debía estar haciendo cuarentena obligatoria en Algarrobo.

“Era el nombre de otra persona que vivía acá. La confusión con Carabineros se generó porque hace años vivía en Algarrobo. En algún momento hice un trámite y quedé con domicilio allá, pero llegué a vivir a Santiago en enero. Los carabineros no creyeron que yo vivía acá. Estoy en cuarentena hace mucho tiempo en Santiago”, explica Juan Pablo Robles.

Sin embargo, en la querella se argumenta que el joven tiene domicilio fijado en otro lugar de Las Condes.

El acusado asegura que uno de sus hermanos llegó desde Miami y que el 17 de marzo se realizó una prueba por Covid-19 que resultó positiva. “Después de ese examen me llamaron a mí. Dijeron que era probable que yo lo tuviera. Dije ‘perfecto, hago la cuarentena’, pero nunca me hicieron el examen. Yo creo que me presumieron contagiado y quede así en las listas”.

Al momento de ser detenido, no contaba con ningún documento que diera cuenta del cumplimiento de la cuarentena preventiva ni de su buen estado de salud.

Tras pasar por la comisaría, fue trasladado al Hotel Nippon, en Providencia, que actualmente está funcionando como recinto sanitario. Ahí informó que llevaba 25 días de cuarentena, pero que nunca había sido notificado como portador del virus. Al día siguiente, dice, le hicieron un examen.

“A las cinco de la tarde me llaman y me dicen que estaba dado de alta. Que no tenía Covid-19”, asegura.

La investigación en contra de Juan Pablo Robles -quien ya contactó a un abogado para su defensa-contempla revisar las cámaras cerca de su domicilio, reexaminar su estado de salud y esclarecer cuál era su domicilio en esa fecha. En paralelo corre un sumario sanitario que depende de la Seremi Metropolitana.

“Me parece mal el actuar de Carabineros. Inventaron lo de la fiesta, yo creo que quedaron picados por las puteadas que me mandé. Pero al día siguiente me disculpé (...). El abogado me comenta que puede ser que la querella la retiren dependiendo del informe de la Seremi”, asegura Robles, quien está dispuesto a asumir multas por ruidos molestos pero, en ningún caso, por delitos sanitarios.

Aunque le cuesta sacar alguna lección de toda esta historia -más allá de no molestar a tus vecinos-, Robles rescata un hecho puntual. El día después del incidente, mientras estaba en la residencia sanitaria, le escribió por Instagram a Joaquín Lavín explicándole lo que había pasado. Según cuenta, a partir de entonces, Lavín matizó sus primeros dichos y los ajustó a su versión. En medio de toda la controversia, él se queda con esa pequeña satisfacción.