Rosa Devés: “El sistema universitario está construido para que el más débil desaparezca, eso es la competencia”

Sentada en la imponente oficina de la rectoría de la Universidad de Chile, Rosa Devés recuerda que estaba afinando su discurso para el aniversario N° 181 de esa casa de estudios cuando ocurrió la funa a Sergio Micco en la Facultad de Derecho.

La noticia la desoló. No sólo involucró y enfrentó a dos facultades -Derecho, donde ocurrió el incidente, y Gobierno, donde Micco es profesor-, sino que puso a prueba el tema que sería la columna vertebral de su alocución y que tomó -afirma- como causa personal al asumir como rectora: la convivencia.

“Fue un evento que repudiamos, que no debe ocurrir en la universidad. Todo nuestro quehacer tiene que estar -y está, sobre todo en mi caso personal- en generar un ambiente donde la gente se sienta segura, escuchada, valorada y acompañada. Entonces, acciones como esas están totalmente en contra de nuestra misión”, dice.

El viernes 10 de noviembre, dos días después del incidente, la funa se trató en el Consejo Universitario, donde se reúnen decanos y directores de institutos. “Es una ruptura. Es algo que no queremos. Pero hay que decir que lo que ocurre en la U. de Chile se nota más que lo que ocurre en otras instituciones de educación superior. Somos 60.000 personas que interactuamos todos los días, entonces, también hay que poner las cosas en proporción. O sea, es grave que haya pasado, pero acá se convive respetuosamente”, asegura.

Devés revela el malestar que, por estos días, cruza a los rectores de las universidades estatales con el gobierno. Particularmente, porque el reajuste a los funcionarios públicos no incluyó a quienes trabajan en estas casas de estudio, a pesar -asevera- de haber logrado un acuerdo con Hacienda y el Ministerio de Educación. Pero el malestar también incluye promesas que no han sido cumplidas, lo que la hace concluir que entre la administración de Gabriel Boric y la anterior de Sebastián Piñera “no ha habido demasiado cambio, diría que hay una continuidad”.

El año pasado usted se lamentó de que no había visto un fortalecimiento de la educación superior pública por parte del gobierno, como comprometió el Presidente en su programa. ¿Sigue sosteniendo lo mismo?

Sí, no ha cambiado suficientemente. En estos días, estamos con este tema que se ha resuelto en la mesa del sector público de no innovar respecto del apoyo que se ha solicitado por mucho tiempo a que haya una contribución para el reajuste en las universidades estatales. Nuestros gremios pactaron un reajuste, fueron parte de la negociación desde mayo a octubre y de los acuerdos, con el Ministerio de Hacienda y el Ministerio del Trabajo. Vuelven con un acuerdo, pero sin recursos. Y eso, en realidad, es completamente inaceptable.

¿Cuánto dinero implicaba?

Dependía, eran tres escenarios. Y eran entre siete mil millones y 16 mil millones, con algo intermedio. Dependía de qué rango de remuneraciones eran las que se iban a acoger a este reajuste. Y bueno, trabajamos, concordamos, y simplemente no fue considerado. Entonces es muy compleja la señal.

¿La señal es que no hay un compromiso con la educación superior pública?

En parte, lo que lleva a esta actitud generalmente ha sido el que el Estado no controla la dotación de las universidades públicas. Pero siempre se puede encontrar un indicador aceptable para calcular esa transferencia de fondos para el reajuste. Yo creo que, en general, no hay conciencia de la importancia que tienen las universidades públicas para el país. La ley para las universidades estatales les entrega muchas responsabilidades, pero sigue habiendo un tema de autofinanciamiento. Y se da la siguiente paradoja: por un lado, tienen todas las regulaciones, todos los controles que tiene el aparato público para que, por otro lado, esencialmente se autofinancien y compitan. Ahí hay una contradicción fundamental. Es muy difícil de resolver y eso va a requerir una mirada al financiamiento de las universidades estatales.

El programa de gobierno de Boric incluía ello, ¿no ha cumplido con ese compromiso?

Es que no hay un compromiso. El compromiso es o sería que existan más fondos basales para las universidades del Estado, sacarlas de la lógica extrema de competencia de autofinanciamiento a una lógica más de responsabilidad del Estado con sus universidades. Y eso requiere cambios en el sistema de financiamiento. Porque hoy día se financian de la misma manera que el resto de las universidades, con algunos programas distintos, pero que no hacen la diferencia. Está todo el sistema construido de una manera que incentiva la competencia. Así fue concebido en el año 81. Y a pesar de las nuevas leyes, a pesar de la gratuidad, de alguna manera sigue siendo el sistema en general de educación superior impactado por esa lógica del 81, digamos, cuando se abre el sistema privado.

¿Y la competencia no es algo deseable para el sistema universitario?

Bueno, es lo que estamos viendo, ¿no? Con jóvenes endeudados, universidades que están sólo enfocadas a la demanda. El financiamiento que es a la demanda y no al fortalecimiento institucional. Ese es parte del problema que tenemos las universidades en general hoy día, ¿no? Sobre todo en un tiempo donde la colaboración se vuelve fundamental. Es clave para generar trabajos interdisciplinarios resolver los problemas más grandes. Es clave que las distintas instituciones colaboren, las privadas con las estatales, en fin.

El sistema está construido básicamente para que el más débil desaparezca, porque eso es lo que es la competencia. La competencia no es inocua o neutra, sino para dejar a alguien atrás. Y eso no va con el mundo que viene. No tiene que ver con defensas corporativas. Tiene que ver con... el futuro. Y tenemos que salir de esa lógica.

¿Se puede suprimir la competencia cuando es un rasgo que predomina en las universidades extranjeras?

Los sistemas más sólidos desde el punto de vista educacional son sistemas públicos muy fuertes. Y, por lo tanto, basados en unas lógicas distintas, lo que no significa que no son regulados. Pero donde no están en un sistema para destruírselos con otros.

¿Hay decepción con el gobierno por parte de las universidades estatales?

Hay pocas novedades, digámoslo así. Hay una tarea por hacer y nunca pierdo las esperanzas de que la vamos a hacer. Hay que tomar conciencia de la importancia de, por un lado, destrabar esta extrema burocracia. Esta administración que ahoga el cambio. Las universidades estatales, como las otras, tenemos que movernos rápido. Y estamos llenos de trabas, de controles. Tenemos otro tema pendiente, que son los estatutos de las universidades: hay 13 universidades de las 18 que tienen todavía el estatuto de la dictadura. Esos estatutos llevan dos años y medio siendo estudiados en el Ministerio de Educación. Esperamos que puedan ser promulgados este año.

Hay crisis en la U. Austral, en la U. de Aysén y la Bolivariana. ¿A qué responde esta crisis en el sistema universitario en general?

Bueno, esas son situaciones bien distintas. No quiero entrar en los problemas específicos, pero en un caso tenemos una universidad histórica, tradicional, importante, que es el caso de la Universidad Austral, que este país tiene que proteger. Y la Universidad de Aysén es una universidad nueva, joven, en un territorio aislado, con baja población, es importante que esté ahí. ¿Y cuál es el tema? Que tiene los mismos mecanismos de financiamiento, desde el punto de vista del Estado, que universidades centenarias: tiene que financiarse con el pregrado, sobre todo, porque no tiene los posgrados desarrollados que tenemos nosotros, ni los servicios, en fin. Esa universidad requiere, primero, comprender cuál es la misión en ese territorio y de tener un apoyo del Estado permanente para su desarrollo, porque es de importancia geopolítica.

¿Y no hay una responsabilidad de la gestión de las autoridades?

Siempre hay. En ningún caso las autoridades podemos decir que no somos responsables, pero eso tiene que decirse objetivamente sobre la base de información más amplia. Pero el caso de la Universidad de Aysén refleja las dificultades que tenemos hoy en la educación de la universidad estatal. Y esta predominancia en la competencia, este sistema de financiamiento que es como el mismo para todos, independiente de la historia, de la misión, de la ubicación geográfica que tiene una universidad.

¿Qué prioridad debería tener la educación superior cuando el gobierno tiene un incendio con la deserción escolar de niños tras la pandemia?

La educación superior es fundamental, porque tiene que ver con el desarrollo. Y debiera ser como contracíclica, que es lo mismo de la ciencia. Uno dice, pero ¿por qué vamos a ir a la ciencia ahora que tenemos tantos problemas? Bueno, porque tenemos que apoyarla, porque eso es lo que ayuda a los países a salir adelante. La educación superior es donde se forman los profesores, por ejemplo. Pero también es donde se piensa la educación, donde se estudian sus problemas. La educación superior no es un lujo de un país, es el motor del conocimiento.

O sea, se debieran atender los dos problemas. ¿Se puede si los recursos son limitados?

Es sistémico, es sistémico. Sin duda, están completamente relacionados esos dos sistemas. El problema y el riesgo lo tienen los dos. Es difícil la política, porque está la salud, están las pensiones, está la educación, por supuesto, y todos esos son recursos, ¿verdad? Pero el conocimiento no se debe abandonar.

Entre este gobierno y el anterior de Sebastián Piñera, ¿cuál ha sido más receptivo respecto de las demandas de los rectores de la universidad estatal?

No ha habido demasiado cambio, diría que hay una continuidad.

A una semana del plebiscito, ¿qué balance hace de estos cuatro años de proceso constituyente?

Lo que ocurrió en este proceso, en el de la Convención y ahora del Consejo Constitucional, y que creo que es algo que hay que valorar, es que tuvo esta insistencia de alguna manera a llegar a un acuerdo. Y eso lo logramos con el trabajo de la Comisión Experta, donde hubo un acuerdo político transversal, bien mayoritario, y que luego se destruyó. Siempre los procesos hay que valorarlos en lo que son. Son recorridos, aportan conocimiento a las sociedades de sí mismas, independiente de que sean exitosos o no. Es mejor recorrer esos caminos que no recorrerlos.

¿Este proceso es exitoso o no después de cuatro años?

Eso lo vamos a ver el 17 de diciembre, pero yo sí creo que se han cometido errores en la última fase.

¿Cuáles?

Yo creo que son dos de origen distinto. De mi punto de vista personal, que no implica un vínculo con la responsabilidad que tengo en la universidad, creo que es un texto que no es lo que dice ser.

¿Cómo así?

Bueno, porque por un lado reconoce a Chile como un Estado social y democrático de derechos, y por otro, si uno mira educación, salud y pensiones, no representa a los derechos sociales de una manera solidaria, como uno esperaría en un Estado social y democrático de derechos. Se incentiva una visión individualista. Es un problema grave y grueso de inconsistencia, que en un texto constitucional es un problema mayor, una contradicción.

¿Y el segundo error?

Y el segundo tiene que ver más con el proceso, con haber dejado caer un acuerdo, que fue un gran logro de la Comisión Experta, inesperado también para muchos. Y el dejar caer es también más grave que no haberlo logrado. Habría que haberlo votado después en un plebiscito, pero es como un cristal que se tiró al suelo y se rompió.

Pero eso desconoce que hubo un órgano democrático electo para precisamente trabajar sobre la base del proyecto que enviaron los expertos.

Sí. Lo hubo. Pero yo creo que todos coincidimos en la preocupación por los derechos sociales.

¿El Consejo debió ser más cuidadoso de este acuerdo?

El Consejo, en general, sí. Pero vamos a ver cuál es la opinión de la ciudadanía.

Y después de estos cuatro años, ¿usted cree que la ciudadanía queda con un sabor dulce o amargo de todo este proceso constituyente, en general?

Vuelvo a decir que eso lo vamos a ver el 18 de diciembre. Pero a mí me da la impresión de que muy dulce no va a ser.

El año pasado usted planteó, después de que ganó el Rechazo, que el texto de la Convención había sido maximalista. ¿Cómo calificaría la actual propuesta?

Vuelve a ser excesiva. Eso lo han dicho todos los expertos en el texto, que es muy largo, que insiste muchas veces en los mismos temas, como la libertad de enseñanza. Es como reiterativa. El texto propuesto por la Comisión Experta resolvía eso de alguna manera. Y esta vuelve a inclinarse en una dirección. El primer texto de la Convención no tenía la contradicción interna. Uno podía no estar de acuerdo y el 62% no lo estuvo. A mí lo que me preocupa de este, fundamentalmente, es esa inconsistencia que tiene. Pero de nuevo, tenemos que esperar el pronunciamiento de la ciudadanía. Eso es importante.

¿Va a votar “En contra”?

Sin duda, sí.

¿Cuáles son las luces rojas que advierte en el texto?

Creo que la objeción de conciencia institucional es un peligro que puede generar discriminaciones. No solo a nivel de las mujeres y sus derechos, cosa que se ha explicitado muy bien, sino también en los niños y sus colegios.

El tema también de poner en riesgo los derechos de las mujeres, como la interrupción del embarazo en las tres causales. Comparto la visión de quienes plantean que el haber sustituido el qué por el quien es una puerta abierta a retroceder en esos derechos. Y también el planteamiento de educación. Como ahí se plantea, con este énfasis excesivo en la defensa de la libertad de enseñanza, que por lo demás siempre ha estado ahí, no tiene una mirada para los tiempos que vienen.

La educación superior prácticamente no aparece. La educación a lo largo de toda la vida para qué decir, para nada. La responsabilidad principal del Estado con, por ejemplo, la educación superior, tampoco, es como una alternativa. Y uno dice, ¿el Estado, qué? Estamos hablando de las universidades estatales, ¿verdad? Realmente la educación pública como esencial para la cohesión social, para el bien común, como un espacio de encuentro de las personas diversas, nada de eso está. Lo que sí hay es fundamentalmente una defensa de la educación como yo la quiero y como casi que la voy a impartir en mi casa.

En ese sentido, ¿usted se siente más cercana al proyecto que emanó de la Convención que al actual?

En los temas educacionales, francamente, sí.

¿Y en un plano más general?

Sí, aunque reconozco que era, como dijimos, maximalista y que tal vez tampoco interpretaba el grueso de la sociedad. Y si bien uno puede estar de acuerdo como persona con esa visión, tiene que entender que esto debe ser más plural. Pero en educación creo que era muy, muy superior.