Siete días para el olvido: la cadena de actos que marcaron la peor semana del gobierno

“Yo tengo la más profunda convicción de que en el juicio a Jorge Mateluna hubo irregularidades y una valoración de la prueba que no estuvo a la altura de la justicia”, dijo el lunes el Presidente Gabriel Boric al ser consultado por el indulto que otorgó el viernes al exfrentista Jorge Mateluna. Sus dichos fueron reprochados de inmediato por referentes del mundo político, de oposición y también del oficialismo, que criticaron la intromisión del Mandatario en facultades de otro poder del Estado.

“La Corte Suprema se ve en la necesidad de recordar lo dispuesto en el inciso 1° del Artículo 76 de la Constitución Política de la República”, declaró el pleno de la Corte Suprema en un comunicado en respuesta a las declaraciones. Luego procedieron a recordar la norma mencionada: “La facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. Ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, abocarse a causas pendientes, revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos”.

Para peor, en el comunicado posterior que emitió el equipo del Presidente -que buscaba dar por terminada la polémica- estaba mal citada la ley de indultos, ya que en el escrito se refirió a la Ley 19.050 que dice relación a las normas del tránsito. El número correcto era 18.050.

Durante la tarde del martes, Boric recibió llamados de parlamentarios de la oposición, quienes le hicieron ver su evidente molestia.

Esa cadena de errores gatilló un malestar profundo que se reflejó en acusaciones y críticas que arruinaron la primera semana de 2023 en La Moneda.

Las declaraciones del Presidente no solo tuvieron repercusiones en la Corte Suprema, sino que también en la oposición. El martes, apenas el Mandatario se refirió al caso Mateluna, sus dichos comenzaron a comentarse en los chats de los parlamentarios de Chile Vamos y el Partido Republicano, que ya estaban molestos con el indulto.

Y en ese contexto, en los grupos de diputados empezó a circular la interrogante para evaluar una posible acusación constitucional contra el Presidente Boric. Una idea que nunca antes en el primer año de gobierno tomó ese nivel de seriedad.

La senadora Paulina Núñez (RN) no descartó la posibilidad en el Congreso. “Habrá que evaluarla con los antecedentes que están a la vista y no descartar nada, salvo que el Presidente se retracte y enmiende su error”, dijo.

De todas formas, la idea perdió peso entre los parlamentarios, quienes buscaron otros mecanismos para reclamar contra la medida del Mandatario, como ir a Contraloría para que fiscalice el proceso.

La bancada RN, además, presentó una denuncia en el Ministerio Público -contra todos los que resulten responsables- por el delito de “prevaricación”, en relación a lo sucedido con los indultos.

También, la bancada de la UDI anunció que recurriría al Tribunal Constitucional para ver la posibilidad de impugnar el indulto a Jorge Mateluna.

La salida de la ministra de Justicia, Marcela Ríos, era un secreto a voces durante la mañana de ayer en Palacio, pero ésta sólo fue oficializada por Gabriel Boric pasadas las 16 horas en un punto de prensa en La Moneda, oportunidad en que el Presidente anunció a su sucesor, el abogado y académico Luis Cordero Vega.

Momentos después de la vocería del Mandatario, a través de un comunicado de presidencia, se informó que el Presidente también había aceptado la renuncia de su jefe de gabinete, Matías Meza-Lopehandía, uno de sus hombres más cercanos, a quien conoció en la escuela de Derecho de la Universidad de Chile.

Con ambas salidas, La Moneda busca descomprimir la presión –y malestar- manifestado por la oposición, a raíz de los indultos presidenciales.

Para este lunes, a las 15.00 horas, las bancadas de la UDI y RN tienen previsto una acusación constitucional contra Ríos y, hasta el cierre de esta edición, no había una información oficial sobre un cambio de planes tras su salida.

Dentro de los motivos están la gestión en el tema de los indultos y también lo dilatada y compleja que ha sido la designación del próximo fiscal nacional.

En el cambio de gabinete del 6 de septiembre el comité político evaluó cambiar a la ministra, pero finalmente optaron por darle continuidad.

A las 13.30 del martes 3 de enero, en el primer almuerzo de la bancada del Partido Republicano de 2023 en el casino del Congreso, los diputados tomaron una decisión: ingresar la acusación constitucional -que ya tenían elaborada hace casi un mes- en contra del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson (RD), por “abuso de autoridad y poder”. Los argumentos, entre otros antecedentes, tienen que ver con que la exseremi de la Región Metropolitana Patricia Hidalgo (ex PPD) decidiera querellarse por “instrucciones ilegales” contra el gobierno, acusando haber sido presionada para aprobar un proyecto medioambiental.

El documento de 150 páginas está firmado por 10 diputados que reclaman que Jackson no ha desempeñado una buena labor en su cartera.

El miércoles, la Cámara sorteó a los cinco diputados que componen la comisión revisora: Joaquín Lavín (UDI), Karol Cariola (PC), Clara Sagardía (independiente-bancada del Frente Amplio), Bernardo Berger (independiente-RN) y Ericka Ñanco (RD).

“Esta acción de la acusación probablemente está motivada por marcar una diferencia política frente a quienes hoy son más opositores al gobierno”, dijo el viernes el ministro Jackson, quien agregó que está dispuesto a entregar todos los antecedentes.

Pese a que en un principio los parlamentarios de Chile Vamos se mostraron contrarios al timing de la acusación a Jackson -porque están más enfocados en las críticas a la gestión de la exministra Ríos-, con el correr de los días los argumentos han hecho sentido entre las bancadas de oposición. “Paren de encontrar motivos para salvarle el pellejo a Jackson”, les reclamó el diputado republicano José Carlos Meza a los parlamentarios que lo cuestionaron por la iniciativa.

En la tarde del lunes 2 de enero, mientras los parlamentarios descansaban durante el fin de semana largo, los que componen la mesa de seguridad recibieron un llamado de la jefa de asesores del Ministerio del Interior, Pía Mundaca. “Estimado, lo llamo para informarle que se suspende la reunión de mañana. Optamos por darles a los parlamentarios de oposición unos días de reflexión para que puedan reincorporarse a la mesa”, planteó la cientista política.

Se suponía que el martes todos los representantes que componían la mesa de seguridad se reunirían a las 7 de la mañana para cerrar los últimos puntos y anunciar, de una vez por todas, el acuerdo nacional por un “Compromiso Transversal por la Seguridad” contra el crimen organizado que prometió la ministra del Interior, Carolina Tohá. La meta era llegar a consensos antes de que terminara el 2022. Pero no resultó.

Tras el anuncio de los indultos presidenciales la oposición -Chile Vamos y el Partido Republicano- decidió quebrar la mesa y restarse de la instancia a través de un comunicado. “La mesa va a seguir. Lo ha dicho la ministra del Interior, pero al final del día vamos a trabajar con quienes estén disponibles a trabajar”, dijo la vocera Camila Vallejo. Desde el Ministerio del Interior siguen buscando una fórmula para retomar las conversaciones, pues ya habían llegado a 79 puntos de consenso.

Pero en el Partido Republicano aseguran que no ha habido ningún acercamiento y que la decisión es definitiva: “No vamos a volver, es un quiebre definitivo”, dice el diputado Cristián Araya.

Tras dos propuestas rechazadas por el Senado -los abogados José Morales y Marta Herrera-, el miércoles todo indicaba que Juan Agustín Meléndez sería la nueva carta del gobierno para ser fiscal nacional. Así lo reconocieron parlamentarios del oficialismo y también de la oposición, por las intensas gestiones de las ministras Marcela Ríos, Ana Lya Uriarte y de Carolina Tohá. Pero en el comunicado que emitió La Moneda durante la tarde el nombre fue otro: Ángel Valencia, uno de los abogados que habían obtenido más votos de la Corte Suprema, y que reúne más apoyos en la Cámara Alta, pero que era resistido por la coalición del Presidente por haber representado a acusados de delitos sexuales. De hecho, Ríos aseguró en la Comisión de Constitución que la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, y organizaciones feministas manifestaron su preocupación ante una posible nominación de Valencia. Por lo mismo, en el ministerio de Justicia aseguran que Ríos quedó afectada por la tercera nominación y que para las ministras Uriarte y Tohá también fue un golpe duro.

Hasta ahora, la nominación tiene los votos necesarios para alcanzar el quórum en el Senado, aunque despertó el malestar de varios integrantes del oficialismo. “Es como si me solicitara el Presidente que apoyara al abogado del señor Pradenas”, dijo la senadora Loreto Carvajal (PPD).

Valencia estuvo el viernes en La Moneda junto a la ministra Tohá para preparar la presentación del lunes, cuando se definirá si es el próximo fiscal nacional.

El miércoles, el Centro de Estudios Públicos (CEP) dio a conocer la edición N°86 correspondiente a noviembre y diciembre de su Encuesta Nacional de Opinión Pública. Y el sondeo no fue alentador para el gobierno. La desaprobación del Presidente alcanzó un 61% y los números tampoco favorecen al gabinete oficialista. Por ejemplo, la ministra de la Secretaría de General de Gobierno, Camila Vallejo, marcó un 51% de desaprobación.

“Lo que se puede interpretar de la evaluación del oficialismo es justamente la escasez que hemos visto respecto a generar acuerdos. En comparación a la medición de abril y mayo, el Presidente bajo ocho puntos de aprobación”, asegura Sebastián Izquierdo, coordinador académico del CEP. Y agrega que la ciudadanía castiga la demora en ejecutar las reformas: “La ciudadanía está esperando de manera muy consistente que avancemos en las políticas sociales. En educación uno ve un esfuerzo bien bajo respecto a los problemas que la pandemia nos dejó y en salud aún no conocemos la reforma”.

Si bien ninguna de las figuras políticas sobrepasó el 50% de aprobación, los favoritos de la encuesta pertenecen a la oposición. La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, lideró la lista como la mejor evaluada por los encuestados, con un 46% de imagen positiva.