Tesoro maldito

Bernard Keiser estaba "realmente preocupado", cuenta Camilo Rapu, administrador de la naviera rapanui Iorana Cargo, fundada por su abuelo. No le faltaban razones. La noche del lunes 30 de septiembre, el empresario estadounidense, que lleva más de 20 años buscando un millonario tesoro en Juan Fernández, lo llamó para avisarle que no tomaría el cupo reservado en el transbordador Iorana para la retroexcavadora de casi nueve toneladas con la que pretende reiniciar las perforaciones en una zona de Puerto Inglés, al interior del Parque Nacional y Reserva de la Unesco.

El martes era el plazo fatal para embarcarla rumbo a Juan Fernández. Keiser debía presentarse en el puerto de Quintero con la retroexcavadora modelo JCB 3 Plus 4x4, una máquina que arrendó hace ya dos meses, a un costo cercano a $ 35 mil pesos por hora y que tiene almacenada en la bodega de una empresa de agenciamiento marítimo en Placilla. Pero no llegó.

"No me dio razones", dice Rapu, "pero se notaba muy preocupado", insiste.

Hace más de un mes, Keiser lo contactó como alternativa para llevar la polémica carga hasta la isla. Los más de siete millones de pesos que costaba el viaje eran lo de menos. Su verdadero problema es el tiempo.

El permiso ambiental para ejecutar los trabajos de excavación se extiende desde septiembre de este año hasta abril de 2020. Y hasta ahora no ha podido partir. Los problemas se le han ido sumando por su insistencia en usar maquinaria pesada en la isla, lo que le valió una larga pelea con Conaf y le impidió cavar en la última temporada, entre septiembre de 2018 y abril de 2019.

Esta disputa terminó de mala manera a fines de agosto pasado, con la intervención del ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward, y la destitución del director regional de Valparaíso de la Conaf, Pablo Mira, por negarse a firmar un protocolo que autorizara el ingreso del cazatesoros estadounidense al Parque Nacional Juan Fernández.

La falta de transporte podría retrasar el inicio de las excavaciones hasta fines de noviembre o comienzos de enero, a lo menos. La nave Iorana Cargo va a Isla de Pascua y solo realiza viajes esporádicos al archipiélago de Juan Fernández. El próximo será a mediados de noviembre, y ya tiene su carga completa. El transporte marítimo regular entre Valparaíso y la Isla Juan Fernández depende de la empresa Transmarko, del empresario Constantino Kochifas, que realiza dos viajes al mes con la motonave Antonio y puede llevar un vehículo por vez.

El contrato que tiene con el Estado obliga a Transmarko a priorizar la carga de los residentes en la isla. Todos los demás deben reservar un espacio para cuando haya disponibilidad. Así lo hizo Keiser hace dos meses, pero hasta esta semana, estaba en quinto lugar de la lista de espera, por lo que no tenía ninguna posibilidad de llevar la retroexcavadora a la isla antes de fin de año.

"Mientras no llegue la máquina a la isla no tiene ningún sentido iniciar las excavaciones, no se volverá al trabajo con paleros", dice Jaime Solari, de Gestión Ambiental, la consultora que asesora a Keiser.

Sus dilemas no acaban ahí. Una vez que llegue la retroexcavadora al pueblo de San Juan Bautista, en bahía Cumberland, será necesaria una complicada maniobra para desembarcarla. El muelle no tiene grúa, así que deberán usar la pluma del barco para levantar las casi nueve toneladas de maquinaria y depositarla sobre una balsa, la que será remolcada por mar -no hay camino- hasta la zona de Puerto Inglés, donde, según los registros históricos a los que accedió Keiser, habría sido enterrado -en el siglo XVIII- un tesoro español de 846 barriles con oro, valorado en cerca de US$ 10 mil millones.

"No sé cómo van a bajar esa máquina del barco, porque la pluma del buque Antonio es para siete toneladas, pero con más de cuatro toneladas se pone complicada la maniobra y la retroexcavadora que piensan traer pesa cerca de nueve", señala el alcalde de Juan Fernández, Leopoldo González (RN).

Es el edil quien entrega, además, una pista que ayuda a entender por qué esta semana el buscatesoros estadounidense desistió a último momento: "Las dos balsas que mandó construir Keiser hace algunos años las tiene medio desarmadas y creo que son muy pequeñas para trasladar una carga de nueve toneladas, por lo que no creo que traiga la retroexcavadora".

Este jueves, en la isla, en una dura sesión del consejo ambiental comunal -donde hubo críticas a la idea de Keiser de ingresar maquinaria pesada-, se acordó que la Armada fiscalizaría las maniobras de desembarque y traslado marítimo de la retroexcavadora.

Pese a la polémica en que Keiser se ha visto envuelto este año, el alcalde de Juan Fernández tiene una buena impresión del excéntrico empresario textil de Chicago. Desde que llegó por primera vez a la isla en 1998, obsesionado con la idea del tesoro, ha contribuido con la economía de la isla.

"Es accesible y le gusta conversar. Al principio llegó a contratar en forma directa a unas 20 personas, a las que les pagaba unos 100 dólares al día, por lo que ha ayudado a fijar un piso para el pago de salarios entre los contratistas del continente. Además, durante los siete meses que pasa en la isla cada año, se queda en hosterías diferentes y deja dinero en más lugares", dice el edil.

Los guardaparques de Juan Fernández y fiscalizadores de la Conaf de Valparaíso no tienen la misma opinión de Keiser ni de los cambios que ha registrado su proyecto.

Ya en marzo de 2017, durante la fiscalización que hicieron al lugar de las excavaciones -una zona de 50x40 metros-, emitieron un primer informe negativo. Las quejas en ese momento se relacionaban con algunos incumplimientos a las condiciones pactadas para autorizar el ingreso a esta zona protegida y con acciones que contravenían el plan de manejo del parque. Keiser, por ejemplo, en esa ocasión avisó a la Conaf casi dos meses después del inicio de las obras. También se detectaron otras infracciones: se habían removido suelos con restos paleontológicos; el retiro de la basura se hacía una vez a la semana y no todos los días, como estaba convenido, y los trabajadores de Keiser seguían entrando al parque acompañados de perros, pese a las advertencias de los guardaparques. El informe de la Conaf también recalcaba que la zona de Puerto Inglés es uno de los lugares de mayor interés turístico del parque, además de ser el emplazamiento de uno de los tres campings que tiene Juan Fernández, por lo que el desorden de los equipos y materiales usados en las excavaciones provocaban algunas críticas de parte de los turistas.

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Fiscalizadores de la Conaf constaron la erosión provocada en la zona e las excavaciones en octubre de 2018, luego que Bernard Keiser no cumpliera con la condición de tapar completamente el lugar de las faenas al final de la temporada. completam[/caption]

El 15 de mayo de 2018, Conaf evacuó un nuevo informe. Esta vez, lapidario. En cinco de los ocho aspectos fiscalizados, Keiser no había cumplido. Ese año, el cazatesoros estadounidense se retiró de la isla sin cumplir con las dos semanas de anticipación al notificar el término de las faenas al administrador del parque. "El rellenado de la excavación se hizo de manera incompleta. El señor Keiser en su compromiso con Conaf indica que 'la exploración se realiza en un sitio histórico causando la mínima alteración del sitio'", reza el documento, que también advierte del daño ambiental causado: "El acopio del material extraído está siendo arrastrado por las lluvias, por sector contiguo a la excavación, a raíz de la pendiente del terreno".

Además, acusa al empresario por no haber dejado la zona limpia. "Al interior de la zona de excavación se encuentran materiales de trabajo como carretillas, latas oxidadas, restos de cerco, las que se hallan semitapadas con una lona que el viento ya ha removido de su lugar", indica el informe de fiscalización de Conaf. También la letrina del camping, usada por el equipo de Keiser, se encontraba sucia y con su techumbre destruida.

El daño ocasionado por la erosión en la zona de las faenas quedó registrado en varias fotografías tomadas por los guardaparques en octubre de 2018, las que fueron enviadas al entonces director regional de la Conaf, Pablo Mira, en momentos en que Keiser y sus abogados intentaban obtener una nueva autorización para ingresar al parque, esta vez con la intención de usar máquinas pesadas.

A partir de 2012, Keiser había dejado de realizar el trabajo siguiendo las pautas de una investigación arqueológica. No solo porque no habían encontrado ningún objeto antiguo en las últimas temporadas, sino principalmente por lo lento que esto resultaba. No llegaban más allá de los siete metros de profundidad, cuando se les acababa el tiempo y tenían que comenzar a rellenar la excavación. Además, había modificado varias veces el sitio de las obras.

Obsesionado con la idea de que el tesoro está enterrado en una cueva subterránea a 15 metros de profundidad, Keiser empezó a incluir cada vez más maquinaria para acelerar los trabajos, entre otros, un taladro perforador XAS 87 de Atlas Copo, que requería de un estanque de agua de 200 litros. Para obtener el líquido, los trabajadores de Keiser hicieron algunos diques en la vertiente que pasa cerca del lugar. Además, al día debían trasladar en bote el combustible para hacer funcionar el taladro. Sin embargo, al renovar los permisos ambientales cada año , Keiser insistía en que no se realizaban cambios sustantivos al proyecto, por lo que era innecesaria la presentación obligatoria de una nueva declaración de impacto ambiental ni nuevos estudios.

"En una de las RCA se permitió el uso de explosivos de manera acotada y los emplearon para romper roca madre, autorizados por el Consejo de Monumentos, por la Conaf y por todo el mundo. No estoy hablando de grandes cantidades de explosivos, se usó en pequeñas cantidades para romper grandes rocas de dos o tres metros. Esa vez no se armó ninguna polémica. Pero el tesoro no estaba ahí, así que se tapó el hoyo y nadie dijo nada", dice Solari.

El 27 agosto del año pasado, los abogados de Keiser pidieron a la directora del SEA de Valparaíso, Esther Parodi, una nueva ampliación de los trabajos de sondaje en el parque nacional, la que incluía el uso de la retroexcavadora de nueve toneladas. Una vez más, aseguraron que no había cambios sustantivos a las labores que se venían realizando en temporadas anteriores. "Cabe señalar que el presente proyecto se desarrollará en la misma superficie ya autorizada, por lo que no implica cambio alguno en relación al área a intervenir, ni efectos distintos a los ya evaluados en el proyecto original", afirmaron en la consulta de pertinencia, por lo que, a su juicio, no sería necesaria la presentación de una nueva declaración de impacto ambiental. Esta tesis fue ratificada por la directora regional del SEA de Valparaíso, Esther Parodi, el 28 de octubre de 2018.

La decisión del SEA de Valparaíso indignó al equipo regional de la Conaf, encabezado en ese momento por el ingeniero forestal Pablo Mira, pues no se les había consultado la opinión de los servicios técnicos antes de la aprobación. Resueltos a paralizar el ingreso de la retroexcavadora sin un nuevo estudio de impacto ambiental que determinara los eventuales daños que podría generar el uso de maquinaria pesada, Mira pidió que se pronunciaran otros organismos, impidiendo el ingreso de Keiser al parque y el reinicio de las excavaciones. Al empresario estadounidense incluso le exigió la entrega de un estudio independiente sobre los eventuales daños que podría ocasionar el uso de maquinaria pesada.

Pero Mira fue más allá y con los abogados de la Conaf regional presentaron en febrero pasado una denuncia ante la Superintendencia de Medio Ambiente. La denuncia sería finalmente desestimada.

Con cinco millones de dólares ya gastados en esta búsqueda, Keiser no se quedaría de brazos cruzados. En tres ocasiones, el abogado de Keiser, José Urrutia, y los gestores de intereses Maura Torres y Norman Hesskamp, se reunieron con Mira para destrabar el ingreso al parque.

La ofensiva de lobby se extendería entonces a diversas autoridades, a quienes les explicaban el proyecto, la necesidad de ingresar maquinaria pesada y los problemas que enfrentaban con la Conaf.

Según consigna la plataforma de ley de lobby, el 23 de enero pasado los representantes de Keiser se reunieron por separado con el director general de Marina Mercante y Territorio Marítimo, contraalmirante Ignacio Mardones; con el jefe de gabinete del ministro de Agricultura, Antonio Walker, Matías Valenzuela, y con el director nacional de la Conaf, José Manuel Rebolledo.

Sobre esa cita, Valenzuela señala que los asesores de Keiser "me hicieron ver su preocupación porque se apurara el permiso para ingresar al parque. Les dije que las instituciones debían funcionar". Ni el Ministerio de Agricultura ni el director de la Conaf, en ese momento, quisieron intervenir en el conflicto.

Quien sí lo hizo fue el ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward. El 9 de julio pasado, Ward se reunió con los abogados y asesores de Keiser e inició gestiones al interior del gobierno para destrabar los permisos de ingreso al parque. Una intervención que está siendo analizada por la Contraloría, tras una denuncia interpuesta por el diputado frenteamplista Diego Ibáñez.

La presión sobre Mira, aseguran funcionarios de la Conaf, fue enorme. Incluso, señalan las fuentes, Rebolledo le advirtió en más de una ocasión que si no firmaba el protocolo de acuerdo con Keiser "tendría graves consecuencias". Así fue. Mira fue destituido y el protocolo terminó siendo firmado en Santiago directamente por el director nacional.

El miércoles pasado, mientras un apremiado Bernard Keiser buscaba desesperadamente la forma de trasladar la polémica retroexcavadora hasta el sitio de las faenas, Mira pasó por sus antiguas oficinas en la Conaf de Valparaíso. Pasó a buscar su hoja de calificaciones -la que solo registra anotaciones positivas- y a despedirse de algunos de sus funcionarios. "Mi intención siempre fue proteger un parque nacional. Nunca actué por capricho político", les dijo a sus exfuncionarios, antes de atravesar la puerta por última vez.