Un cadáver enterrado en los cerros: la historia del crimen narco que remeció a Canela

Cuando Francisco Rojas (25) salió de su casa en Viña del Mar, en febrero de 2021, le dijo a una de sus hermanas que se iba por 15 días a Salamanca con unos amigos. Pero lo que no les contó ni a ellas, ni a su padre, ni a su madre era que, en realidad, días atrás le había llegado un mensaje por Facebook que iba a cambiar su vida.

Se lo mandó Alejandro Hernández, un amigo. Lo invitaba a cuidar una plantación ilegal de marihuana en Mincha: una localidad rural al interior de la comuna de Canela, en la Región de Coquimbo. A cambio le prometió un par de kilos de cannabis. Rojas accedió.

El joven nacido en Los Andes ya tenía antecedentes. Luego de cursar la educación básica en su ciudad natal, un cambio de colegio en 2011 desplomó su rendimiento académico. Repitió segundo medio y, al año siguiente, se metió en un dos por uno. Nunca más pasó de curso.

En 2013 se enfrentó por primera vez a la justicia: con 16 años, se metió a un supermercado Lider en Santa Cruz. Sacó $ 83 mil en cortes de carne al vacío. Ese año tuvo tres condenas por robo frustrado en supermercados. La más alta fue cuando pasó 41 días en prisión por robar $ 39 mil en mercadería de un Jumbo.

Rojas tuvo una hija en 2019. Al año siguiente, mientras vivía en Los Andes, su pareja y madre de su hija lo acusó de VIF.

Su madre lo perfiló a la PDI: “Era muy regalón, muy respetuoso, muy cariñoso. Lo único malo es que desde chico tuvo problemas con las drogas. Lo tuvieron internado. Sus hermanas son todas profesionales”.

Esto último lo diferenciaba del resto de la banda a la que Hernández lo había invitado.

Ahí, el líder era Carlos Tapia Mendoza (24), apodado como el “Salamanca”, que vivía en Mincha Alto. Conocía esa zona de quebradas como pocos y ya llevaba un tiempo traficando. Hace poco le había quitado a la fuerza a otra banda una plantación de marihuana con tres mil plantas en un fundo llamado Millahue, en Canela. Necesitaba gente que trabajara en el campo.

Por eso, llamó a otros conocidos. Giovanni Guerrero (22) era uno de ellos. A esa altura se desempeñaba como obrero de la construcción. Pero cuando tenía 19 años, ya había sido condenado a tres años y un día en Viña del Mar por receptación. En la banda también había un niño: D.M., de sólo 15 años. Nació en Santiago, pero vivía en Viña del Mar. “Él viene de las tomas de esa ciudad, de un entorno muy vulnerable en muchos aspectos”, comenta su defensora, Leslie Zapata. D.M. nunca llegó más allá de tercero básico.

Fue con ellos con quien se reunió Rojas para ir a la plantación, porque Hernández, el que lo había invitado, se restó a último minuto. El 16 de febrero empezó su trayecto desde Viña. Recorrieron gran parte del camino en auto, hasta que, debido a las quebradas de la zona, tuvieron que completar las últimas cuatro horas a pie. Llegaron de madrugada. En el sitio había herramientas y un ruco: una especie de construcción con nylon y unos colchones para dormir.

A pesar de las pocas comodidades, Rojas quiso contarle a su entorno dónde estaba. Le mandó fotos de la plantación a varios amigos por Facebook. En una de esas, se lee en la sentencia del caso, Rojas posaba con armas de fuego en ambas manos y las plantas de fondo, que llegaban a los dos metros de altura.

“Para ellos fue como llegar a un paraíso”, dice el defensor público de Ovalle Gerardo Tagle, quien participó de la causa. “Ellos lo veían como una aventura”, agrega.

Cuando llegaron, Tapia explicó algunas cosas. Lo primero, cómo tenían que trabajar ese campo. Lo segundo, era que se tenían que defender armados por si llegaban otras bandas a tratar de quitarles el terreno. Por lo mismo, los armó con dos escopetas hechizas, una pistola 9 mm y un revólver. Ese último se lo entregó al niño de 15 años.

A los días de llegar, el mediodía del 22 de febrero de 2021, Giovanni Guerrero estaba sentado en el ruco. Ya había revisado el terreno y Tapia había bajado a Mincha a buscar más armamento. Según los relatos judiciales, Guerrero se sentó al costado de Francisco Rojas, que estaba tumbado sobre un colchón. Al frente de ellos, D.M. manipulaba su revólver. Mientras toqueteaba el arma, declaró Guerrero, el cañón apuntaba hacia Rojas.

En eso, un disparo salió del arma. La bala le entró a Rojas por el parietal izquierdo y se alojó en su cráneo. Murió en el acto. Dos días atrás había pasado su cumpleaños número 25 ahí, entre las quebradas y las plantas.

Giovanni Guerrero, por el susto, salió corriendo hacia el cerro. Detrás de él iba D.M., con el arma en sus manos, alterado, agarrándose la cabeza.

Según la declaración de Guerrero, el adolescente le preguntaba: “Hermano, ¿qué hice?”.

Luis Romero, jefe de la Prefectura Provincial Choapa de la PDI, investigó el caso. A dos años de los hechos, piensa que la causa habla mucho de algo que viene pasando hace años en la zona.

“Este lugar es particularmente preferido por las bandas que se dedican al narcocultivo -asegura Romero-, porque tienen más autonomía: no hay muchos caminos marcados, solo senderos que van haciendo los animales. Las quebradas y cerros hacen difícil que alguien encuentre sus plantaciones”.

Evelyn Pereira (ind.-PRO) es concejala de Canela. Explica que su comuna es un lugar rural de nueve mil habitantes. Y que gran parte de la economía de sus vecinos depende de la agricultura. Uno de los cultivos estrella de la zona es, por ejemplo, el comino.

“Pero con la sequía de los últimos años los campesinos han visto cómo, a pesar de que invierten mucho en sembrar o en comprar ganado, no logran ganar dinero. Eso -explica- hace que sean muy fáciles de seducir por sujetos que les ofrecen plantar en su campo marihuana. Y ganan, con muy poco esfuerzo, mucho más dinero que el que harían cosechando papas, por ejemplo”.

Esto ha hecho que se enteren, dice Pereira, cada vez más seguido de las cosas que van enfrentando y encontrando las policías en las quebradas: redadas, balaceras y plantaciones cada vez más grandes.

Romero va más allá. Dice que si el año pasado con el Plan Cannabis incautaron 100 mil 400 plantas, este año el número subió a 256 mil.

El Defensor Regional (s) de Coquimbo, Gerardo Tagle, defendió a uno de los imputados en la causa. Dice que este es uno de los casos más simbólicos a la hora de hablar de niños usados en narcocultivos. Porque permite entender sus causas:

“Primero, los niños son más maleables y manejables, por las promesas que les hacen. Pero lo otro es que los niños, si son condenados, tienen baja carga penal. Por lo tanto, las penas a las que se enfrentan si los pillan son mucho menores”.

Lo que añade Romero es que, entre esos niños reclutados, estos ilícitos no son vistos como algo negativo: “El delito para ellos es sinónimo de estatus. Parten robando y así van subiendo en carga penal y en el nivel de violencia. Ellos dicen que cuando grandes quieren ser choros. Andar “tapizados”, o sea, con plata, con joyas”.

A estos menores y jóvenes que cuidan plantaciones, dice Romero, les ofrecen recompensas en marihuana, pagos en efectivo o, incluso, autos clonados.

Esto le hace sentido a Pereira. Dice que entre el concejo y la alcaldía, esto ha sido un tema complejo. Que lamentan que los jóvenes estén yéndose a las quebradas a cuidar marihuana a cambio de una recompensa monetaria. Que en la comuna cada vez están viendo más gente que aparece con dinero de un día para otro.

“Es que es una vía fácil de conseguir plata -comenta-. Pero también fíjate en esto otro: hay pocas oportunidades para ellos. Para estudiar, se tienen que ir a Viña del Mar o a Santiago. Entonces, ellos se van desmotivando. Van diciendo, no voy a poder. Por eso toman este atajo”.

Esa vida rápida es la que tomaron Giovanni Guerrero y D.M. Nunca pensaron que eso los llevaría a tener un cadáver delante de ellos. Con el cuerpo de Rojas tendido en el colchón, dice el expediente, D.M. le pidió a Guerrero no decir nada de lo que pasó. Él aceptó. El adolescente envolvió el arma en un calzoncillo y la tiró hacia la ladera de un cerro.

Carlos Tapia, el “Salamanca”, regresó horas después y se sorprendió con lo que encontró: Francisco Rojas yacía muerto, tapado por un plástico negro sacado de un ruco. A D.M. y a Guerrero, en tanto, los notó asustados, mientras cosechaban matas de marihuana. Cuando Tapia pidió una explicación de lo que pasó, Guerrero respondió que cuando él no estaba, llegaron unos huasos a caballo a hacer una mexicana. Ahí, dijeron, hubo un enfrentamiento en el que Rojas terminó muerto.

A Tapia, dijo en su declaración, la explicación le pareció algo débil: primero, porque, a pesar de la mexicana, no se habían robado nada. Lo otro es que sólo faltaba un arma: la que le había encargado a D.M.

La banda dejó el cuerpo de Rojas ahí. Decidieron volver a Viña del Mar hasta decidir qué hacer con él.

El 26 de febrero de 2021, cuatro días después de los hechos, Guerrero, su sobrino de 17 años y D.M. decidieron volver a la plantación en Mincha. Allá hicieron un hoyo de 80 centímetros de profundidad, envolvieron el cuerpo de Rojas en un cobertor, lo arrastraron, lo metieron en el hoyo y lo taparon con tierra.

Luego de meses sin saber de su hermano, Constanza Rojas se metió al Facebook de Francisco. Su padre, Héctor, y su madre, Nancy, necesitaban respuestas. Ahí las encontró: se dio cuenta de que su hermano le había mandado a varias personas fotografías suyas en una plantación de marihuana y que lo había invitado su amigo Alejandro Hernández.

La familia habló con Hernández en abril de 2021, quien se había enterado de la muerte de Rojas por los otros miembros de la banda.

En esos días, el mismo Hernández le contó a Tapia que mientras compartía en una fiesta con el sobrino de Guerrero, este se sintió mal, se puso a llorar y le confesó que el disparo se le salió a Guerrero cuando jugaban con el arma de D.M. Esto lo sostuvo Tapia en su primera declaración judicial. Pero en un interrogatorio posterior, cambió la versión. Dijo que se enteró “en la cárcel” que D.M. le había disparado a Rojas. D.M., aclara su abogada, nunca confesó ser autor del delito.

Hernández le dio la noticia de la muerte de Rojas a su familia. Con esa información, los Rojas pusieron una denuncia en la PDI por presunta desgracia el 16 de mayo. Su hijo ya llevaba dos meses y 20 días bajo tierra.

El caso lo tomó el fiscal Rodrigo Gómez, de la fiscalía local de Los Vilos. Luego de investigar durante dos meses, dieron con el domicilio de Tapia en Canela, donde encontraron armas y drogas. Lo detuvieron el 8 de agosto. Dos días después, la PDI encontró el cadáver de Rojas. Ya estaba completamente descompuesto, declararon los policías en el juicio. También pudieron dar con el revólver que D.M. había botado.

Sacaron el cadáver desde las quebradas de Mincha y se lo llevaron en bolsas al Servicio Médico Legal de Santiago. Fue periciado el 19 de agosto de 2021. El informe de la médico forense describió una trayectoria de arriba a abajo y un impacto balístico de baja energía. Eso significaba que o se trataba de un tiro a gran distancia, o había sido realizado con un arma defectuosa, oxidada o vieja. Lo más probable es que la víctima hubiese estado acostada y el tirador de pie. La muerte, dijo, fue inmediata.

A través de la familia Rojas, la PDI llegó a Hernández, quien prestó declaración bajo reserva a la Brigada de Homicidios de Valparaíso. En esa declaración dio los nombres de la banda que viajó a Mincha. Con esa información detuvieron a Tapia, Guerrero, su primo y a D.M. Al primero lo formalizaron por posesión, tenencia y porte de armas, además de tráfico ilícito de drogas. Guerrero y D.M., en tanto, fueron acusados del homicidio de Rojas. Ellos, además del sobrino de 17 años de Guerrero, también enfrentaron cargos por inhumación ilegal.

Al final del juicio oral, en agosto de 2022, el tribunal consideró que las pruebas apuntaban a que D.M., al estar a cargo del arma, fue el responsable del disparo.

Su defensa mostró la realidad del menor: vivía con su abuela materna que sobrevivía con su pensión. Se trataba de una familia que era parte del 40% más vulnerable del país.

“Los antecedentes biográficos del imputado dan cuenta de una niñez y adolescencia marcadas por el distanciamiento de las figuras parentales, por el abandono temprano del sistema escolar y un involucramiento activo durante su pubertad y adolescencia en conductas delictivas”, se lee en la sentencia.

D.M. fue condenado por homicidio simple a dos años de régimen cerrado y a tres semicerrado, ambos con programa de reinserción social. Su pena termina en 2024. Para entonces tendrá 18 años.

Guerrero fue absuelto de los cargos por homicidio. Lo mismo pasó con la acusación por tráfico ilícito de estupefacientes. Sólo fue condenado por la inhumación de los restos de Rojas, misma suerte que corrió su sobrino. Ambos están libres hoy.

Parte del cuerpo de Francisco Rojas ya estaba momificado cuando se lo devolvieron a su madre. “Nos dijeron que sólo la cara de nuestro hijo tenía el pellejito”, declaró el padre ante la fiscalía.

En su familia siguen sin creerlo. No entienden cómo un hijo que criaron para otra vida terminó enterrado en un cerro.