Una mesa común: la cita de ciudadanos con figuras políticas para pensar Chile

Agrupadas, son más de un día. Más de 1.800 minutos -casi treinta horas- de conversación fueron el resultado tangible de una instancia que reunió a 117 personas de distintos orígenes, conocimientos y experiencias, y que tenía un desafío central: lograr un grupo de propuestas consensuadas para poner sobre la mesa en un momento en que se está repensando al país.

La plataforma de participación e incidencia ciudadana Tenemos que Hablar de Chile, impulsada por la Universidad de Chile y la Universidad Católica, ya había realizado otros ejercicios. En 2020, y pese al impacto del inicio de la pandemia, realizó una experiencia de conversatorios ciudadanos denominada Chile a Escala, reuniendo a más de ocho mil personas en salas digitales entre junio y noviembre de ese año. Y en total, entre las diversas actividades de la iniciativa ya han participado más de 100 mil personas de todas las comunas y regiones del país.

Pero en este caso el objetivo era reunir a figuras procedentes de la política, la academia y el mundo empresarial con dirigentes sociales y ciudadanos comunes y corrientes que habían participado del proyecto Chile a Escala. El esquema fue la realización de cinco sesiones de trabajo durante marzo y abril de 2021, incluyendo una sesión ampliada en que se convocaba a otras personalidades para que se sumaran a la discusión, con el fin de amplificar las miradas sobre los temas en discusión.

“Lo que buscamos fue agrupar de la forma más diversa posible distintas experiencias y experticias que nos permitieran profundizar en una temática lo máximo posible, pero que al mismo tiempo nos permitieran acordar principios y propuestas concretas para aportarle a los procesos políticos que está viviendo el país”, explica Hernán Hochschild, director ejecutivo de Tenemos que Hablar de Chile.

El proceso se dividió en dos mesas: una enfocada en propuestas para el área política y otra para el Estado. El listado de participantes buscó ser transversal. Entre los convocados aparecen exministros de gobiernos de la Concertación y de Chile Vamos, como Carolina Tohá, Adriana Delpiano, Paulina Saball, Felipe Bulnes, Cristián Mönckeberg e Isabel Plá; exautoridades como Ramiro Mendoza -quien fuera contralor general y hoy es presidente del Colegio de Abogados-, empresarios como Hans Eben, y representantes del mundo académico, los centros de pensamiento y las ONGs. Desde el bloque de Apruebo Dignidad, hubo figuras como Sebastián Depolo (RD), la dirigente de Ukamau Doris González y Constanza Schönhaut, constituyente por Convergencia Social. Incluso participaron dos figuras que integrarán el primer gabinete de Gabriel Boric, pero que en ese momento desempeñaban roles académicos: Marcela Ríos (Justicia) y Javiera Toro (Bienes Nacionales).

Todos ellos participaron en la conversación junto a los ciudadanos, en un formato en que se intercalaba el debate guiado en las mesas ampliadas con actividades más reducidas en grupos. En ambos casos, el resultado es una lista acotada de proposiciones de nuevos enfoques y reformas que serán dadas a conocer a diferentes instancias, entre ellas a la Convención Constitucional.

“La metodología parte de la idea de que uno puede complementar visiones: la de un experto con la de la persona que tiene una experiencia, y que esa complementariedad puede producir algo nuevo”, relata Hochschild. Lo que hacíamos en una primera etapa era construir una cierta visión común: obviamente no siempre va a ser todo equivalente, pero hay un primer diagnóstico, un primer punto de entendimiento que es muy importante, porque en la medida que logramos entendernos entre distintas posturas logramos también generar un lenguaje común y mejorar la conversación para luego pasar a los principios y las propuestas. Es también lo que nos permite llegar después a propuestas que conciten la unanimidad de los participantes”.

“Existe la percepción de que los políticos sólo aparecen para las elecciones”. La conclusión, sin anestesia, aparece en uno de los párrafos del informe final de 16 páginas de la mesa dedicada a explorar propuestas para el área política. En las conversaciones, el grupo de trabajo atribuye esta visión, entre otros elementos, a que “las instancias para canalizar ideas, demandas y opiniones de las personas hacia los representantes son escasas o esporádicas, de modo que los vínculos son débiles”, algo cuya consecuencia sería una desconfianza generalizada y la agudización de las protestas.

“La participación pierde sentido y puede ser vista como una forma de dilatar los procesos, instancias formales sin incidencia y que buscan calmar los ánimos de la ciudadanía. Por ello algunos grupos tendrían la idea de presionar a la política desde afuera, favoreciendo de esta forma una protesta social que cada vez sería más radical”, es la compleja conclusión que está plasmada en el texto.

A esto se suma otro elemento. Aunque el informe es cuidadoso en plantear que la fotografía corresponde a sesiones que se dieron antes de los procesos eleccionarios de este año -como la elección de constituyentes y los comicios presidenciales y parlamentarios-, se marcaba como una debilidad el hecho de que la política carecía de renovación en formas y liderazgos. “No basta con una renovación de rostros o con el arraigo territorial que puedan tener. Se trata fundamentalmente del funcionamiento general de la institucionalidad política y sus actores, los tipos de liderazgo y la forma en que opera la autoridad”, apunta el documento.

Además, se apuntaba como un elemento de malestar el hecho de que “la presión de los tiempos electorales y el predominio de las encuestas a la hora de fijar la agenda pública disminuye los espacios y tiempos para reflexiones políticas en torno a ideas y proyectos de largo plazo”.

Considerando todos estos elementos, el grupo arribó a tres propuestas. La primera apunta a promover “un sistema electoral y político que promueva mayorías”, algo que aparece como relevante considerando que es uno de los temas sobre la mesa en la Convención Constitucional. “Ya sea considerando mínimos de votación, segundas vueltas o con listas cerradas, se propone avanzar en un modelo electoral y de gobierno que permita construir mayorías que reduzcan la constante disputa entre Presidente y Congreso, pero sin retornar a sistemas que, favoreciendo las mayorías, tuvieron importantes problemas de representatividad”, dice el informe, que además propone implementar junto a esto el sistema de voto obligatorio, asegurando que “existe un círculo vicioso con el voto voluntario, que hace muy difícil recuperar una legitimidad masiva de la política. Muchas personas no votan y muchos representantes no buscan esos votos”.

Siempre dentro de la primera propuesta, también se pone el foco en la extensión del período presidencial. “La política, la deliberación y los cambios requieren tiempo. En ese sentido, los tiempos de respuesta de la política a las problemáticas de las personas parecen ser un problema. Por ello se discutió sobre los pros y contras de períodos presidenciales de cuatro años. No se acordó un sistema de gobierno específico, pero sí considerar una extensión del mandato (un poco mayor al actual) o la posibilidad de reelección como alternativas a implementar”, fue la conclusión en este punto.

La segunda propuesta apunta a “potenciar, ampliar y transformar la participación ciudadana”, en que se plantea tanto fortalecer la formación ciudadana como a las organizaciones de la sociedad civil, además de crear nuevas instancias formales de participación, como la iniciativa ciudadana de proyectos de ley.

Y la tercera apunta a “fortalecer la vinculación con los espacios locales en la discusión y resolución política”, para lo que se propone que “las autoridades y representantes sean usuarios de los servicios y programas sobre los que están decidiendo”, fortalecer consultas y cabildos, distinguir las elecciones locales -comunales y regionales- de las de nivel nacional, y discutir la organización territorial actual del Estado.

En el caso del Estado, el diagnóstico apunta a un factor principal. “Las políticas públicas frecuentemente se formulan desde una perspectiva de corto plazo, reduciendo la posibilidad de implementar cambios que requieren tiempo y continuidad para su efectividad”, afirma el reporte de esta mesa, de 19 páginas, en que se enfatiza “la constante rotación de cargos directivos al interior del Estado”, además de la “duplicidad de funciones y exceso de burocracia”.

La mesa propone en este caso cinco acciones, en que la primera apunta a tener un “Estado flexible”, en que se dé la capacidad a los gobiernos de agrupar diversos servicios y en que la implementación de los planes y programas “pueda ser definida y desarrollada por niveles regionales”, proponiendo además una orgánica que vele por la innovación transversal y avanzar hacia un nuevo sistema de evaluación de políticas públicas. Acá, además, se coincide en que el que existan períodos presidenciales de cuatro años sin reelección “dificulta la continuidad de políticas estructurales”, por lo que se refuerza la idea de la mesa política de alargar el período o bien permitir la reelección inmediata.

El segundo foco es que el Estado sea un “empleador modelo”, distinguiendo entre cargos de confianza y funcionarios permanentes, y avanzando “hacia un nuevo sistema de desarrollo de funcionarios y profesionales que fomente las capacitaciones, reconocimientos y consecuencias de acuerdo al desempeño” y que además considere el equilibrio de género, según dice el informe.

El tercer punto propone acercar la toma de decisiones a los distintos territorios, para lo que se plantea ampliar el sistema de Alta Dirección Pública y definir un estándar de calidad de los servicios públicos a lo largo del país, junto con dotar de más competencias a los gobiernos locales. Como cuarto elemento, se sugiere potenciar la participación ciudadana en la generación de políticas públicas, “avanzando hacia una que sea incidente” y en que se considere lenguaje claro y el uso de otras lenguas como las de los pueblos indígenas, los migrantes y el lenguaje de señas.

La propuesta final apunta a nuevos estándares del gasto público, en que, por ejemplo, se plantea incorporar “el financiamiento de algunos programas y servicios públicos con una perspectiva de más largo plazo”, separando el esquema de la aprobación anual de la Ley de Presupuestos.

El informe de la mesa de Estado cierra remarcando la relevancia del actual proceso constituyente y de que éste llegue a buen término. “Es un desafío evitar que se polarice la discusión del espacio constituyente, afectando con ello la capacidad de diálogo y acuerdo. El proceso constituyente puede ser una ventana para nuevos rostros e ideas para la construcción de un proyecto país y, por ello, es un activo que debe ser resguardado”, es la conclusión.