Después de 18 años, la arista económica del caso Inverlink podría ser zanjada en la Corte Suprema. Este viernes la Segunda Sala del máximo tribunal programó la audiencia de alegatos del conflicto entre Corfo y BBVA Corredores de Bolsa Limitada, hoy propiedad de Scotiabank Chile, por el pago de intereses en los perjuicios ocasionados producto de la venta de los depósitos a plazo.

Todo comenzó cuando el 29 de enero de 2003, el entonces presidente del Banco Central, Carlos Massad, recibió en su bandeja de entrada un mail que -por error- lo incluía entre los destinatarios. En el correo, el economista DC se percató que su secretaria Pamela Andrada filtraba información privilegiada al gerente general de Inverlink, Enzo Bertinelli con quien mantenía una relación sentimental.

A raíz de la investigación interna, Corfo detectó una red en la que holding presidido por Eduardo Monasterio -fallecido en medio de la tramitación del caso en 2015- con la ayuda de ejecutivos de las corredoras BBVA y Scotiabank revendió los comprobantes de los depósitos a plazo de la institución. El desfalco provocó a Corfo un perjuicio superior a los $85.000 millones y para el exPresidente Ricardo Lagos se trató de “un jarrón perdido” y que se debía recuperar.

Con todo, el trabajo de la corporación -asesorada por los abogados Alfredo Etcheberry e Ignacio Vargas- se ha dedicado justamente a recuperar dichos fondos durante casi dos décadas. Es que si bien Scotiabank al principio se allanó a pagar la deuda, BBVA optó por iniciar una batalla legal que persiste hasta el día de hoy y se niega a pagar los intereses.

La discusión por el pago de la deuda comienza el 2 de diciembre de 2014, cuando la Corte de Apelaciones de Santiago condenó a BBVA a pagar a la Corfo la suma de $26.462 millones por daño emergente, más reajustes según IPC entre el mes de febrero de 2003 a la fecha de pago, e intereses desde la mora y costas de la causa.

Nueve días después del duro revés en tribunales, BBVA se allanó a pagar $26.462 millones, monto que según Corfo equivale al capital adeudado. Posteriormente, la corredora consignó poco más de $13.000 millones el 26 agosto de 2015, que corresponde a reajustes.

A partir de este punto la arista de triangulaciones del caso Inverlink se complejiza. ¿La razón? Corfo no quedó conforme con los pagos del capital y reajustes, y exigió la restitución de los intereses de la deuda. Ante la petición, BBVA acude el 10 de septiembre 2015 nuevamente a tribunales y solicita que se precise que no debe pagar intereses.

Posteriormente, el 11 de abril de 2016, el tribunal de alzada revocó el fallo de primera instancia y ordenó que “se practique la liquidación del crédito en capital, reajustes e intereses corrientes, desde la constitución en mora respecto de estos últimos, conforme a lo resuelto en el presente fallo y proceder a la tasación de las costas personales”.

Frente al fallo adverso, BBVA acudió al Tribunal Constitucional, pero este último rechazó su requerimiento y hoy el caso está en la Segunda Sala de la Corte Suprema, que es presidida por el juez Haroldo Brito e integrada por los ministros Manuel Antonio Valderrama, Jorge Dahm y Leopoldo Llanos.

Según cálculos efectuados por Corfo, y estudios encargados a expertos, al mes de octubre del 2019 los intereses ascendían a la suma aproximada de $32.000 millones. Por lo mismo, en caso de ser acogida la petición de Corfo, BBVA terminaría pagando en total $71.462 millones (unos US$99 millones), ya que anteriormente pagó $26.462 millones y más de $13.000 millones en reajustes.

Para el abogado, de Corfo, Ignacio Vargas del estudio Vargas y Asociados explicó el caso Inverlink está sujeto al antiguo código de procedimiento penal, y de mucha complejidad y de grandes dimensiones. “Solo esta arista de triangulaciones tiene 8 condenados penalmente y 9 condenados civilmente, debe tener aproximadamente 17 tomos, más una gran cantidad de tomos relacionados a documentos”, acotó.

En efecto, el 13 de diciembre de 2018, Corfo llegó a un acuerdo de pago con las municipalidades de La Pintana y Viña del Mar. Viña acordó pagar $1.934 millones, en 6 cuotas anuales, y la otra municipalidad un monto de $1.377 millones, en 12 cuotas anuales.

“Fue en su momento y sigue siendo uno de los grandes casos de delitos financieros, que afectó fuertemente al mercado de capitales e instituciones públicas, como municipalidades, empresas privadas, personas naturales, etc.”, explicó Vargas.

Mientras, por medio de una declaración escrita Scotiabank Chile señaló que “el fallo del 2015, en virtud del cual la Corredora de Bolsa ya pagó a Corfo, en agosto de ese año, más de $39.000 millones en capital y reajustes, estableció que sólo procedería el pago de intereses, si la Corredora hubiese demorado el pago de esa cifra”.

“En virtud del pago hecho en agosto de 2015, la Corredora estima que es improcedente el pago de intereses, criterio que fue aceptado por el tribunal de primera instancia, y que por lo demás es coherente con lo que regularmente sostiene el propio Fisco, en todas las causas similares en que es condenado a pagar indemnizaciones por los hechos de sus dependientes, criterio que, estimamos, debería ser aplicado también en este caso por la Corte Suprema”, señaló Scotiabank.

BBVA Corredores de Bolsa es representada por Juan Francisco Asenjo, socio de GWJA Abogados.