20 días más: Jesuitas extienden plazo de investigación previa contra sacerdote Berríos

Hasta el 20 de agosto tiene la abogada María Elena Santibáñez para pronunciarse sobre la investigación previa canónica que le encargó la Compañía de Jesús luego de que aparecieran denuncias sobre abusos sexuales presuntamente cometidos por el sacerdote Felipe Berríos. En un inicio el plazo se vencía este domingo 31 de julio, pero a petición de la propia profesional, se extendió el plazo en veinte días más.

Así lo confirmó a La Tercera PM la congregación, que además detalló que “una vez recibido su informe, serán enviados los antecedentes a la Curia General de la Compañía de Jesús en Roma, para que sean remitidos al Dicasterio para la Doctrina de la Fe, instancia competente en estos casos, donde se definirá si procede continuar con un proceso penal canónico o no”. En ese sentido, aclararon, los plazos posteriores son inciertos, por lo que no se podría establecer con total seguridad cuándo podría existir una resolución respecto a este caso.

Con todo, quienes conocen de las diligencias que está desarrollando Santibáñez plantean que es muy difícil que la investigación previa no de curso a la activación del proceso en Roma, porque además el estándar de esta etapa es establecer si los testimonios son verosímiles, no si se le declara culpable o no. Entonces, dicen esas mismas voces, la propia trayectoria de la instructora da cuenta de su preocupación por este tipo de casos, obrando como querellante de casos de abuso, e -incluso- representando a la propia Fundación para la Confianza, entidad que está entregando ayuda y orientación a las víctimas de esta causa.

En paralelo a lo que está haciendo Santibáñez, se desarrollan las diligencias encargadas por el Ministerio Público. Esto luego que el propio Berríos, a través de su abogado Julián López, recurriera ante la Fiscalía para pedir ser investigado por la justicia ordinaria y en esa sede poder demostrar su inocencia. Una de las últimas pesquisas desarrollada por la fiscal Yasmín Salech fue solicitar al abogado Juan Pablo Hermosilla, de Fundación para la Confianza, los antecedentes de la denuncia que originó la indagatoria previa canónica, y también las identidades de las otras víctimas que habrían allegado su testimonio, según una publicación del diario La Segunda. A ambas consultas la entidad entregó como respuesta un rotundo: no. Y es que las denunciantes, según se comenta en la congregación, no quieren participar de un proceso penal y sólo les basta la indagatoria que haga la Iglesia.

Una petición similar se hizo a la Compañía de Jesús, para acceder a los antecedentes que maneja la investigadora canónica. La contestación a esto aun está pendiente.

Los siguientes pasos que vienen, una vez expire la prórroga, es que María Elena Santibáñez emita su informe, el que -por cierto- nunca será público. Ahí además de dar cuenta de los elementos que pudo recabar, emitirá su opinión respeto de la posibilidad de que los hechos que se denuncian, puedan efectivamente haber ocurrido y si son o no constitutivos de delitos sancionados en el derecho canónico. Porque puede que efectivamente un hecho haya ocurrido, pero no necesariamente sea un delito o una falta, con lo que se declararía que no es una denuncia verosímil.

Ahora en cualquier escenario, sostienen quienes saben de esta tramitación, el caso va al Dicasterio para la Doctrina de la Fe, que es la instancia competente para pronunciarse respecto de denuncias de abuso en contra de sacerdotes. Son ellos los que determinan con total propiedad si los hechos denunciados son o no verosímiles y ahí, si corresponde, se desencadena el proceso penal. Si dice que no es verosímil, porque no ocurrieron las cosas o no son constitutivos de ilícito, la causa se archiva.

En el caso que se concluya que pudo haber una falta, el provincial podría adoptar “medidas de gobierno” respecto a Berríos, tales como un tiempo de alejamiento, que deje de desempeñarse en algún área, algo más bien menor.

Cabe recordar que desde que fue suspendido, el sacerdote pasa sus días aislado e incomunicado en la casa de un pariente en Santiago, alejado de La Chimba, campamento ubicado en Antofagasta donde residía sin sobresaltos antes de la aparición de la primera denuncia.

Ahora, en el caso que se establezca que las acusaciones “son verosímiles”, existen tres alternativas: la primera dice relación a que se abre un proceso administrativo penal canónico, el dicasterio nombra un juez instructor que lleva el proceso con la ayuda de dos peritos canónicos y definen la sanción. La segunda es la apertura de un proceso judicial penal canónico, donde se designa a un tribunal (tres jueces) y la tercera -que sería la menos probable- es que el Papa tome directamente una decisión.

En cualquiera de esos tres casos las partes pueden pedir más antecedentes, entrevistas, revisar alegatos y apelar de la sanción. Los castigos a los que se expone Berríos en este escenario van desde que no pueda ejercer ciertos sacramentos por un periodo, que esté confinado a vivir en un lugar determinado, que le quiten el sacerdocio, y hasta que sea excomulgado de la Iglesia Católica.