22 años en juicio: Estado de Chile derrota último intento de Víctor Pey y Fundación Presidente Allende por caso Clarín

Era el último intento por revivir una demanda histórica, pero fue en vano. El pasado 8 de enero el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) rechazó el recurso de anulación presentado por Víctor Pey Casado y la Fundación Presidente Allende en contra de la sentencia que desestimó su demanda en 2016.

El escritor español -que falleciera en 2018- y la agrupación que lleva el nombre del derrocado ex mandatario socialista emprendieron una batalla legal que se extendió por 22 años. Los demandantes reclamaban una indemnización por US$322 millones por la expropiación del diario "El Clarín" tras el golpe de Estado de Augusto Pinochet en 1973.

El fallo del comité ad hoc integrado por los el alemán Rolf Knieper, el chino Yuejiao Zhang y el belga Nicolas Angelet –que cuenta con 222 páginas– concluyó que se rechaza la solicitud de anulación del laudo, condenando a los demandantes a hacerse cargo de los costos del procedimiento de anulación, incluidos los honorarios, gastos del comité y los costos del CIADI.

Los demandantes representados por el abogado español Joan Garcés comenzaron el litigio solicitando ser indemnizados, pero el tribunal desestimó su demanda, asegurando que estaba fuera del alcance del tratado de protección de las inversiones, porque la expropiación había ocurrido antes de 1994. Ese año entró en vigencia el tratado entre Chile y España.

Sin embargo, el tribunal concluyó que Pey había sufrido un trajo injusto por parte del Estado de Chile al no haber reconoció bajo sus leyes internas la propiedad del diario ni tampoco y a sus descendientes y herederos que estaban bajo el listado de accionistas.

Frente a ese daño el Ciadi en 2008 concluyó que el Estado de Chile debía pagar a Pey, lo mismo que habrían recibido los herederos y accionistas: US$10 millones. No obstante, la defensa de Chile logró anular aquella sentencia y ocho años después el Ciadi concluyó que los demandantes no lograron probar los daños.

Pero Garcés no se quedó de brazos cruzados. En un segundo intento buscó impugnar a los árbitros por medio de un recurso de nulidad. Sin embargo, todos sus argumentos fueron desestimados y finalmente el tribunal determinó el cierre del caso con la sentencia del 8 de enero de 2020.

"Los demandantes no pueden reclamar daños morales en referencia a lo que podrían haber obtenido en el sistema legal interno chileno, porque no hay evidencia de que los procedimientos chilenos relevantes hayan estado relacionados con daños morales", sostuvo el fallo.

Pero la estrategia legal elaborada por Joan Garces tenía también otro frente abierto. Ello luego que el 12 de abril de 2017, los demandantes notificaran a la Presidenta Michelle Bachelet la presentación de una demanda de arbitraje en la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL en su sigla en inglés). Se trata de una sede distinta a la del Ciadi, la cual está vinculada al Banco Mundial y cuenta con sede en Washington.

En ella indicó que su demanda pretende la indemnización por el valor de los derechos de propiedad sobre las sociedades dueñas de la propiedad de "El Clarín", más la pérdida del beneficio que se hubiese obtenido de dichos derechos desde la fecha de la confiscación; o en subsidio un monto que rondaba US$338 millones más la pérdida de beneficios; más daño moral; más las costas del proceso arbitral.

Sin embargo, el pasado 4 de diciembre de 2019, el tribunal declaró su incompetencia. El falló estableció que no tiene jurisdicción sobre las reclamaciones que se basan exclusivamente en el derecho chileno. Ello debido a que Garcés ya no alegaba por la expropiación de El Clarín, sino porque Chile había reconocido como dueños del diario a los herederos de los que aparecían en el último registro de accionistas de la sociedad chilena.

Por otro lado, la sentencia sostuvo que no tiene jurisdicción tampoco bajo APPI (Acuerdos de Promoción y Protección de Inversiones), porque los demandantes no tenían ninguna inversión en Chile al momento de los hechos que alegan., pues su supuesta inversión en el Clarín había dejado de existir en 1973 cuando el diario fue confiscado por la Junta Militar).

"Este es un fallo que nos deja muy conformes. El tribunal arbitral internacional, al confirmar que no tienen competencia para conocer del caso, y condenar a los demandantes en costas, confirma que este caso nunca debió iniciarse como sostenía Chile. Estamos contentos que el Tribunal haya rechazado de forma unánime este nuevo intento de los demandantes de hacer un uso indebido y abusivo de los mecanismos de solución de controversias inversionista-Estado de nuestros tratados. Esperamos que este laudo sea aceptado también por la otra parte, y podamos poner un punto final a esta controversia", sostuvo el Subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, Rodrigo Yáñez

Desde Cancillería explicaron que el plazo para que los demandantes impugnen la sentencia expira en febrero y a la fecha aún no han presentado un recurso en esa línea.

A diferencia del caso del CIADI, UNCITRAL condenó en costas a los demandantes: US$1.9 millones en honorarios de abogados y otros gastos que incurrió el Estado de Chile en su defensa.

La sentencia del CIADI reveló los costos que implicó para las partes el segundo intento de anulación de la sentencia de 2016. La República de Chile desembolsó un total de US$2.062.912. Este monto incluye los honorarios y gastos de los abogados del estudio contratado por Chile (Arnold & Porter's), costos procesales, así como los gastos  para participar en la audiencia presencial que se realizó en Washington en marzo de 2019.

Por parte de los demandantes, en su presentación de costos señalaron haber gastado las siguientes cantidades desglosadas en dólares, euros y libras esterlinas. El total informado alcanzó los US$3.1 millones.

La defensa también informó gastos por taxis y restaurant por US$445. Mientras que en vuelos y tickets de tren registró gastos por un total de US$12.235.

Sin embargo, la defensa también contó con la colaboración ad honorem de dos destacados juristas: Robert l. Howse (Universidad de Nueva York) y Toby Cadman de Guernica 37 Chambers de Londres.