$ 300 millones menos: el factor “contable” que explica la reducción en el presupuesto del Servicio de Migraciones

Más de $ 300 millones menos contempla el presupuesto del Servicio Nacional de Migraciones para el próximo año, esto según el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo y que está en discusión en el Congreso. Aquello ha generado cuestionamientos de parte de la oposición, quienes incluso han denunciado que el erario de esa institución se reduciría en más de un 50%. Sin embargo desde la propia institución aclaran que no existe tal reducción y que hay una explicación técnica para ello, que es incluso compartida por exautoridades de dicha repartición.

Los dineros del 2022, enviado por la administración anterior, se establecía que el presupuesto para el Servicio Nacional de Migraciones era de más de $ 33 mil millones. A comienzos de octubre, el gobierno del Presidente Gabriel Boric envió su primer presupuesto y en este contemplaba un presupuesto de más de $17.123.866.000 para el Servicio Nacional de Migraciones, un 50,3% menos respecto al año pasado.

Aquello generó la molestia de la oposición, en particular de la bancada de RN, encabezada por el diputado Andrés Longton, quien acusó el 13 de octubre pasado que la actual administración buscaba descabezar las direcciones regionales y reducir en un 53,9% el presupuesto del próximo año: “La decisión del gobierno de desarticular las direcciones regionales en el afán de procurar cargos para la coalición gobernante, y la reducción severa del presupuesto del Servicio parece contraria al sentido común y al debate legislativo reciente, donde se acordó avanzar hacia una migración ordenada, segura y regular”. Junto con esto pidieron la salida de Luis Thayer del organismo.

El presupuesto para el Servicio Nacional de Migraciones ya fue aprobado en la Cuarta Subcomisión Mixta de Hacienda y pasó ahora a la Comisión Mixta. Posterior a eso, deberá ser discutido en la sala del Senado y de la Cámara de Diputadas y Diputados.

Consultado al respecto de los cuestionamientos, el director del servicio, Luis Thayer, explica a La Tercera PM que la reducción del presupuesto se debe a un “efecto contable” y que la partida del próximo año es de continuidad al erario que actualmente financia a la institución: “En términos contables, lo que ocurrió fue que el estimado de los ingresos al Fisco, que eran $ 17 mil millones, se reduce a prácticamente a $ 0 para el año 2023, y eso tiene un efecto contable, pero esos $ 17 mil millones nunca fueron parte del presupuesto operativo del servicio, sino que es plata que entraba por “venta de servicios” y salía porque teníamos que reintegrarla al Fisco”.

Respecto a la “venta de servicios”, el director asegura que son los pagos por derecho, multas, tasas, etc. Por lo tanto, agrega, “ese ejercicio contable hace parecer como si la reducción fuera de $ 33 mil millones a $ 17 mil, pero en efecto estos últimos no son presupuesto operativo, es decir, nunca fue presupuesto que nosotros pudiésemos gastarnos, sino que teníamos que devolver a la Tesorería, y para el año 2023 se sincera este dato”.

“En definitiva, el presupuesto del servicio es de continuidad, se reordenan los ítems, se sinceran también porque nos quitan también de nuestra contabilidad estos $ 17 mil millones que era plata que entraba y salía sin posibilidad de gastarla y se simplifican los programas que principalmente estaban enfocados hacia destrabar los cuellos de botella de tramitación que tiene el servicio”, agrega.

Además de eso, el presupuesto del próximo año deja sin financiamiento a una serie de programas: Registro Nacional de Migrantes, Visas en el Extranjero, Cerrando Brechas e Incluso Regional. Según afirma el director, aquellas iniciativas quedan sin financiamiento porque se agrupan en otro.

Thayer, asegura que formularon aquello porque “estos programas generalmente financian personas que nos ayuden a destrabar el cuello de botella que heredamos en el servicio”.

La partida contempla la destinación de $ 992.089 millones que no estaban contemplados en el presupuesto del año pasado. Aquella iniciativa tiene como objetivo la regularización de solicitudes migratorias, las que se acumularon en gran número desde la puesta en marcha de la nueva ley migratoria.

Durante todo el 2021, se tramitaron 94.181 visas de trabajo, por lo que para el 2022 el servicio busca avanzar aún más en el trámite y consigo descongestionar las solicitudes. Por lo mismo, la partida presupuestaria contempla la contratación de hasta 62 funcionarios nuevos, con el fin de poder tramitar con mayor rapidez las solicitudes. En total, la partida para el gasto de personal aumenta un 7,4%, además de un 69,6% el gasto en mobiliario.

Aquello, según explica el director, busca seguir aumentando el número de regularizaciones realizadas el último tiempo. Lo anterior, porque según señala, durante enero se otorgaron 7.255 visas, mientras que en septiembre recién pasado ese número llega a las 21.102. En total, en lo que va de 2022 se han tramitado 64.384 permanencia definitivas, superando a las 28.896 que se revisaron el año pasado, lo que refleja un aumento de un 122%.

Finalmente, Thayer asegura que “este presupuesto hay que mirarlo en el presupuesto integral del Ministerio del Interior, quien solicitó presupuesto para un plan de combate contra el crimen organizado, dentro del cual hay un componente en cuanto al control de frontera, entonces hay recursos que van a facilitar la labor del servicio, en términos de que va a haber recursos para gestionar un mayor control de la frontera, y eso va a facilitar nuestra labor”.

Álvaro Bellolio, exdirector del Servicio Nacional de Migraciones, comparte la opinión de Thayer, y asegura que la diferencia -cuestionada por RN- se debe a un tema contable. A su juicio, “la conclusión que se puede sacar es que se espera que suban los sueldos a nivel central, se renueven los computadores a los funcionarios, y se despotencien las regiones, el registro estadístico y la capacidad de software”.

Pese a esto, para Bellolio, “es extraña la posición de terminar con el programa de visas en el extranjero, que buscaba dar una respuesta ágil a los casos de reunificación familiar que se solicitaran desde el país de origen, y más raro el término del programa de inclusión regional, que entregaba fondos a los municipios para trabajar temas de cohesión con extranjeros y financiaba en gran parte los funcionarios de las Direcciones Regionales, donde además despidieron a casi todos los directores”.

Finalmente, y respecto al programa de rezago de solicitudes migratorias, asegura que tiene “el mismo objetivo del programa cerrando brechas, pero esa es una decisión más administrativa. En concreto, el cambio en los programas despotencia el apoyo a regiones, a municipios y a las familias, y fomenta más recursos para apurar solicitudes pendientes, regularizaciones o perdonazos”.

El diputado Longton, afirma que “más allá de ampararse en aspectos contables, el Director Nacional no da mayor explicación acerca de la reducción de $300 millones y de la eliminación de programas tan importantes como el de Inclusión Regional, Visas en el Extranjero y el Registro Nacional de Migrantes. Nos gustaría que explicara por qué le quita recursos a las regiones, centralizando los ingresos y dificulta la realización de estudios fundamentales para llevar un registro de quienes ingresan a nuestro país, mientras que, en contrapartida, aumenta los recursos para contrataciones a nivel central”.