A cinco años de su promulgación, ministerios de la Mujer y Salud revisarán la implementación de la ley de aborto en tres causales

Desde que se promulgó la ley 21.030, la cual regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales (riesgo materno, inviabilidad fetal y violación), varias instituciones y organizaciones han acusado diversas dificultades para que mujeres accedan al procedimiento.

De hecho, el 26 de septiembre de 2017, solo tres días después de que la norma se publicara en el Diario Oficial, la fiscalía recibió la primera denuncia vinculada a la legislación. Se trataba de una niña de 13 años, de Chiloé, embarazada producto de una violación. En la región no hubo personal disponible para realizar el aborto y los profesionales adujeron falta de instrumental y objeción de conciencia. Finalmente, la niña fue trasladada desde Chiloé al Hospital San José de Independencia, en la Región Metropolitana, donde se concretó el tratamiento.

Ahora, a cinco años desde la publicación de la norma -23 de septiembre de 2017-, los ministerios de la Mujer y Salud anunciaron que revisarán el reglamento y la implementación de la norma.

En ese contexto, Antonia Orellana, titular de la cartera de la Mujer y Equidad de Género, explica que el reglamento es un texto administrativo y que se revisará en términos jurídicos. “En cuanto a la aplicación, se contrastarán los datos con el impacto esperado, pues en ese ámbito había proyecciones claras cuando se tramitó el proyecto de ley”, añade.

Entre los especialistas hay algunos que sostienen que la norma no está canalizando todos los casos que se presentan. Cuando se promulgó la norma, se estimó que se cubriría unos 2.550 casos anualmente, pero las cifras están lejos de esa proyección: el año pasado a nivel nacional se realizaron 672 abortos, de los cuales el 53,7% correspondían a inviabilidad fetal. Ahora, en lo que va de 2022, se han registrado 278 casos.

“Hubo muy poca información desde el ministerio de Emilio Santelices (Salud) respecto a los protocolos y la normativa, cuando les tocó implementarla. En segundo lugar, tampoco hubo campañas de difusión hacia organismos especializados que atiendan el público que podría llegar a requerir uno de estos servicios, cada quien se adaptó a la ley como pudo. Además, desde que se implementó la norma en 2018 que hay denuncias de forma consistente. Hay monitoreo de la Corporación Humanas y de Miles que han alertado que no se está implementando la ley correctamente, si no que se estaba coartando. Entonces, hoy como Ejecutivo nos hacemos cargo para implementarla de la mejor forma posible”, añade la secretaria de Estado.

A través de este trabajo, la actual administración también busca propiciar cambios para que la objeción de conciencia no sea una obstrucción para el acceso de las usuarias a las tres causales.

Entre 2020 y 2021, un total de 40 mujeres tuvieron que ser trasladadas entre distintos establecimientos de salud del país para que se concretara el procedimiento de aborto que requerían, una vez certificado que la gestación se enmarcaba en alguna de las tres disposiciones legales: riesgo materno, inviabilidad fetal o violación.

De este grupo, ocho derivaciones (20%) fueron causadas por la falta de personal disponible para el procedimiento, mientras que el resto se debió al aumento de complejidad en el manejo clínico de las pacientes.

Según los datos a los que accedió La Tercera por Ley de Transparencia a principios de este año, de los 1.269 médicos obstetras que pueden interrumpir embarazos producto de violaciones en el sistema público, 599 son objetores, es decir, el 47%.