Acusación constitucional: jugada opositora contra juez Muñoz enreda al oficialismo

Como una “trampa” califican en el oficialismo la jugada de la oposición, promovida esencialmente por la bancada de la UDI, de unir en una misma acusación constitucional los capítulos contra los ministros de la Corte Suprema Ángela Vivanco y Sergio Muñoz.

Si bien el caso de Vivanco ya está fuera de discusión (de hecho, las bancadas de la alianza gubernamental presentaron una acción paralela contra la alta magistrada), la situación de Muñoz es la que enreda a los parlamentarios de gobierno

El juez, quien en el pasado fue clave para esclarecer causas de derechos humanos, entre ellas el asesinato del dirigente de la ANEF Tucapel Jiménez, cometido por agentes de la CNI en dictadura, históricamente ha sido valorado por el antiguo mundo de la Concertación y de la izquierda y la centroizquierda, en general.

No obstante, la jugada de la UDI de usar un solo texto obliga a los diputados votar en un solo acto la acusación doble, a pesar de que los casos de ambos jueces de la Suprema son distintos y no tienen una relación directa.

A Vivanco se le reprocha ser parte de las redes de influencia del abogado penalista Luis Hermosilla, hoy en prisión preventiva, mientras que a Muñoz se le cuestiona por haber dado información privilegiada a su hija en la compra de unos departamentos.

El problema es que el criterio histórico que ha tenido la Cámara obliga a que cada acusación se vote en un paquete cerrado, ya que el mandato a los diputados es solo resolver la “admisibilidad” de un libelo y no zanjar si el acusado es merecedor de la respectiva destitución. Por el contrario, el Senado es la instancia a la que le corresponde decidir si declara la culpabilidad y, por ende, debe votar por separado cada capítulo acusatorio.

“Chile Vamos no deja de sorprendernos, presentó dos acusaciones en un mismo documento. Al hacerlo en el mismo documento, Chile Vamos está haciendo una trampa al sistema, porque se trata de personas distintas y que tienen responsabilidades distintas, con conductas cuestionadas diferentes, desconectadas entre sí y que tiene responsabilidades diferentes. La acusación contra Sergio Muñoz no tiene ninguna relación con la red Luis Hermosilla-Andrés Chadwick, y la acusación contra Vivanco es por estar en el centro de esa red. Son cosas distintas, pero las juntan en un mismo documento. Con ello buscan que haya una sola votación en la sala para lograr la destitución de ambos ministros. Buscan confundir a los parlamentarios, generar un empate, cuando no lo hay. Buscan además encubrir la responsabilidad de Andrés Chadwick”, reclamó el diputado Leonardo Soto (PS), quien señaló que aún no decide su voto frente a esa acusación doble.

De hecho, si bien en el oficialismo admiten que la estrategia de la oposición fue hábil, al generar un empate con dos ministros que tienen afinidades políticas distintas (en vista del conocido vínculo de Vivanco con la derecha y su antigua militancia en RN), ven que la presentación opositora tendría un vicio formal al mezclar dos casos diferentes. Incluso, vaticinan que es probable que ello sea alegado por los ministros acusados, quienes podrían invocar la llamada “cuestión previa”, es decir que el libelo no cumple sus requisitos formales.

El diputado Jaime Araya (indep. PPD), quien también señaló que estudiará el texto, dijo que “es curiosa la fórmula que utilizaron, hubiese sido más entendible si se tratase de dos ministros que concurrieron en un fallo, pero aquí se trata de hechos distintos, personas distintas que se mezclan. No se puede amarrar el destino de uno por lo que hizo el otro”.

Araya mencionó que el oficialismo optó por separar su propio libelo contra Vivanco y el que se presentó contra otro juez de la Suprema, Jean Pierre Matus.

El diputado Tomás de Rementería (PS) explicó que en lo personal no se ha formado convicción de la pertinencia de la acusación a Muñoz.

Por su parte, el legislador liberal Vlado Mirosevic dijo que votará en consciencia y agregó que “no se va a prestar para ningún tipo de empate” ni a “jugarretas políticas que no le hacen bien al Poder Judicial”.

No obstante, la derecha tiene dos elementos que juegan a favor de su estrategia. Presentaron su escrito antes que los dos del oficialismo y la DC, por lo tanto corren con ventaja para que se vote primero, ya que cada acusación se resolvería en días distintos. Además lograron por sorteo la mayoría de las comisiones revisoras de las tres acusaciones, con lo que tienen un mayor control de los tiempos para asegurar que el escrito contra Vivanco y Muñoz se vote siempre en primer lugar. Ese escenario pone una carga a los diputados oficialistas, que si llegan a votar en contra, al menos tendrán que dar explicaciones durante un par de días por qué rechazaron aquella acusación.

Los capítulos contra el juez Muñoz fueron redactados por el equipo de abogados de la UDI, que fue encabezado por Carlos Oyarzún.

Estos tienen directa relación con hechos asociados a su hija Graciel Muñoz, quien también es jueza del Poder Judicial.

El primer capítulo acusatorio señala que Muñoz “incurrió en la causal de notable abandono de sus deberes al anticipar un fallo que produciría efectos patrimoniales importantes respecto de su hija y no manifestar la inhabilidad en una causa con interés patrimonial”.

Puntualmente se refiere al proyecto inmobiliario Egaña Sustentable, de la firma Fundamenta, avaluado en US$ 300 millones y que consideraba la ejecución de cuatro edificios en la comuna de Ñuñoa.

Según los antecedentes que hoy están en manos de la Comisión de Ética del Poder Judicial, Graciel Muñoz tenía la intención de comprar al menos un departamento.

No obstante, acusan al alto magistrado de “haber comentado” a su hija “el contenido de una sentencia que se encontraba en acuerdo y cuyo contenido aún no era público”. Este fallo, relata el escrito de la UDI, tenía “efectos patrimoniales en su hija”, por lo tanto, Muñoz debió haberse inhabilitado y “no haber fallado una causa en donde el interés patrimonial de una persona de parentesco directo resultaba tan evidente”

“El solo hecho de no haberse inhabilitado en la causa ya constituye según nuestro entender un notable abandono de deberes”, comenta el libelo, que recuerda que a partir de ese antecedente Fundamenta recusó a Muñoz, presentando como prueba el testimonio de una ejecutiva a quien Graciel Muñoz le habría dicho que “mi papá me recomendó que moviera esas platas del proyecto”.

El segundo capítulo acusatorio contra Muñoz, igualmente por “notable abandono de deberes”, le reprocha “no ejercer funciones correccionales y omitir denunciar la falta de su hija, quien desempeñó su función judicial fuera del territorio jurisdiccional”.

El escrito recuerda que el primer encargo de la Excelentísima Corte Suprema es “tener la superintendencia directiva correccional y económica de los tribunales del país”.

Sin embargo, Graciel Muñoz, jueza titular del 12° Juzgado de Garantía de Santiago, residió en Italia y declaró bajo juramento que había sido contacto estrecho durante la pandemia, razón por la cual era necesario el teletrabajo. Asimismo, señalaba que debía cuidar a su madre adulta mayor. En dicha declaración jurada, la jueza Muñoz informó que vivía con su padre.

Por las faltas detectadas, la jueza Muñoz fue sancionada por la Corte de Apelaciones de San Miguel.

“Es la omisión del magistrado de denunciar el hecho lo que genera su responsabilidad constitucional y que según el parecer de los acusadores recae en un notable abandono de deberes”, concluye el documento redactado por la UDI.