Acusación opositora incluye severo juicio contra Vivanco a pesar de su lazo con RN

Los abogados de las bancadas de RN y la UDI fueron los encargados de redactar la acusación con la ministros de la Suprema, Ángela Vivanco y Sergio Muñoz..

Los dos capítulos referidos a Vivanco quedaron en manos de la bancada de diputados de Renovación Nacional, responsabilidad que no era sencilla dada la antigua militancia que tuvo la magistrada en esa colectividad. Incluso, en 1997 ella llegó a ser candidata a diputada por el RN y era parte de los expertos que habitualmente colaboraban con legisladores y el Instituto Libertad, asociado al partido.

Pese a ese lazo político, la bancada de RN redactó un severo juicio contra la magistrada. En primer lugar, se le reprocha haber incurrido en un “notable abandono de sus deberes al ejecutar conductas que afectaron gravemente la imparcialidad y la independencia con que debía obrar como jueza”.

En particular, se le cuestiona mantener contactos indebidos en ciertas causas, especialmente con el abogado penalista Luis Hermosilla, hoy en prisión preventiva, con quien no declaró la inhabilidad que le correspondía.

“Hay una serie de gestiones o comunicaciones que han salido a la luz pública en los últimos días y que dejan en evidencia conductas completamente alejadas de valores cardinales en la administración de justicia, con insospechadas consecuencias en el conocimiento y fallo de gestiones judiciales”, dice el libelo.

Uno de los casos expuestos se refiere a la petición que le hizo Hermosilla para que integrara la sala penal de la Suprema.

Otra situación particular que se le cuestiona es su actuación ante los recursos interpuestos por la empresa Consorcio Belaz Movitec SpA (CBM) en contra de Codelco. Vivanco era cercana al abogado Mario Vargas. “Tiene un vínculo de amistad con la ministra Vivanco que es de público conocimiento”.

En el segundo capítulo contra la jueza, también por notable abandono de deberes, se le acusa de “concretar injerencias indebidas en procesos de designación de determinados cargos públicos”.

Entre las situaciones cuestionadas mencionan su lobby por el fiscal Carlos Palma, que postuló en 2022 para ser jefe del Ministerio Público.

“La magistrada destinaba parte importante de su tiempo a injerir en distintos nombramientos de la índole judicial”, dice el texto de RN, que agrega que “la conducta de la Sra. Vivanco transgrede la probidad en la función pública”.

“La Sra. Vivanco, para mantener la operatividad de su red de injerencia, incurrió en conductas reñidas con la probidad con que debía actuar, lo que sin duda se materializó para, a cambio, exigir las intervenciones en favor de sus personas de interés. Esto agrava o demuestra en mucha menor medida que la acusada tenía un compromiso con la realización de injerencias indebidas”, añade el texto redactado por RN.

Los capítulos contra el juez Muñoz quedaron, por su parte, bajo la responsabilidad de la UDI.

Estos tienen directa relación con hechos asociados a su hija Graciel Muñoz, quien también es jueza.

El primer capítulo acusatorio señala que Muñoz “incurrió en la causal de notable abandono de sus deberes al anticipar un fallo que produciría efectos patrimoniales importantes respecto de su hija y no manifestar la inhabilidad en una causa con interés patrimonial”.

Puntualmente se refiere al proyecto inmobiliario Egaña Sustentable, de la firma Fundamenta, avaluado en US$ 300 millones y que consideraba la ejecución de cuatro edificios en la comuna de Ñuñoa.

Según los antecedentes que hoy están en manos de la Comisión de Ética del Poder Judicial, Graciel Muñoz tenía la intención de comprar al menos un departamento.

No obstante, acusan al alto magistrado de “haber comentado” a su hija “el contenido de una sentencia que se encontraba en acuerdo y cuyo contenido aún no era público”. Este fallo, relata el escrito de la UDI, tenía “efectos patrimoniales en su hija”, por lo tanto, Muñoz debió haberse inhabilitado y “no haber fallado una causa en donde el interés patrimonial de una persona de parentesco directo resultaba tan evidente”

El libelo recuerda que a partir de ese antecedente Fundamenta recusó a Muñoz, presentando como prueba el testimonio de una ejecutiva a quien Graciel Muñoz le habría dicho que “mi papá me recomendó que moviera esas platas del proyecto”.

El segundo capítulo acusatorio contra Muñoz, igualmente por “notable abandono de deberes”, le reprocha “omitir” faltas de su hija.

El escrito recuerda que el primer encargo de la Excelentísima Corte Suprema es tener “tener la superintendencia directiva correccional y económica de los tribunales del país”.

Sin embargo, Graciel Muñoz, jueza titular del 12° Juzgado de Garantía de Santiago, residió en Italia y declaró bajo juramento que había sido contacto estrecho durante la pandemia, razón por la cual era necesario el teletrabajo. Asimismo, señalaba que debía cuidar a su madre adulta mayor. En dicha declaración jurada, la jueza Muñoz informó que vivía con su padre.

Por faltas detectadas, la jueza Muñoz fue sancionada por la Corte de Apelaciones de San Miguel.

“Es la omisión del magistrado de denunciar el hecho lo que genera su responsabilidad constitucional”, concluye el documento redactado por la UDI.