Acusaciones desestimadas, absueltos o a la espera de juicio: ¿Qué pasó con los casos más emblemáticos del estallido social?

Cuatro años han pasado desde el inicio del estallido social del 2019 y diferentes son los escenarios judiciales de las causas que por aquel entonces se iniciaron por la violación a los derechos humanos de los manifestantes de la crisis social que comenzó el 18 de octubre de ese año.

Y es que, si bien con el pasar del tiempo algunos casos ampliamente viralizados durante el 2019 han sido aclarados o desestimados por la Fiscalía, otros han logrado la condena de funcionarios de Carabineros y de las Fuerzas Armadas, principalmente por apremios ilegítimos, como es el caso en el que se vio afectada la ahora senadora, Fabiola Campillai.

El registro sale a la luz ahora que hubo un vuelco en la causa del denominado Puente Pío Nono y el ofrecimiento de un juicio abreviado por parte de la Fiscalía, lo que significa un vuelco en lo que se planteó desde un inicio que era un homicidio frustrado cometido por el carabinero Sebastián Zamora. ¿En qué están algunas de las emblemáticas causas del 18-O?

El viernes 2 de octubre 2020, el adolescente de 16 años, A. A. cayó al río Mapocho desde el Puente Pío Nono impulsado por el excabo de Carabineros, Sebastián Zamora durante las manifestaciones de aquel día en la Plaza Baquedano.

El joven, producto de la caída sufrió fracturas en el cráneo y en sus dos muñecas, consideradas como lesiones graves. Inicialmente, la fiscal a cargo del caso, Ximena Chong, pidió una pena 8 años de cárcel por el delito homicidio frustrado. Cargos que han sido rechazados por la defensa de Zamora, quien incluso desestimó aceptar un procedimiento abreviado y optó por un juicio oral, en el que pudiese demostrar su inocencia.

La defensa argumenta que la causa de la caída del joven al río sería por un “choque casual” y no habría dolo en su acción. Causa que será resulta, finalmente, en un juicio oral en el Cuarto Tribunal Oral de Santiago.

La madruga del 23 de octubre de 2019, a sólo pocos días del inicio de la crisis social, comenzó a viralizarse un mensaje de WhatsApp. “Cabros, con mucha tristeza les comento que se supo de un centro de retención Estación Baquedano (tiene “comisaría interna”). Se encontró sangre y amarras. Anoche dos jueces del 7mo. Juzgado de Garantía (cuya jurisdicción es Santiago) dan cuenta de que se torturó gente”, decía el mensaje que tenía como origen un joven estudiante de 22 años, Nicolás Lüer Santis.

La denuncia daba cuenta que funcionarios de Carabineros habrían -supuestamente- llevado al joven hasta la comisaría al interior de la estación Baquedano, donde lo habrían torturado y observó amarras desde donde se supone que colgaban a los detenidos e incluso les disparaban. La magnitud de lo denunciado derivó en que, efectivamente, dos magistrados llegaran hasta el recinto policial bajo tierra, descartando ya en esa instancia que el lugar se habría utilizado como centro de tortura. Sin embargo, igual se enviaron los antecedentes al Ministerio Público.

Un año después la Fiscalía Metropolitana Oriente descartó la existencia del supuesto centro de tortura, e incluso se revelaría que el denunciante pese a declarar jamás formalizó la denuncia. “Lo cierto es que no solamente no se logró acreditar estos hechos, sino que muy por el contrario se descartaron”, sostuvo el fiscal Álvaro Pérez el 15 de junio del 2020.

Un informe de la PDI -a la que se le encargó la investigación- expuso que, una serie de pericias en el lugar, testimoniales, fotográficas y hasta de cámaras de seguridad del recinto desmentían la denuncia. “No se encontraron indicios criminalísticos para acreditar la efectividad del delito denunciado”, dice parte del expediente dado a conocer por La Tercera ese año. Tiempo después el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago finalmente sobreseyó la investigación.

También durante los primeros días de la crisis social de 2019, se comenzó a viralizar en redes sociales la denuncia de Josué Maureira, estudiante de medicina de la Universidad Católica, quien relató haber sido torturado por efectivos de la 51° Comisaría de Pedro Aguirre Cerda tras ser detenido, señalando incluso que en el recinto policial había sido abusado y sometido a vejámenes sexuales. Con el pasar de los días la propia Fiscalía reformalizó los hechos ocurridos, excluyó y descartó la supuesta agresión sexual, dejan sólo los delitos de torturas y apremios ilegítimos.

Finalmente, en julio del 2022 el Sexto Juzgado de Garantía de Santiago absolvió a los siete efectivos policiales que habían sido formalizados por estos hechos, ya que la Fiscalía no logró acreditar su participación en los hechos denunciados. Incluso, el tribunal consideró que la utilización de la fuerza por parte de los funcionarios en contra de Maureira se había ajustado a los protocolos.

Pese a que los actos de carácter sexual fueron descartados muy tempranamente en la investigación y que no se pudo comprobar hechos de tortura, el tribunal sí pudo constatar que el estudiante fue agredido con golpes de puños y pies al interior del recinto policial, aunque no se logró acreditar la culpabilidad de los tres funcionarios señalados como los autores de esas agresiones.

La noche del 23 de octubre del 2019, Mario Acuña (43) se encontraba manifestándose junto a un grupo de personas en una plazoleta de Buin. En ese contexto, llegaron funcionarios policiales lo que provocó que la gente huyera del lugar, pese a eso dos carabineros alcanzaron a Acuña a quien le ordenaron tirarse al piso para luego comenzar a golpearlo.

Los golpes fueron, según sostuvo la Fiscalía, principalmente en la cabeza, generando un traumatismo encéfalo con compromiso nervioso y de la médula espinal, provocando que la víctima quedara con un daño permanente, postrado y con inhabilidad total para trabajar e incluso incapacidad para su autocuidado.

En agosto del año pasado, el Tribunal Oral en lo Penal de San Bernardo condenó a los exfuncionarios Henry Cuellar y Víctor Lastra a una pena de 12 años y 183 días para los dos imputados por la brutal golpiza al trabajador.

En la Región de Coquimbo, en septiembre del año pasado, se condenó a cuatro funcionarios del Ejército por el crimen de Romario Veloz, quien falleció el 20 de octubre de 2019 tras recibir el impacto de un proyectil en el cuello en una marcha en las inmediaciones del Mall Plaza La Serena. La condena más alta, a 15 años de cárcel, la recibió el capitán del Ejército, José Faúndez, acusado como autor del delito de violencia innecesaria causando la muerte y dos delitos de violencia innecesaria causando lesiones graves.

En noviembre del 2019, Fabiola Campillai recibió en el rostro el impacto de una lacrimógena, percutada por el excapitán de carabineros Patricio Maturana, lo que le causó heridas graves que concluyeron en la perdida de la visión de ambos ojos. El excarbinero fue dado de baja el 28 de agosto de 2020, luego que la institución haya tomado esa decisión por no ayudar a la víctima y omitir el procedimiento legal correspondiente.

El Tribunal Oral en lo Penal de San Bernardo decretó la sentencia el 11 de octubre 2022, por los delitos de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas, en carácter de consumado. El uniformado fue condenado en octubre del 2022 a la pena de 12 años y 183 días de prisión y es una de las causas que según Amnistía Internacional Chile, forma parte de las 27 condenadas que se han logrado en casos originados en el estallido social. La defensa presentó un recurso de nulidad ante la Corte de Apelaciones de San Miguel, sin embargo, el tribunal de alzada rechazo la solicitud.

En el caso de Gustavo Gatica, la Fiscalía Centro Norte en septiembre del año pasado presentó la acusación y solicitó una pena de 12 años de cárcel para el exoficial de Carabineros, Claudio Crespo, quien es sindicado como el autor de los disparos que cegaron al entonces joven estudiante de psicología. El ente persecutor, acusa al otrora funcionario de las extintas fuerzas especiales de la policía uniformada del delito de apremios ilegítimos con resultados de lesiones grave gravísimas.

Luego de la acusación, la causa se encuentra en una etapa previa de la preparación del juicio oral, citándose a los testigos del caso. La defensa del desvinculado funcionario logró que la Corte de Apelaciones de Santiago acogiera un recurso en contra del juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia, a quien se le ha acusado de tener posturas poco parciales en las causas relacionadas a la crisis social. Se espera que se fije una fecha para que inicie el juicio oral en contra de Crespo.