Aileen Cannon y Jonathan Goodman, los periodistas devenidos en jueces que enfrentarán a Trump por la causa de documentos clasificados

Cuando Donald Trump llegue a las 15.00 de hoy al tribunal federal de Miami, el juez magistrado Jonathan Goodman presidirá la trascendental audiencia cuando el expresidente estadounidense haga su primera comparecencia acusado de mantener documentos clasificados en su propiedad de Palm Beach y obstruir los esfuerzos del gobierno para reclamarlos. Pero será la jueza federal de distrito Aileen Cannon la persona que supervisará el resto del proceso judicial. Una designación no exenta de polémicas, más aún considerando la importancia del caso: es la primera vez en la historia de Estados Unidos en la que un exmandatario es imputado con cargos federales.

Goodman se encargará de la comparecencia del expresidente y de los asuntos relacionados con la fianza, asegura El Nuevo Herald. El diario de Florida lo define como un magistrado veterano muy bien considerado que trabajó como reportero de un periódico en el sur de ese estado norteamericano y más tarde se graduó en Derecho y ejerció la litigación civil, incluso como socio del bufete Greenberg Traurig de Miami. Goodman es conocido no solo por su sabiduría jurídica, sino también por su humor irónico en la sala del tribunal, agrega.

Sin embargo, nada de graciosa resultó para un grupo de medios la decisión de Goodman de denegar el pedido para que se permita tomar fotos y videos dentro de la corte hoy cuando comparezca Trump. La “coalición de medios” había solicitado que se permitiera hacer una “cantidad limitada” de fotos y videos dentro del edificio al menos antes de la audiencia y que el tribunal suministrara los audios de la comparecencia de Trump y de las futuras audiencias del caso.

El juez justificó su decisión de negar ambas cosas en que no va a ser el juez principal del caso, una responsabilidad que le corresponde a Aileen Cannon, y, por tanto, “no es apropiado” que tome ese tipo de decisiones. Pero además Goodman sostiene que no está “convencido” de que la audiencia de hoy sea un “procedimiento especial” como dice la coalición de medios para solicitar la excepción.

Los procedimientos “son sin duda especiales en el sentido de que son genuinamente históricos y de gran importancia, pero no son de ninguna manera similares a un procedimiento de naturalización (la excepción prevista en la regla que invoca la prensa)”, subrayó Goodman citado por Infobae.

La coalición que hizo la petición está formada por medios como Reuters, AP, Bloomberg, The New York Times, Los Angeles Times, NBC Universal, CBS, NPR, ABC, CNN, Dow Jones & Company, Telemundo, Univision, Bloomberg y Politico, entre otros.

Aileen Cannon, la jueza que supervisará el resto del proceso judicial sobre el caso de documentos clasificados, tiene varios vínculos con la comunidad hispana: nació en Cali, Colombia, en 1981, su madre es de origen cubano y se crió en Miami. Su padre es de Indiana.

Antes de ser jueza federal, Cannon fue brevemente periodista en Miami. Durante tres meses, su trabajo como pasante hace dos décadas fue publicado en el Nuevo Herald. En su solicitud judicial enumeró, como se le pedía, “títulos, editores y fechas de libros, artículos, reportes, cartas al director, artículos editoriales u otro material publicado que haya escrito o editado, incluido el material publicado en Internet”. Cannon enumeró 20 artículos: tres eran de carácter académico y 17 eran noticias breves aparecidas en Nuevo Herald en el verano de 2002. Los titulares incluían “Los tomates pueden ayudar a reducir tumores”, “La familia de los átomos: una exposición sobre la energía” y “Yoga prenatal: una alternativa saludable para el parto”.

Después de recibir una licenciatura en artes de la Universidad de Duke en 2003 y obtener su doctorado en derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan en 2007, Cannon comenzó a trabajar para la Corte de Apelaciones de los EE.UU. en Iowa. Luego se mudó a Washington, D.C., para ser abogada asociada en el bufete de abogados corporativos Gibson, Dunn & Crutcher LLP, donde trabajó durante tres años.

En 2013, Cannon regresó a Florida, donde comenzó su trabajo como fiscal federal en el Distrito Sur de Florida en las divisiones de delitos mayores y apelaciones. En 2020, Trump la nominó como jueza federal con el respaldo del senador republicano de Florida, Marco Rubio. Según El Nuevo Herald, fue miembro durante casi dos décadas de la conservadora Sociedad Federalista, un grupo de discusión legal de corte conservador que aboga por una interpretación textualista y originalista de la Constitución de Estados Unidos, al cual pertenecen los jueces conservadores de la Corte Suprema y varios congresistas republicanos.

Cannon se comprometió a defender el Estado de derecho durante su audiencia de confirmación. “La señora Cannon es una persona altamente calificada y estoy seguro de que servirá honorablemente al Distrito Sur de la Florida”, dijo Rubio en esa oportunidad. Fue confirmada por el Senado luego de las elecciones de noviembre.

Cuando los agentes del FBI allanaron la casa de Trump en Mar-a-Lago en 2022 en busca de documentos clasificados, Cannon también fue asignada al azar para supervisar el caso. En esa oportunidad fue criticada por algunas de sus decisiones. Falló a favor de la solicitud del exmandatario de nombrar a un “fiscal especial” para revisar si los documentos tomados por el FBI y el Departamento de Justicia (DOJ) estaban protegidos por privilegio ejecutivo. También bloqueó temporalmente partes de la investigación del DOJ sobre los documentos. Su orden fue desestimada por un tribunal federal de apelaciones, que determinó que Cannon se había excedido, poniendo fin a la revisión independiente de documentos.

Este, sin embargo, no es el primer caso de alto perfil que enfrenta. Cannon presidió el enjuiciamiento de Paul Hoeffer, el hombre de 60 años que, en febrero pasado, se declaró culpable de haber amenazado de muerte a las congresistas demócratas Nancy Pelosi y Alexandria Ocasio-Cortez, así como a un fiscal de distrito en Illinois. La jueza impuso a Hoeffer una pena de 18 meses de prisión, menos de la mitad de los 3 años y medio de prisión solicitados por los fiscales, según The Palm Beach Post.

Pero la notoriedad y los supuestos errores legales que algunos achacaron a su decisión en el caso de los documentos confidenciales encontrados en Mar-a-Lago, han hecho que muchos cuestionen si Cannon está preparada para la posición que ocupa y hasta qué punto su decisión fue tomada por lealtad a Trump. Y su responsabilidad no es menor. La jueza guiará la rapidez con la que el caso va a juicio, supervisará la selección de los miembros del jurado y determinará qué pruebas se pueden presentar al jurado, destacó NBC News.

Al respecto, el abogado miamense Joseph DeMaria, que una vez laboró en el grupo de trabajo contra el crimen organizado del Departamento de Justicia en el sur de la Florida, dijo al Herald que quizá no hubiera ninguna razón legal para descalificar a Cannon para seguir en el caso de Trump. Pero reconoció que el público estadounidense está tan dividido políticamente que, si la jueza decidía seguir en el caso, muchas personas podrían no tener fe en el resultado.

“¿Debería recusarse?”, preguntó DeMaria, que es republicano. “Como ciudadano, creo que debería. Donald Trump tiene derecho a un juicio justo, pero la gente de este país también merece un juicio justo”.

Si Cannon se apartara por cualquier motivo, el caso de Trump sería asignado de nuevo al azar a uno de los otros tres jueces federales de la división de West Palm Beach: Robin Rosenberg, Donald Middlebrooks o Kenneth Marra.

Esta vez será más difícil para Trump decir que la jueza a la que él mismo nombró tiene animadversión hacia él, como hizo en marzo pasado cuando debió enfrentar en Nueva York al juez colombiano Juan Merchan, que dirigió la acusación penal contra el expresidente por el caso del pago a la actriz porno Stormy Daniels por su silencio. Merchan también presidió en el pasado el caso contra Allen Weisselberg, exdirector financiero de la Organización Trump, recordó Bloomberg.

Para el caso en Miami, el equipo legal de Trump estuvo entrevistando a abogados del sur de Florida para que se unieran al equipo, entre los que se destaca Ben Kuehne, demócrata y miembro destacado de la comunidad legal. Es expresidente del Colegio de Abogados de Miami-Dade y recientemente representó al comisionado de Miami Joe Carollo en su caso civil federal en el que Carollo fue demandado por el empresario Bill Fuller.

Sin embargo, el diario The Guardian informó hoy que Trump no encontró nuevos abogados para comparecer ante el tribunal en el caso de Mar-a-Lago. Así, se espera que esté representado por solo sus actuales abogados: Todd Blanche y Chris Kise. El coacusado de Trump, asistente personal Walt Nauta, estará representado por Stanley Woodward. Según el periódico británico, en su comparecencia de hoy Trump no será esposado ni se le tomará una foto policial.